El Gobierno estima en 20.268 los fallecidos en residencias durante la primera ola

• Lo recoge el borrador de un informe que analiza las muertes por coronavirus en centros residenciales de mayores y discapacidad
• Del total de muertes registradas en la primera oleada, entre el 47% y el 50% se habrían producido en residencias
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Según el informe, falleció un 6% de las personas ingresadas en centros residenciales.

El Gobierno estima que 20.268 personas fallecieron durante la primera ola del coronavirus en los centros residenciales españoles de servicios sociales, según el borrador de un informe al que ha tenido acceso RTVE y en el que se precisa que de esas muertes solamente la mitad se confirmó mediante análisis serológicos.

El informe, elaborado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales dependiente de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, está fechado a día 1 de noviembre, ha sido remitido a las comunidades autónomas y cuenta con aportaciones de los grupos de trabajo Covid-19 (Comisión Delegada y Consejo Consultivo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia).

En él se admite que hay "lagunas" en el análisis de lo sucedido en los centros de carácter residencial (de mayores y de personas con discapacidad) durante la primera oleada, puesto que faltan datos "suficientemente robustos y homogéneos entre territorios".

En el caso concreto de las residencias de mayores y según los datos facilitados hasta la fecha por las comunidades autónomas a RTVE.es, el número de víctimas mortales por la Covid-19 se sitúa en 21.776 personas. Esto significa que más del 56% de las muertes notificadas oficialmente por el Ministerio de Sanidad de personas con coronavirus se ha producido entre mayores que vivían en residencias de ancianos.

La mitad de los fallecimientos no se confirmó mediante análisis serológico

El borrador del nuevo informe apunta que, hasta el 23 de junio, hubo un total acumulado de 18.883 defunciones en centros residenciales, una cifra que remitieron las comunidades al Ministerio de Sanidad y que posteriormente fue "depurada" por el IMSERSO hasta llegar al cálculo actual de 20.268.

De todas las defunciones en centros residenciales, se realizó análisis serológico a 10.364 personas, mientras que 9.904 fallecimientos se notificaron como "con síntomas compatibles" con la covid, es decir, sin confirmación, puesto que no había al inicio suficientes pruebas diagnósticas.

El informe recoge además que el número total de defunciones por COVID-19 en la primera oleada no está determinado y que la aproximación más cercana hasta el 23 de junio sería, según ese borrador, la de 43.697 fallecidos por todas las causas, una cifra muy superior a los 28.148 confirmados según el registro oficial.

Entre el 47% y el 50% de los fallecimientos se produjeron en residencias

Así, la Vicepresidencia Segunda afirma en su informe que entre el 47% y el 50% de los fallecimientos de la primera ola se produjeron en residencias, y no el 70%, subrayan, como han recogido algunos medios de comunicación.

De ser válida esa estimación, dice el informe, el caso español se situaría, en cuanto a porcentaje de fallecimientos de usuarios de centros residenciales, en unos "parámetros intermedios" para la primera oleada.

"Similares a los de Irlanda del Norte (52 %), Francia (49 %), Israel (45 %) o Suecia (47 %); sensiblemente por debajo de Bélgica (64 %), Irlanda (63 %) o Canadá (85 %) y por encima de Reino Unido (41 %), Portugal (40 %) o Alemania (39 %)", remarca ese borrador.

Falleció un 6% de las personas ingresadas en estos centros

Otra forma de dimensionar el impacto de la pandemia en las residencias respecto a la mortalidad, señala el informe, es calcular cuántas de las personas que había en residencias han fallecido por COVID-19 en la primera oleada de la pandemia en España, con relación al total de la población residencial previo a la pandemia.

España se situaría "en un valor próximo al 6%", con un dato que mostraría una "alta afectación" respecto a otros países de la OCDE , superando este caso a países como Reino Unido (5,3%) o Bélgica (4,9%). Este valor cercano al 6 % se obtiene a partir de diferentes fuentes de datos:

El cálculo se realiza "asumiendo" que el impacto se ha producido mayoritariamente en las residencias de personas mayores, siendo muy inferior la letalidad en las de discapacidad y "casi insignificante" en otros alojamientos colectivos de servicios sociales (menores, casas de acogida, etc.).

El informe también apunta que, considerando la actual situación de incidencia acumulada en la totalidad del contexto europeo y el impacto que ello puede tener en las personas que ocupan los centros residenciales, "resulta crucial aprender de lo sucedido y articular mejoras en la respuesta".

30 factores para una "tormenta perfecta"

En el borrador también se señalan una treintena de factores que estuvieron presentes y que interactuaron en lo que califica como una "tormenta perfecta", como la alta contagiosidad o el desconocimiento sobre muchos aspectos de la enfermedad.

En este sentido, apunta que cuando se adoptaron oficialmente medidas de limitación de visitas y salidas en las residencias --entre el 12 y el 18 de marzo--, "el patógeno ya se había introducido en muchos centros", especialmente en los territorios en los que la incidencia de la infección era mayor.

"El 14 de marzo ya existían en España al menos 46.645 casos positivos (han sido confirmados posteriormente), de los cuales más del 40% se encontraban en Madrid", cita el informe, que recoge recomendaciones de actuación contra el virus en los centros residenciales y "evidencias" como que a mayor tamaño de las residencias mayor riesgo de entrada del virus y más dificultades para contener los contagios hay.

Entre las medidas que se proponen para evitar contagios en residencias, se sugiere "separar antes de la aparición de brotes", si la instalación y los recursos lo permiten, creando "unidades de atención más pequeñas" con dinámicas independientes entre sí y personal propio para evitar contaminación cruzada.

Otros factores que enumera el documento son: la morbilidad, la edad avanzada, los problemas neurodegenerativos o los negativos efectos del aislamiento en los residentes. En este sentido, los autores del estudio aconsejan que la aplicación de medidas de confinamiento solo se mantengan "por el tiempo que sea estrictamente necesario".

Faltó personal y escasearon los equipos de protección

A esa "tormenta perfecta" también contribuyeron, según el informe, los espacios colectivos en las residencias, el tamaño de estos centros --se apunta que puede existir una correlación entre el mayor número de plazas y el mayor riesgo de diseminación--, la escasez de equipos de protección y las dificultades para un blindaje total.

También se subraya que faltaron planes de contingencia en la primera ola, que se partía de "ratios insuficientes" de personal, que las residencias no contaban con personal sanitario "suficientemente entrenado" y que hubo "falta de apoyos psicológicos" tanto para el personal como para los residentes y sus familias.

Del mismo modo se constata que hubo una "enorme dificultad" de acceso a pruebas diagnósticas y reconoce que "la desconexión de las residencias con el sistema sanitario pudo provocar inasistencias en los momentos finales" de la vida.

Además, en cuanto a las medidas que impidieron el acceso a hospitales de enfermos procedentes de residencias o con enfermedades neurodegenerativas, el informe indica que "no se puede dispensar la asistencia sanitaria sobre criterios de esperanza de vida".

Este documento, fruto de los contactos y cooperación permanente entre la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, las comunidades autónomas y los agentes del sector, tiene como objetivo establecer un marco común de lecciones aprendidas y de cooperación para abordar respuestas cohesionadas en las residencias en adelante.