Educación especial: los temores de las familias ante la ambigüedad de la 'ley Celaá'

• La ley prevé derivar más niños de la educación especial a la ordinaria con un aumento de recursos en los próximos diez años
• El sector de la discapacidad dice que no hay "garantías" y junto con los padres aseguran que la especial sigue siendo clave

Una niña con necesidades especiales habla con una profesora.

La llamada ‘ley Celaá’ genera inquietud entre padres de niños con necesidades especiales y entre el sector de la discapacidad. Dicen que no existe una guerra entre los partidarios de la educación especial y los que quieren una educación inclusiva -aquella en la que los niños estén escolarizados en centros ordinarios-. Pero nadie parece convencido de que la ley ofrezca garantías para una plena inclusión de los menores en las escuelas corrientes, al menos en el plazo de diez años que se marca como objetivo. Los padres dicen que sus dudas y temores no responden a una cuestión de ideología política, sino que quieren aquello que sea mejor para sus hijos.

¿Qué dice la ley? El proyecto de ley de la Lomloe, que se aprobó la semana pasada en el Congreso, establece en su disposición adicional cuarta que el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, “desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha explicado recientemente que la idea es ir “incorporando progresivamente” a los alumnos con discapacidad a centros ordinarios con los recursos suficientes”.

¿Va a suponer el fin de la educación especial? La ministra lo ha descartado tajantemente. El texto asegura las administraciones educativas “continuarán prestando el apoyo necesario” a estos centros para que, “además de escolarizar a alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

Celaá: "No se van a cerrar los centros de educación especial, son 'fake news'"

Para Esther Morillas, de la Junta Directiva de la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, la ley no ofrece “garantías” y “abre la puerta” al vaciado de los centros de educación especial, llevando a la mayoría de alumnos con necesidades especiales a escuelas ordinarias y dejando a los centros de educación especial como recursos de apoyo para las escuelas ordinarias, lo que puede implicar escasez de recursos en estos centros para los alumnos que quedaran matriculados allí.

Los padres de la especial temen que les obliguen a derivar a sus hijos

Actualmente, el 83% de los alumnos con necesidades especiales está escolarizado en centros ordinarios. El 17% restante (unos 35.000) lo está en alguno de los casi 500 centros de educación especial que hay en el país. Los padres de niños que reciben una educación especial temen que se les obligue a escolarizar a sus hijos en escuelas ordinarias donde creen que, a día de hoy, no serían capaces de atender todas sus necesidades.

“Derivar a mi hija a una escuela ordinaria sería un retroceso brutal“

“Derivar a mi hija a una escuela ordinaria sería completamente negativo, un retroceso brutal”, explica a RTVE.es Alicia. Su hija Ana, con diez años y síndrome de Down, estudia actualmente en un centro de educación especial, donde dispone de logopeda, una orientadora, dos profesores para una clase de ocho personas y recibe, entre otras, hidroterapia especializada. Su grado de discapacidad intelectual no es muy elevado y le enseñan, sobre todo, “autonomía personal”, a saber manejarse ante situaciones cotidianas. Por eso Alicia cree que su hija sería una de las candidatas a ser derivada a un centro ordinario, algo que ella no desea.

A su juicio, si su hija va a clase con niños sin discapacidad, “se encerraría en sí misma, le afectaría a su autoestima y a su bienestar emocional”. “Ahora tiene muchos amigos, se siente muy querida dentro de su clase y tiene amigos con los que hace planes. En su escuela sacan lo mejor de ella”, defiende. Pero también teme que, aunque su hija permanezca en su actual centro, la ley pueda perjudicar a la educación especial en caso de que trasvase los recursos de ésta a la educación ordinaria para integrar a niños con necesidades especiales.

“El Ministerio asegura que la ley “garantiza la libertad de las familias”“

Sobre este miedo, el Ministerio de Educación ha respondido a RTVE.es que “las familias podrán participar en la decisión a la hora de escolarizar a un alumno en un centro especial u ordinario”, a diferencia de la vigente ley LOMCE, en la que “los padres están fuera de la decisión sobre el futuro de sus hijos”. La disposición adicional cuarta de la ley, asegura el Ministerio, “garantiza que las familias tengan libertad a la hora de escolarizar a sus hijos y que lo hagan con plenas garantías de calidad en la atención educativa”.

Pero la garantía de que los padres decidirán sobre la escolarización de sus hijos no aparece de forma explícita en el texto legislativo. Respecto a los criterios para derivar a los alumnos, la ley establece que “la identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las Administraciones educativas”. Un proceso en el que “serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado”. Por otra parte, “las administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor”.

La ley no ofrece “garantías” de inclusión generalizada

La intención del Gobierno de derivar al mayor número posible de menores con discapacidad a la escuela ordinaria para recibir una educación inclusiva está fundamentada en el artículo 24.2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que España ratificó en 2008. Precisamente, el comité de discapacidad de la ONU determinó en 2017 que España incurre en un "patrón de exclusión y de segregación educativa" que discrimina a los niños con discapacidad y abogó por un único modelo de educación inclusiva. Este objetivo también es uno de los que se marca el Gobierno en la Agenda 2030.

