Los partidos extienden a todas las administraciones las medidas contra tránsfugas y endurecen sus consecuencias

• El acuerdo reafirma la retirada de los derechos económicos y administrativos del representante que cometa transfuguismo
• PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y el PNV, entre otros, se han adherido a la nueva adenda al Pacto

La escalinata del Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo

El PP, el PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y el PNV, entre otros partidos, han alcanzado un acuerdo para extender a todas las administraciones las medidas contra los tránsfugas y evitar que estos mantengan los "derechos económicos".

En el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, presidida por el secretario de Estado Francisco Hernández Spínola, han acordado una adenda al pacto vigente ante "una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas", según ha informado en una nota de prensa el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Hasta el momento lo han suscrito también Izquierda Unida, BNG, Partido Aragonés Regionalista, Foro Asturias y Galicia en Común, mientras el resto de fuerzas parlamentarias disponen de diez días para expresar su adhesión.

Se extiende a todas las administraciones

Los firmantes se comprometen a impulsar "la urgente modificación de los reglamentos de las cámaras legislativas" y de las corporaciones locales y, hasta que se aprueben las reformas, las fuerzas políticas buscarán que "las personas tránsfugas adquieran la condición de no adscritas aun siendo mayoría en el grupo".

Pérdida de los derechos económicos y administrativos

El acuerdo refuerza el criterio de que la persona tránsfuga no pueda disfrutar de los derechos económicos y administrativos que les corresponden a los grupos políticos e incorpora otros supuestos de deslealtad que alientan fenómenos de transfuguismo, como la "usurpación de identidad de coaliciones y agrupaciones electorales".

Los grupos se comprometen además a mejorar el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento, de la que en adelante formarán parte una persona por cada partido firmante. Los acuerdos en la Comisión se adoptarán por unanimidad y, en su defecto, por mayoría de tres quintos con voto ponderado.

La Comisión de Seguimiento se reunirá de forma extraordinaria si tuviera conocimiento de la presentación de una moción de censura en la que concurriese supuesto de transfuguismo. Además, se creará una Comisión de Expertos Independientes que actuará en los casos en que se produzcan discrepancias.

"Un avance importante en la calidad democrática"

Según el secretario de Estado, se trata de un "avance importante en la calidad democrática" y "refuerza el criterio para que el tránsfuga no reciba premio o privilegio".

La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, asimismo, considera que su paralización durante diez años ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir mejoras y cambios en los compromisos de las fuerzas políticas que permitan avanzar en el esfuerzo de aislamiento y erradicación del transfuguismo.

Más de 20 años de Pacto Antitransfuguismo

El Pacto Antitransfuguismo surgió en 1998 cuando las fuerzas políticas con representación parlamentaria firmaron el denominado “Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales”, posteriormente renovado el 26 de septiembre de 2000 y el 23 de mayo de 2006, al acordar, respectivamente, la primera y segunda adición al mismo.

El secretario general del grupo de Cs, José María Espejo, ha dicho al respecto en declaraciones en el Congreso que mediante este acuerdo los partidos se comprometen a acabar con "esta lacra" en todas las administraciones.

“Espejo (Cs): "Nos hemos comprometido a no contar nunca con ningún tránsfuga para intentar cambiar un Gobierno"“

"Nos hemos comprometido a no contar nunca con ningún tránsfuga para intentar cambiar un Gobierno, sea el que sea, a sacar a los tránsfugas de las instituciones donde gobiernan gracias a haber traicionado el mandado de los electores y a que no se beneficien lo más mínimo de su actuación", ha explicado Espejo, que se ha atribuido haber liderado la iniciativa que permitirá, según él, que los tránsfugas salgan de las instituciones y no cobren de las arcas públicas.