El Gobierno aprueba la nueva ley de enjuiciamiento criminal: los fiscales asumirán la investigación
- El ministro de Justicia asegura que el cambio en los roles que establece la reforma responde a un "mandato" de la UE
- La nueva LeCrim adjudica un papel destacado a la Fiscalía, a la que también otorga el control de la información que trasciende
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para adaptar la normativa española a las exigencias de la Fiscalía europea, aunque también por "coherencia constitucional", justificando así el cambio de modelo por el cual la instrucción pasa del juez al fiscal.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha informado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de que el Gobierno ha dado luz verde a dos anteproyectos de ley, el de la nueva LeCrim y el de la Fiscalía Europea (EPPO).
Campo ha esgrimido que este cambio era necesario por "coherencia con el mandato europeo" y ha revelado que en la videoconferencia celebrada el lunes con el comisario de Justicia, Didier Reynders, se comprometió a llevar este anteproyecto de ley de la EPPO al Consejo de Ministros de este martes.
El ministro ya había anunciado la semana pasada, durante una interpelación urgente en el Congreso de los Diputados, que el borrador de la LeCrim estaba listo.
La fase de instrucción recae en los fiscales
La gran novedad que plantea el borrador es que se pasa del juez instructor al fiscal instructor. Los fiscales serán ahora quienes dirijan la investigación con la intervención puntual de un juez de garantías para autorizar las medidas que afecten a derechos fundamentales.
"Estaríamos hablando de que el fiscal es la espada y el juez el escudo", ha señalado Campo, quien ha precisado que la aprobación del borrador representa solo "la primera palabra" y afirma que a partir de ahora se abre "un proceso intenso de consultas, de mejoras", en base a "un texto rico en su origen" que tiene que ser asumido por todos y cada uno. Por esa razón, el Gobierno tiene previsto articular "una ronda de consultas y aportaciones" con las distintas fuerzas políticas.
Ajusta los roles a los estándares europeos
La reforma de la LeCrim, uno de los principales proyectos de Campo, defiende la necesidad de superar el modelo ideado por Alonso Martínez en el siglo XIX para ajustarlo a los estándares europeos y a los nuevos tiempos. De hecho, Campo ha afirmado este martes que los roles que fija la nueva ley responden a un "mandato" de la Unión Europea.
"Teníamos que establecer un procedimiento penal, conforme a lo que establece el Reglamento (de la UE de 2017), que dice que son los fiscales los que instruyen", ha dicho Campo. A este respecto, ha apuntado que en todos los países de nuestro entorno, a excepción de Francia y Austria, el fiscal instruye y el juez se ocupa del respeto a las garantías.
El procedimiento penal, dividido en tres grandes etapas
Por otro lado, el procedimiento penal quedará dividido en tres grandes etapas, la investigación, dirigida por el fiscal; el juicio de acusación, a cargo de la nueva figura del juez de audiencia preliminar; y el juicio oral, donde el acusado ya no tendrá que intervenir al inicio, sino en el turno de prueba de su defensa y cuando considere oportuno
Los partidos y sindicatos no podrán ejercer como acusación popular
Otra de las claves de la reforma es la superación del concepto de "juzgado" como órgano unipersonal de instancia con la creación de órganos colegiados, los tribunales de instancia, con capacidad de ejercer sus competencias en forma unipersonal o colegiada en función de las necesidades del caso concreto.
La nueva ley regula también la acusación popular como vía de participación ciudadana en la administración de justicia y excluye de esta fórmula a partidos y sindicatos para evitar que se instrumentalicen los procesos. Lo que se pretende es evitar una instrumentalización del proceso penal, un riesgo que se deriva de su intervención activa en el debate político.
La Fiscalía se encargará de informar a la opinión pública
El anteproyecto también otorga al Ministerio Público el control de la información que trasciende sobre los procesos penales en fase de instrucción, para limitarla a "lo esencial desde el punto de vista del interés informativo" y evitar así un "grave atentado" a la presunción de inocencia.
"Es frecuente encontrarse en los medios de comunicación con filtraciones de informaciones judiciales que suponen para las personas investigadas graves penas de banquillo", justificó Campo en sede parlamentaria, si bien al mismo tiempo se mostró consciente de que hay casos que por su "relevancia social" deben conectarse al derecho a la información. "Es el viejo dilema de la foto del detenido esposado cuyo caso luego queda en nada", ilustró entonces.
Novedades en cuanto a la prisión provisional
El borrador crea además una segunda forma de detención preventiva "más leve", con una duración máxima de 24 horas frente las 72 actuales, destinada a facilitar las actuaciones procesales que requieran la presencia del arrestado, así como una figura policial encargada de velar por el respeto a los derechos de la persona detenida.
En el siguiente escalón del proceso penal, la prisión provisional, se introducen también importantes novedades, entre las que destacan "un control de oficio imperativo, de periodicidad trimestral y a cargo del órgano judicial", y la creación de una comisión nacional de seguimiento de la prisión provisional.
Cese automático para investigados por delitos de rebelión y terrorismo
La nueva LeCrim presta especial atención al "conflicto que puede llegar a producirse entre la salvaguarda de los fines legítimos de la prisión provisional y el derecho fundamental al mantenimiento en el ejercicio del cargo público representativo" y por ello contempla un cese automático para investigados por delitos de rebelión y terrorismo.
En cuanto a diputados y senadores, únicamente será necesario tramitar el correspondiente suplicatorio al Congreso de los Diputados o el Senado, si se solicita al juez una concreta actividad cautelar o si se ejercita la acción penal y se pide la iniciación del verdadero proceso para la imposición de una pena formulando escrito de acusación.
Introducción del término "encausada"
Por otro lado, la nueva LeCrim establecerá un elenco de delitos que resultan idóneos para que los ciudadanos puedan defender una visión de la legalidad penal alternativa a la del Ministerio Fiscal, como puede ser el caso de las infracciones que protegen intereses difusos o de los delitos de corrupción política.
Otra de las novedades es la introducción del término "encausada" como denominación genérica de la persona sometida al procedimiento en cualquiera de sus fases, aunque podrá hablarse de investigada cuando sea la sometida a investigación, acusada como aquella frente a la que se ha ejercido la acción penal y finalmente la condenada o penada.
Se crea también un "estatuto de la persona encausada", encabezado con el deber de objetividad que alcanza a todas las autoridades que intervienen en el procedimiento penal, y que recoge los derechos del encausado a conocer los cargos y la acusación, a acceder a las actuaciones --salvo declaración de secreto-- y a participar activamente en el proceso.
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