El juez imputa a un alto cargo de Díaz Ayuso y a cuatro exalcaldes del PP en el caso 'Púnica'

• Se trata de Ignacio García de Vinuesa, que ya ha dimitido como comisionado para la Atención a las víctimas del Terrorismo
• Forman parte de los 17 nuevos imputados, entre los que se encuentra el actual director de gabinete de Andrea Levy

Ignacio García de Vinuesa, imputado en el caso Púnica, en una imagen de archivo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado al hasta ahora comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, Ignacio García de Vinuesa, así como a otros cuatro exalcaldes y varios concejales del PP por los trabajos de reputación 'online' que se investigan en el marco del caso 'Púnica'. Vinuesa, por su parte, ha dimitido de su cargo.

García Castellón ha dictado un auto, con fecha del pasado 3 de noviembre, en el que acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción de llamar a declarar en calidad de investigados a un total de 17 personas. Todos ellos están investigados por los delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil y prevaricación.

Cuatro son exalcaldes del PP, como el propio Vinuesa por su etapa como alcalde de Alcobendas; a Ana María Kringe (Denia), Juan Alfonso Bataller (Castellón), Raúl López Vaquero (Coslada) y Narciso de Foxá (Majadahonda) por el pago con fondos públicos de los trabajos que habría realizado para ellos las empresas de Alejandro de Pedro.

También está citado como imputado Pablo Balbín, actual director de gabinete de la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, y en el momento de los hechos jefe de gabinete de la exconsejera madrileña Lucía Figar.

Trama de contratos de reputación online

Sobre García Vinuesa, la Fiscalía sostiene que en 2011, cuando era alcalde de Alcobendas, habría acordado con Alejandro Pedro, presunto "conseguidor" de la trama de contratos de reputación on line y ya imputado, trabajos para ofrecer una "imagen positiva" que "le favoreciese" y que serían pagados con fondos públicos pese a que sabía "que por ser servicios de índole personal tendría que haberlos pagado él".

Añade que "llama la atención" que todas las facturas relacionadas con la contratación de posicionamiento 'online' fuesen presentadas al Patronato Sociocultural vinculado al Ayuntamiento de Alcobendas, organismo cuyo fin es la ejecución de programas culturales, y que éste las tramitara "como contratos menores, adjudicados por decreto, fraccionando la prestación, lo que impidió la apliación del procedimiento abierto de la contratación pública".

Entre 2011 y 2014, este organismo "vino atendiendo facturas" de las empresas de De Pedro, con "conceptos imprecisos y sin concreción del trabajo realizado, encubriendo indiciariamente el pago de los servicios de reputación personal del alcalde", señala el magistrado.

La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha aceptado a través de su consejero de Justicia, Interior y Víctimas, la renuncia de Vinuesa: "El Ejecutivo regional agradece la larga trayectoria al servicio de los ciudadanos de García de Vinuesa, así como su contribución en el apoyo y defensa de las víctimas del terrorismo en su última etapa profesional", señalan fuentes de la Comunidad de Madrid.

Respecto a Balbín, el juez le imputa trabajos de reputación que recibió presuntamente la exconsejera Lucía Figar entre 2011 y 2014. La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha declarado en una rueda de prensa que "lo que se va a hacer es respetar la presunción de inocencia", al tratarse de "un momento muy incipiente" del proceso, y ha asegurado que estarán "atentos a las resoluciones judiciales que se puedan producir".

Imputados concejales y trabajadores de esos ayuntamientos

El juez también cita a declarar -aún sin fecha- como investigados a concejales y trabajadores de estos consistorios por su participación en la contratación de Eico y Madiva para que mejorara la reputación de los entonces alcaldes a través de diarios digitales creados 'ad hoc', blogs, gestión de redes sociales o campañas de publicidad.

Así, imputa al que fuera jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Denia Claudio José Reig; al concejal del Gandía, Víctor Soler; a la asesora del exalcalde de Castellón de la Plana Cristina Querol, la entonces coordinadora de Comunicación del mismo Ayuntamiento, y al concejal Juan José Pérez.

También al que fuera jefe de Prensa del Ayuntamiento de Coslada; a la jefa de la campaña electoral de García Vinuesa para revalidar la Alcaldía de Alcobendas; a la exresponsable de prensa del Ayuntamiento de Majadahonda; y el que fuera responsable de Nuevas Tecnologías de este consistorio, Jaime José López Ruiz.

La lista de las nuevas imputaciones la completan el exjefe de Gabinete de Prensa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid; dos empleados de las empresas de De Pedro, Abel Linares Palacios y Víctor Daniel Steinberg Rubin; y el exdirector de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D Luis Sánchez Álvarez.

Trabajos costeados de "forma encubierta" con fondos públicos

Sobre la Consejería de Educación de Madrid, el juez quiere indagar en el concierto que habrían diseñado los investigados para que los "fondos públicos costeasen de forma encubierta los trabajos de índole personal que EICO realizó" entre 2011 y 2014 a la exconsejera Lucía Figar, imputada en este caso.

En el caso de Víctor Soler, el juez pide a las Cortes Valencianas que certifique si mantiene actualmente la condición de diputado en esa cámara, pues de ser así estaría aforado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El magistrado advierte de que en caso de respuesta afirmativa elevará una exposición elevada para remitir la causa a dicho órgano judicial para que investigue al 'popular' y que si no se encuentra aforado, será él quien le cite a declarar como investigado.

Con respecto al Ayuntamiento de Denia y Coslada, el juez instructor apunta que se sospecha que los trabajadores de EICO y Madiva confeccionaron facturas "mendaces" que recogían conceptos que sabían que "no eran reales".

Similar operativa se realizó en Castellón, donde, según explica el auto, los investigados "para ocultar el pago del gasto personal del alcalde por el Ayuntamiento, convendrían adjudicar un contrato que simularía contratar publicidad de cobertura para campañas simuladas a otra de las empresas de la trama, Madiva".

Por último, sobre el Ayuntamiento de Majadahonda también tramitó las facturas emitidas por EICO y Madiva como "contratos menores, fraccionando la prestación de cobertura, que velaría el verdadero trabajo realizado", logrando así saltarse el concurso público o negociado. Apunta que otras facturas abonadas también "simularon" la contratación de publicidad.