¿Se tambalea el proceso de paz en Colombia?
- Desde la firma del tratado han sido asesinados 242 excombatientes
- El expresidente Álvaro Uribe propone suprimir parte del acuerdo
Alexander nos cita en un parque de la ciudad donde hay un puesto de policía CAI (Centro de Atención Inmediata). Tiene miedo de que alguien le siga y se siente más seguro si nos vemos en una zona vigilada. Desde que se desmovilizó de las FARC hace ya 15 años, confiesa que él y su familia han recibido amenazas.
En 1999, Alexander entró en la guerrilla. Tenía solo diez años y vivía en el departamento de Caquetá. "Un combatiente de las FARC me llevó a un campamento engañado y cuando llegué allí nunca más pude salir. Tuve que ser parte de un grupo terrorista que dañó mis sueños, mi vida y mis estudios", afirma Alexander, que con su testimonio quiere constatar que la guerrilla sí reclutó a menores de edad para su causa.
“Uno se pregunta en qué momento me convertí en el monstruo que soy y cómo hago para cambiar“
"A los tres meses de llegar ya tenía empuñada un arma que era bastante grande para mí, pero no tenía miedo de tener que accionarla. Cualquier persona que yo desconociera tenía que dispararle y yo ya estaba preparado para eso", confiesa mientras recuerda que siempre quiso marcharse, pero tenía miedo de lo que le pudiera ocurrir a su familia, que vivía en una zona de fuerte presencia guerrillera.
Con 13 años, Alexander llevaba encima un fusil AK-47. "Uno viene cargado de tantas cosas de la infancia, de tantas injusticias que vives, que ese arma hace que sientas poder", pero esa sensación se esfumó pronto cuando fue víctima de una mina antipersona que le dejó sin una pierna. "En ese momento las FARC me abandonaron al ver que ya no les era útil porque me faltaba una pierna. Entonces uno se pregunta en qué momento me convertí en el monstruo que soy y cómo hago para cambiar hoy en día. Sientes dolor, impotencia porque yo tuve que quitarle la vida a muchas personas", asevera.
Loa retos pendientes cuatro años después
Con 30 años Alexander no confía demasiado en el proceso de paz firmado hace ya cuatro años Él está inscrito en la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), donde todas las víctimas que lo deseen pueden prestar su testimonio.
La JEP fue creada dentro de los acuerdos como transición para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra. En estos años ha recibido el testimonio de miles de personas de todos los bandos que participaron en el conflicto.
Pero el proceso es muy largo y a la JEP todavía le queda un largo recorrido porque no hay que olvidar que la guerra en Colombia duró más de 50 años y la cifra de damnificados supera los nueve millones personas.
En los últimos meses, dirigentes de las extintas FARC han reconocido ante la JEP su responsabilidad en crímenes que han sorprendido a la sociedad colombiana. Es el caso del magnicidio del líder conservador y excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, que fue asesinado en 1995 cuando salía de dar clases en la Universidad. La investigación policial nunca sospechó de la implicación de la guerrilla en el asesinato.
Los exlíderes de la guerrilla también han reconocido secuestros o el reclutamiento forzado de menores. "Seguramente hubo casos de reclutamiento forzado. Nosotros no tenemos esa duda", confesaba el actual senador del partido político FARC, Julián Gallo Cubillos, ante la JEP.
Las víctimas reclaman disculpas y, sobre todo, paz
Pero estas declaraciones no son suficientes para todas las víctimas. "Ellos [en referencia a las comparecencias judiciales de los exlíderes de la guerrilla] empiezan a salirse del contexto y terminan haciendo política en contra del Gobierno colombiano", dice Alexander, que asegura que no quiere solo una disculpa generalizada. "Lo que queremos es que nos digan: sí, le pido perdón a usted concretamente", afirma mientras reclama también una indemnización económica.
"Las FARC entregaron muchos bienes, sabemos de los bienes del oro, de la plata que entregaron y queremos una reparación con la que seamos emprendedores", concluye.
En paralelo a la JEP, el acuerdo de paz también contempló la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. A este órgano le queda un año de trabajo y en este periodo de actividad ha recopilado el testimonio de unas 15.000 personas. Una de las comisionadas, Marta Ruiz, nos recibe en su casa, donde sigue recogiendo las experiencias pasadas de las víctimas.
“Lo que queremos es que nos digan: le pido perdón a usted concretamente“
"Yo escucho a las víctimas que me están contando de dónde venimos y me doy cuenta de que la paz ha sido una ganancia enorme", cuenta, mientras insiste en que lo primero que le dicen las víctimas es que no quieren que se repita lo ocurrido y que simplemente su deseo es vivir en paz.
Marta Ruiz afirma que ningún proceso de paz ha sido sencillo y que la herida va a tardar en cerrarse, pero considera que de momento el paso que se ha dado es importante y que las nuevas generaciones, que no han sufrido el conflicto, tienen un peso importante en ese proceso.
Más de 200 combatientes asesinados desde 2016
Tras la firma del acuerdo dejaron las armas unos 14.000 combatientes, que abandonaron la vida en la selva para regresar a los pueblos y ciudades. Desde entonces, muchos han recibido amenazas y 242 han asesinados durante su proceso de reincorporación a la vida civil. Los excombatientes culpan al actual Gobierno de Colombia de no estar comprometido y de no cumplir con lo pactado.
Esto ha llevado a algunos exguerrilleros a volver a las armas con las disidencias aunque la mayoría, más del 90%, siguen dentro del proceso de paz.
Aunque el tratado no pasa por su mejor momento para muchos, incluidos los actuales dirigentes del partido político FARC, el acuerdo es irreversible. Han pasado cuatro años desde que las negociaciones del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla pusieron fin del conflicto.
El esfuerzo de Santos fue premiado con el Nobel de la Paz, pero el Ejecutivo que tomó su testigo no parece tan comprometido. El expresidente Álvaro Uribe, líder de uno de los movimientos políticos más influyentes de Colombia, propone un referéndum popular para que los ciudadanos voten a favor de la suprimir órganos de transición creados durante la firma del acuerdo como la Justicia Especial para la Paz.