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PSOE, Unidas Podemos y ERC aprueban que el castellano no sea lengua vehicular en la enseñanza

  • La enmienda busca "blindar la inmersión lingüística" en Cataluña
  • También se prohibirá la segregación por sexos en los colegios

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La 'ley Celaá' prohibirá a las escuelas que reciben fondos públicos separar por sexo

Los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y el Grupo Republicano (ERC), han aprobado este jueves en la Comisión de Educación del Congreso que la nueva reforma educativa no incluya el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

Así lo fija la enmienda transaccional, a la que ha tenido acceso RTVE, acordada por estos partidos y aprobada en la reunión de la Ponencia que estudia las más de 1.160 enmiendas parciales a la Lomloe o ley Celaá.

Según fuentes parlamentarias, la enmienda ha salido adelante con 26 votos favor, 16 en contra y la abstención del PNV. Esta medida fija que las administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios de acuerdo a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable, pero se retira la frase que venía en el proyecto de la Lomloe: "castellano, lengua oficial del Estado"

También se elimina la frase "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares", según el documento aprobado en el Congreso.

Se elimina la segregación de sexos

Con esta enmienda transaccional contra la segregación por sexos, han destacado desde Unidas Podemos, se pretende "garantizar la igualdad en el sistema educativo español que había quedado mermada con la aprobación de la Lomce".

"Prohibimos que reciban, parcial o totalmente, fondos públicos las escuelas que segregan alumnos por sexos" y "todos los centros educativos, públicos, privados y concertados, deberán incorporar medidas para desarrollar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en sus planes de acción tutorías y de convivencia", ha recalcado.

También, han añadido las mismas fuentes, tendrán que establecer "medidas orientadas a eliminar la violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y de diversidad".

Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres

La enmienda transaccional 28, que afecta la Disposición adicional vigésimo quinta del proyecto de la Lomloe, se refiere al fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres y queda así redactada:

1. "Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y no separarán al alumnado por su género".

2. "Con objeto de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y, para garantizar la efectividad del principio contenido en el apartado l) del artículo 1, los centros educativos incorporarán medidas para desarrollar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los respectivos planes de acción tutorial y de convivencia".

3. "Los centros educativos deberán necesariamente incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la participación activa para hacer realidad la igualdad".

4. En todo caso, las Administraciones educativas impulsarán el incremento de la presencia de alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, así como en las enseñanzas de formación profesional con menor demanda femenina. "Del mismo modo, las Administraciones educativas también promoverán la presencia de alumnado masculino en aquellos estudios en los que exista de forma notoria una mayor matrícula de mujeres que de hombres".

5. "Las Administraciones educativas promoverán que los currículos y los libros de texto y demás materiales educativos fomenten el igual valor de mujeres y hombres y no contengan estereotipos sexistas o discriminatorios". "Asimismo, incluirán estos contenidos en los programas de formación inicial del profesorado", concluye la enmienda a votar este jueves.

La concertada sale a la calle: "Ataca a la libertad de las familias"

La Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos educativos de la concertada, se ha concentrado este jueves frente al Congreso de los Diputados para mostrar su rechazo a la reforma educativa.

"Nos hemos concentrado para denunciar la tramitación de la Lomloe, que se está haciendo de una forma express y sin contar con la comunidad educativa", asegura en declaraciones a Europa Press la presidenta de COFAPA y portavoz de la Plataforma en la concentración, Begoña Ladrón de Guevara.

Según ha manifestado, se trata de un proyecto que "ataca a la libertad de las familias para educar a sus hijos y dentro de esa libertad la de elección de centro", ambos reconocidos en la Constitución.

El presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, advierte de que el proyecto y las enmiendas son "un gran recorte de derechos" y, a su juicio y "una quiebra del consenso constitucional de hace 40 años y de la capacidad de elección de las familias, que queda enormemente recortada". Y es que, según recalca, "esta ley no es como las anteriores". "Las otras leyes de educación eran moderadas y esta está radicalizada; no tiene el estilo de anteriores leyes socialistas, es una ley más radical", se queja.

"Estamos en contra del fondo del contenido de la propuesta, porque entendemos que coarta todas las libertades", asegura por su parte el secretario general de FSIE, Francisco Javier Muñoyerro, como por ejemplo, según dice, la libertad de elección de centro educativo de las familias o el de libertad de expresión, al no permitir a la comunidad educativa su participación en la tramitación de la reforma.