La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga el peso de la investigación a los fiscales en lugar de al juez

• Los actuales jueces instructores pasarán a serlo de garantías del proceso
• La Fiscalía también controlará lo que trasciende a medios para limitarlo a "lo esencial" según el "interés informativo"

Las novedades del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El Ministerio de Justicia ha terminado de redactar el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que otorgará la instrucción de las causas penales a los fiscales, quienes también tendrán el control de la información que trasciende sobre los procesos en fase de investigación, para limitarla a "lo esencial desde el punto de vista del interés informativo".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este miércoles durante el pleno del Congreso que el anteproyecto está concluido y que previsiblemente llegará al Consejo de Ministros el próximo martes.

Campo ha hecho este anuncio al ser interpelado por el grupo parlamentario Vox en relación con las medidas que va a adoptar el Gobierno en el ámbito de la libertad de expresión.

Campo anuncia que el borrador de la nueva LeCrim está listo y avanza que regulará el acceso a la información judicial

Da la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal

La nueva LeCrim, como ya había adelantado el ministro, prevé otorgar la instrucción de las causas penales a los fiscales en tanto que los actuales jueces instructores pasarán a ser jueces de garantías, y dividirá el procedimiento penal en tres grandes etapas, la investigación, el juicio de acusación y el juicio oral.

La primera fase, la de la investigación se desenvolverá bajo la dirección del Ministerio Fiscal y contará con la figura del juez de Garantías, que será el garante de los derechos fundamentales, de los derechos de las partes y actuará en general "como tercero imparcial llamado a controlar la legalidad de las actuaciones".

El borrador del Anteproyecto de Ley, al que ha tenido acceso RTVE, señala que con la fase intermedia, que corresponde al juicio de acusación, las actuaciones ya adquieren una impronta plenamente jurisdiccional, y el juez de la Audiencia Preliminar será quien resuelva "sobre la suficiencia de la acusación y la depuración de la prueba ilícita".

En la tercera fase, la del juicio oral ante el plenario se practicarán "las verdaderas pruebas aptas para enervar la presunción de inocencia ante un tribunal imparcial que no ha participado en las anteriores fases".

Aspira a evitar las "penas de banquillo"

Campo también ha avanzado este miércoles que la LeCrim garantizará el acceso de los medios a informaciones "con un claro interés social, pero también establecerá limitaciones", como las dirigidas a la protección de las víctimas menores de edad.

El ministro ha argumentado que "es frecuente encontrarse en los medios de comunicación con filtraciones de informaciones judiciales que suponen para las personas investigadas graves penas de banquillo", si bien al mismo tiempo se ha mostrado consciente de que hay casos que por su "relevancia social" deben conectarse al derecho a la información. "Es el viejo dilema de la foto del detenido esposado cuyo caso luego queda en nada", ha ilustrado.

Así, la ley aspira a proteger la integridad, el honor y la intimidad de los investigados, testigos, peritos o demás personas que intervengan en el proceso, y prevé limitar la difusión de sus imágenes, cuando no revistan interés informativo o no se trate de un hecho socialmente relevante.

Es una norma, ha dicho, que "demuestra la sensibilidad del Gobierno con los derechos fundamentales", y sobre todo con el derecho a la información, porque supondrá una regulación "completa y detallada de la información judicial", al distinguir su alcance en cada fase procesal, sin olvidar los derechos de las víctimas o del acusado.

La Fiscalía tendrá el control de la información para limitarla a "lo esencial"

El borrador del anteproyecto, al que ha tenido acceso RTVE, precisa que será la Fiscalía quien controle la información que trasciende sobre los procesos penales en fase de investigación para limitarla a "lo esencial desde el punto de vista del interés informativo".

El texto señala que la LeCrim da "especial atención" a la publicidad de las actuaciones en la fase de investigación por considerar que "una transmisión indiscriminada de su contenido a la opinión pública supone un grave atentado para el derecho a la presunción de inocencia".

Por ello, introduce una serie de "garantías ajustadas a los cánones marcados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional" con las que "se busca que el flujo de información se limite a lo esencial desde el punto de vista del interés informativo y que se transmita de forma aséptica y objetiva".

La principal novedad en este aspecto es que el Ministerio Fiscal, ahora a cargo de la instrucción, se convierte en el "cauce oficial de transmisión de la información ajeno a cualquier tipo de comunicación interesada, privilegiada o sesgada de datos o noticias relativos al procedimiento".

Así, el fiscal instructor seleccionará "los elementos que, por su interés informativo, pueden ser transmitidos a la ciudadanía" y fijará los términos en los que deben transmitirse, "asumiendo la responsabilidad derivada de los excesos o errores en que pueda incurrir en esta delicada labor".

El borrador señala expresamente que, "salvo autorización del fiscal responsable de la investigación, los órganos gubernativos y policiales no estarán autorizados para transmitir datos relativos al procedimiento en curso", pero no concreta qué tipo de datos se podrán difundir a través de los medios de comunicación por su "interés informativo".

Campo espera "afinar" la ley tras el debate con distintas formaciones

En palabras de Campo, se trata de una norma "importante", pero también compleja, con la que espera que se abra un debate porque el Gobierno tiene "la primera palabra, pero no la última".

En su opinión, ahora es necesario "afinar" para concluir una "buena norma" porque "aquí no hay color político que valga, es un proyecto de país y a largo plazo".

La nueva ley responde a una demanda histórica del país de la superación del "modelo decimonónico con el que hoy contamos", una norma de 138 años, que en palabras del ministro "está totalmente desfasada y no encaja con la realidad social, ni la jurídica".

"Nadie discute de la necesidad de que España cuente con un proceso penal plenamente constitucional, europeo, armonizado y eficaz contra la delincuencia moderna", ha comentado.

A juicio del ministro, es urgente que el proceso penal se actualice a partir del consenso social, porque el modelo por el que ha optado el Gobierno "es el resultante de combinar los resultados de los trabajos realizados durante los Gobiernos del PSOE y el PP, incorporando las exigencias del derecho procesal penal europeo".

Se trata de una ley "de consenso", ha incidido el ministro, que considera que permite fortalecer el Estado de Derecho y las garantías de todos los españoles.