La Audiencia Provincial de Madrid archiva la causa contra el delegado del Gobierno por el 8M

• Fue investigado por supuesta prevaricación por no prohibir la manifestación ante la posible propagación del COVID-19
• Avala el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 51, que concluyó que Franco no tuvo conocimiento del riesgo

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la causa abierta contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por supuesta prevaricación administrativa por no prohibir la manifestación del 8M ante un posible riesgo de propagación del coronavirus.

La Audiencia madrileña avala el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el que concluyó que Franco "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones" entre el 5 y el 14 de marzo.

La jueza aclaró que se trataba de un archivo provisional y denegó la petición de la Abogacía del Estado de sobreseimiento libre, debido a que el delegado del Gobierno mantuvo una "permanente inactividad jurídica en relación con las concentraciones y manifestaciones y el COVID-19", que se tradujo en que no "no prohibió ninguna concentración ni manifestación entre el 5 y el 14 de marzo en protección del derecho fundamental a la salud".

Las tres asociaciones personadas como acusación en el procedimiento (Unión de Oficiales, Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y Asociación contra la Gestión del Coronavirus) recurrieron el archivo provisional de la causa.

La investigación se abrió el pasado 25 de marzo

La investigación fue abierta el pasado 25 de marzo, a raíz de la denuncia de un particular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra todos los delegados del Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla por no haber prohibido concentraciones multitudinarias en esas fechas.

El juzgado explicó que solo podía incoar diligencias previas respecto al delegado de Gobierno de Madrid por ser el único sobre el que tiene competencia.

La jueza ordenó un informe forense de investigación a la Guardia Civil cuando abrió la causa que desató una gran polémica durante meses.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid acordó en junio el archivo de la causa al considerar que, tras la práctica de esas diligencias de investigación, no había indicios suficientes del delito de prevaricación administrativa por el que se investigaba a Franco.