La educación concertada saca a la calle a miles de coches contra la 'ley Celaá' en una treintena de provincias
- Convocados por la Plataforma Más Plurales, los ciudadanos protestan en sus vehículos en una marcha apoyada por PP, Vox y Cs
- Casado dice que legislará contra la norma en las comunidades donde gobierna y, como Vox, que la recurrirá ante el TC
Partidarios de la educación concertada han salido este domingo a la calle para protestar contra la LOMLOE, más conocida como 'Ley Celaá', la octava norma educativa de España y que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado jueves en medio de una gran polémica por la supresión del castellano como lengua vehicular y las limitaciones a los centros concertados.
Convocados en una treintena de provincias por la Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada, los ciudadanos han salido a la calle en sus vehículos para protestar contra la norma.
La marcha de la capital, en la que han participado 5.000 vehículos según la Delegación del Gobierno y más de 15.000 según los organizadores, ha colapsado el Paseo de la Castellana con una 'caravana' que circulaba entre la plaza de Cibeles y el estadio Santiago Bernabéu.
En la mayoría de los vehículos iban familias enteras y se exhibían banderas amarillas y naranjas en las que se podía leer "Stop ley Celaá", así como enseñas de España, y globos de los mismos colores, informa Efe.
Casado dice que legislará contra la norma en las CC.AA.
A ella han asistido el líder del PP, Pablo Casado, así como el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Ciudadanos), entre otros miembros de sus partidos.
Desde el PP, Casado ha asegurado que recurrirán la norma al Tribunal Constitucional (TC) y tratarán de blindar "la libertad de elección" en las comunidades en las que gobiernan legislando contra ella. "Esta ley durará lo que tardemos en llegar al Gobierno", ha añadido. Previamente, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará a los tribunales "y a todas las instancias donde sea necesario" la defensa del derecho de libertad de educación y que lo acompañará de una reforma que presentará en la asamblea para mejorar la calidad de la enseñanza.
La diputada socialista y portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Luz Martínez Seijo ha respondido a Casado que "no se puede cuestionar" la aplicación de la nueva ley educativa "en ninguna comunidad autónoma" porque se trata de una ley orgánica y le pide no "alentar al desacato".
Vox también ha arremetido contra la nueva ley y Espinosa de los Monteros ha anunciado desde la marcha en Madrid que la recurrirán "en todos sus aspectos" ante el TC porque la consideran "un ataque". Villacís ha criticado que el PSOE se atribuya el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos.
Bajo el lema 'Por el derecho a elegir la educación que queremos', los convocantes han llamado a la movilización con vehículos en provincias de todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, País Vasco, Canarias y Comunidad Valenciana. Tampoco estaban previstas concentraciones en Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria, informa Europa Press.
En Castilla-La Mancha unos 3.000 vehículos, según la Delegación del Gobierno, han recorrido las cinco capitales y Talavera de la Reina (Toledo) reclamando "libertad de enseñanza". Centenares de vehículos han recorrido las calles de Oviedo y Gijón. Imágenes similares se han visto en Murcia, Zaragoza, Santander o ciudades de Andalucía, Galicia o La Rioja.
Otras movilizaciones
La movilización de este domingo se suma a las otras cuatro celebradas este mes de noviembre frente al Congreso de los Diputados y en los centros escolares, y se enmarca en el calendario de acciones previstas de la campaña 'Más Plurales, Más Libres, Más Iguales' que ha puesto en marcha para intentar paralizar la nueva ley de Educación, una ley que, a su juicio, ha sido tramitada "sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil".
"Estamos ante un Proyecto de Ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, elemento sin duda clave en una sociedad democrática", critica la plataforma.
Por su parte, la ministra de Educación, Isabel Celaá, opina que "hay una parte de la concertada que no ha sabido leer las ventajas de la ley, se ha sentido amenazada y, además, ha entrado con una campaña dentro de los centros que nos preocupa". Añade, en una entrevista en El País, que todo interés político "ha de quedar fuera de los centros".
Qué dice la norma
La LOMLOE subraya que la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo y elimina la "demanda social" para abrir nuevos centros concertados o aumentar plazas. No podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones. Además, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no podrán separar al alumnado por su género.
El castellano deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza. En cualquier caso, las administraciones garantizarán el derecho a recibir enseñanza tanto en español, como en las lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente.
Además, en aquellas comunidades con más de una lengua oficial, el alumnado podrá estar exento de realizar la evaluación de la asignatura de Lengua Cooficial y Literatura, que pasa a llamarse Lengua Propia y Literatura.
Otro de los puntos polémicos hace referencia a los centros de educación especial. La norma señala que en diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad. No obstante, las administraciones prestarán apoyo a los centros de Educación Especial para alumnos que requieren atención muy especializada.