Al menos 600 civiles murieron en una masacre cometida en la región etíope de Tigray

• La Comisión de Derechos Humanos Etíope el suceso puede constituir "crímenes de lesa humanidad y de guerra"
• La ONU ha mostrado su preocupación y exige protección para los civiles durante su ofensiva militar

Un hombre llora a las afueras de Maikadra, Etiopía, por las víctimas de la masacre del 9 de noviembre

La Comisión de Derechos Humanos Etíope (EHRC) ha denunciado este martes que al menos 600 civiles murieron el pasado 9 de noviembre en una masacre cometida por fuerzas leales al Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF) en la localidad de Maikadra, en el oeste de la región de Tigray.

La masacre tuvo lugar en la localidad tigriña de Maikadra y la mayoría de las víctimas fueron hombres de las etnias amhara y wolkaits, quien fueron separados del resto de la población por los atacantes, ha precisado la EHRC, una institución independiente defensora de los derechos humanos, en un informe preliminar sobre la matanza.

"Si bien aún no es posible verificar el número exacto de muertos, heridos físicos y/o los que sufrieron daños materiales, los miembros del Comité de Entierro, creado después del ataque, testigos oculares y otras fuentes locales estiman que un mínimo de 600 (civiles) han muerto", ha afirmado la EHRC.

"Y dicen que es probable que el número sea aún mayor", ha señalado la Comisión. Días antes del ataque, cuando el Ejército etíope se aproximaba a la localidad, de entre 40.000 y 45.000 habitantes (tigriñas, amharas y wolkaits, principalmente), efectivos de la policía y una milicia local cerraron todas las salidas de la población.

"Crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra"

La matanza fue obra, en gran parte, del movimiento juvenil Samri, ligado al TPLF, que asesinó a sus víctimas mediante golpes con palos, puñaladas con machetes, cuchillos y hachas; y estrangulamiento con cuerdas.

Aunque varios grupos de Samri perpetraron la matanza, "la policía y la milicia (...) ayudaron y directamente participaron en la carnicería al disparar a los que intentaron escapar", ha matizado el informe. "El ataque de Maikadra no es un simple acto delictivo, sino una grave violación premeditada y cuidadosamente coordinada contra los derechos humanos", ha remarcado la Comisión.

A su juicio, esas "graves violaciones de derechos humanos" pueden constituir "crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra".

La EHRC ha basado su informe en las investigaciones de un equipo de expertos que envió a la zona y recabó testimonios y pruebas de víctimas, testigos presenciales, familias de víctimas, socorristas, personal militar y otras fuentes, incluidas las autoridades gubernamentales presentes en el momento de la visita. El equipo también visitó hospitales y centros de salud y habló con sobrevivientes y otras autoridades pertinentes.

La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ya alertó de esta matanza el pasado día 12, si bien no concretó el número de víctimas y se limitó a indicar entonces que "probablemente" pudieron ser "cientos".

Un ultimátum de 72 horas para la rendición

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, anunció este domingo una tercera y "última" fase de la ofensiva del Ejército etíope para tomar la capital de Tigray, Mekele, y derrocar al TPLF, al que dio 72 horas para deponer las armas, ultimátum que se cumple mañana.

Tigray, región fronteriza con Eritrea y Sudán, sigue aislada y con las telecomunicaciones cortadas desde el inicio de esta guerra el pasado día 4 por parte del Gobierno central en represalia por un ataque del TPLF a una base del Ejército etíope en la región. Este aislamiento hace muy difícil verificar la información de uno y otro bando sobre el terreno.

De momento, Abiy, ganador del Premio Nobel de la Paz de 2019, ha desoído los llamados internacionales al cese de las hostilidades y rechaza negociar con el TPLF para resolver la crisis, que ha causado cientos de muertos y la huida a Sudán de más de 40.000 etíopes.

El contencioso entre Tigray y el Gobierno federal venía agravándose desde hace meses, con el retraso indefinido de las elecciones generales por la pandemia que se debían celebrar el pasado agosto en Etiopía como punto de inflexión. El TPLF celebró el pasado septiembre sus propios comicios parlamentarios, que el Gobierno central tachó de ilegales, de ahí que ahora busque restablecer en Tigray el "orden constitucional".

Asimismo, desde el 5 de octubre, fecha en la que teóricamente vencía el mandato de Abiy, el gobierno de Tigray no reconoce autoridad alguna del Ejecutivo federal. El TPLF dominó la coalición gobernante en Etiopía hasta la llegada al poder del actual primer ministro en 2018.

La ONU protección para los civiles

El secretario general de la ONU, António Guterres, se ha declarado este martes "muy preocupado" por la situación en la región etíope y ha exigido a los líderes de Etiopía que hagan todo lo posible para proteger a los civiles durante su ofensiva militar.

Guterres, a través de su portavoz, ha demandado además que se protejan los derechos humanos, se garantice el acceso a las agencias humanitarias y se permita la libertad de movimiento a quienes buscan seguridad, tanto a través de fronteras interiores como exteriores.

Además, ha expresado el pleno apoyo de la ONU a las iniciativas de la Unión Africana para tratar de lograr una salida negociada a la crisis y ha pedido a todas las partes que aprovechen la oportunidad para reducir tensiones.

Mientras, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas abordó este martes por primera vez la situación en Tigray, con una discusión a puerta cerrada solicitada por los países europeos. Durante la cita, países como Alemania y Bélgica urgieron a un cese de las hostilidades, a apostar por una solución diplomática y a facilitar acceso a los servicios humanitarios para que puedan asistir a los civiles.

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Por su parte, el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Defensa, Josep Borrell, ha expresado su "gran preocupación" por el aumento de la violencia étnica en un conflicto que "ya está desestabilizando seriamente la región".

Borrell ha transmitido este análisis y su preocupación al viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía, Demeke Mekonnen, con quien se reunió en Bruselas. Borrell le ha recordado que es "necesario respetar el derecho internacional humanitario" y, en nombre de la UE, le ha pedido "una circulación y protección seguras y libres de civiles, grupos vulnerables y desplazados internos".