El Gobierno ordena acoger a los más 200 migrantes expulsados del campamento del Arguineguín horas antes
- El presidente Canario, Ángel Víctor Torres (PSOE), exige explicaciones a Interior y el PP pide la destitución del ministro
Los migrantes vuelven al sur de Gran Canaria y serán realojados en plazas turísticas
La Secretaría de Estado de Migraciones ha ordenado finalmente que se acoja a los más de 200 migrantes que habían sido expulsados del campamento de emergencia del muelle de Arguineguín sin un recurso de acogida y que se encontraban desde la tarde del miércoles frente a la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria.
La Policía sacó al grupo de más de 200 migrantes marroquís fuera del campamento de la Cruz Roja y fueron trasladados en autobuses dispuestos por el Ayuntamiento de Mogán a Las Palmas de Gran Canaria, una decisión que ha levantado las críticas del presidente socialista canario, la alcaldía de Mogán, el Partido Popular y la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Por el momento, los migrantes han sido fletados en tres autobuses y realojados de emergencia en un complejo turístico al sur de la isla, han indicado fuentes de varias ONG e instituciones insulares a las agencias Efe y Europa Press.
Según han informado fuentes del Ministerio de Interior a RTVE, la expulsión del campamento estaba justificada porque "tras una llegada irregular, ninguna persona puede ser legalmente retenida salvo por causa justificada", como las medidas sanitarias por la pandemia. No obstante, los migrantes "no han sido derivadas como es habitual al sistema de acogida como solución puntual ante la alta ocupación de las instalaciones".
Finalmente, van a ser derivados a plazas del sistema de acogida, según han explicado las fuentes, después de que el Ministerio del Interior haya ordenado "que se realicen los trámites pertinentes para conocer los detalles que han dado lugar a esta situación".
Críticas a Interior
El presidente Canario, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha exigido explicaciones al Ministerio de Interior y ha pedido que no vuelva a suceder, mientras Australia Navarro, presidenta del PP en las islas, ha reclamado la destitución del ministro Fernando Grande Marlaska por la "grave irresponsabilidad" de los hechos.
Para Nueva Canarias, socio del PSOE en el Gobierno canario, lo ocurrido es "la gota que colma el vaso de la incapacidad más extrema" que, a su juicio, demuestra el Gobierno central en la crisis migratoria de las islas.
En un comunicado, el portavoz de NC en el Parlamento de Canarias, Luis Campos, ha reclamado al Estado que "se investiguen las causas" de lo ocurrido y anuncia que exigirán "responsabilidades políticas".
Podemos Canarias pide la dimisión de Marlaska
Por su parte, la coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, ha pedido la "inmediata dimisión" de Marlaska en un audio remitido por su partido en el que afirma que se han vulnerado los derechos humanos de estas personas y se ha puesto en peligro la paz social con los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, ciudad a la que han sido trasladados.
La dirigente de Podemos ha calificado de "profundamente decepcionante" que un ministro de un gobierno progresista "juegue de esta forma con la dignidad de las personas migrantes" y se ha preguntado si esta es la forma del Estado "de vaciar" el muelle de Arguineguín y si este "es el plan de choque para la gestión migratoria en Canarias".
En su opinión, el Estado está haciendo dejación de sus funciones "abandonando a estas personas y trasladando su responsabilidad a la sociedad canaria y a las entidades municipales, insulares, regionales y del tercer sector". "Es una deslealtad por parte del Estado", ha añadido la coordinadora de Podemos Canarias.
También el periodista y representante de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, Txema Santana, ha considerado "inaudita" la decisión de Interior de desalojar y dejar en la calle a los migrantes.
"Los han puesto en la calle sin ningún tipo de recursos, los han dejado fuera sin comida, bebida ni destino al que ir", ha denunciado el concejal de Seguridad de Mogán, Mencey Navarro, unas palabras que ha secundado la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Esta, hace unas semanas, acudió a los juzgados a denunciar las condiciones "inhumanas" del campamento de Arguineguín.
Búsqueda urgente de soluciones para la noche
El Gobierno de Canarias ha estado gestionando plazas de urgencia con Cruz Roja, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y otras organizaciones y entidades para que ninguno de los inmigrantes durmiese en la calle. Fuentes del Ejecutivo han indicado a Efe que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha participado personalmente en esos trabajos.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ha puesto a disposición del departamento de Interior otro centenar de literas, con capacidad para cubrir 200 plazas, para su instalación en el antiguo polvorín en Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de aliviar la presión migratoria que sufre el municipio de Mogán.
Finalmente, se ha recurrido a contratar otro de los complejos turísticos del sur de Gran Canaria que llevan tiempo vacíos por la crisis que ha provocado en el sector la pandemia de coronavirus.
Esta decisión coincide justo en el día en el que la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas (FEHT) y los sindicatos UGT y CCOO habían pedido al unísono que los inmigrantes dejen ya las plazas hoteleras y que las zonas turísticas se preparen ya para retomar la actividad en la temporada de invierno.
Sin sitio a donde ir
"No tenemos a dónde ir", "no sabemos dónde pasaremos la noche", confesaban varios de ellos a la agencia Efe en la capital canaria, mientras pedían el favor de que les permitieran llamar a sus familiares (algunos en España) para avisarles de que habían cogido una patera, de que ya están en Canarias y de que, en su caso, se encuentran bien.
Los inmigrantes que han hablado con Efe aseguran que llevaban cinco días en Arguineguín, que solo han comido una vez este martes y que ninguno ha podido ducharse en los últimos quince días.
El campamento de Arguineguín comenzó este martes con más de 2.000 personas acogidas en precario en sus instalaciones, mientras las embarcaciones de Salvamento Marítimo seguían trayendo nuevos rescatados al puerto (más de 500, hasta esta tarde).
Ello ha agravado las condiciones de hacinamiento que vienen denunciando desde hace tiempo organizaciones como Human Rights Watch, el propio Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Mogán o el juez que supervisa el Centro de Internamiento para Extranjeros de la isla, Arcadio Díaz Tejera.