Hoy en La Hora de La 1 hemos escuchado a Nacho, un chico que se ha hecho viral al pedir en Instagram que se mantenga la educación especial.

Pero el sector de la discapacidad duda de que la escuela ordinaria esté preparada en el plazo de diez años para ser totalmente inclusiva y denuncia la falta de “garantías” en el texto legislativo, especialmente cuando solo contempla un aumento del 5% del PIB como inversión para todo el cumplimiento de la ley, que abarca otras cuestiones.

“La educación ordinaria sigue teniendo muchísimas carencias a día de hoy“

El presidente de la Confederación Española de Personas Con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Anxo Queiruga, admite que sigue “habiendo muchísimas carencias a día de hoy” porque “un niño con dificultades, en la escuela ordinaria, no siempre tiene los apoyos que necesita”. Y pese a los esfuerzos, muchas veces “las aulas están sobredimensionadas, el profesorado no puede ver lo que ocurre si no es una discapacidad visible y aunque se dan apoyos, muchos niños necesitan una coordinación de recursos muy clara que no siempre se dan”. “Tengo claro que los niños que en este momento están escolarizados en la educación especial terminarán su etapa educativa en ella porque esto va a llevar mucho tiempo”, conluye.

Jesús Martínez, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), aboga por la educación inclusiva pero cree que “el texto de la ley es muy poco garantista”, ya que “utiliza verbos como promover o fomentar. “Pero necesitamos garantías” y financiación, denuncia Martínez.

“La inclusión no puede ser tener a un niño en un aula sino darle apoyos para participar en todo“

Porque la inclusión, dice, “no puede ser tener a un niño con necesidades especiales en un aula” ordinaria, sino “darle los apoyos para participar en todas las actividades y espacios como el recreo o extraescolares”. En este sentido, si la ley supusiera únicamente hacer un “trasvase” de niños de la educación especial a la ordinaria, “los niños se quedarían en un absoluto desamparo educativo”. Hace falta “transformar los currículos educativos y las metodologías”, añade.

La educación inclusiva y la especial, complementarias

Al igual que Ana con Alicia, otros padres y madres de niños con necesidades especiales han contado a RTVE sus experiencias tanto en centros ordinarios y en centros especiales y aseguran que las dos modalidades son válidas y necesarias dependiendo de las características de cada niño.

“Todos los padres querríamos que nuestros hijos no tuviesen dificultades, por eso muchos queremos que vayan a un centro ordinario porque deseamos que nuestro hijo pueda ser como el resto”, explica María, madre de Lucas, un niño de ocho años que sufrió una asfixia al nacer que ha derivado en graves problemas motores y cognitivos. Lucas, a día de hoy, no puede hablar ni coger un lápiz para escribir.

La primera opción de María fue la escuela ordinaria y a los dos años, matriculó a Lucas en un centro que estaba “súper implicado” y le pusieron inmediatamente un profesor terapéutico. Pero no había otros recursos como el fisioterapeuta -hubiera hecho falta, dice, que más niños lo hubieran necesitado para que hubiera uno contratado- y las clases eran de unos 20 alumnos. Pasaron los años y el pequeño, explica, se estancó en “los colores y en las vocales” y los profesores no querían seguir avanzando si no aprendía cuestiones básicas. Para ella y para Lucas era “muy frustrante”, también a nivel “emocional” porque “un niño quiere estar con sus iguales, se hace amigo de personas parecidas a él”.

Así, decidió cambiar al pequeño a otro colegio ordinario, aunque de pago, donde las clases son de seis o siete niños y muchos de ellos tienen problemas similares a los de Lucas. Un colegio, dice, donde “es feliz” y en el que nota que ha avanzado considerablemente en el último curso.

En el caso de Carlos, su hijo de cinco años y con Trastorno del Espectro Autista (TEA) se encuentra perfectamente integrado con los demás niños en un colegio público ordinario. Tiene necesidades especiales porque su cerebro percibe de forma distinta la realidad, lo que le lleva a tener problemas de interacción social y de comunicación. Explica que, en un principio, el centro les ofreció que el niño estudiara en un aula específica de Trastorno del Espectro Autista (TEA) con otros niños con problemas similares, pero descartó esta posibilidad.

“Valoramos que el niño necesitaba integración y sociabilización, él funciona por imitación y a los otros niños con TEA justo les cuesta eso. En el aula ordinaria se ha adaptado súper bien y los compañeros le ayudan también y están encantados con él.

Tiene un monitor que le ayuda si a lo mejor se hace pis y los profesores “se lo toman muy en serio, se dejan llevar por orientadores”. El niño recibe “pedagogía terapéutica” y ayuda en la audición y en el lenguaje, además de ese monitor, cuestiones que le ayudan a integrarse. Carlos -como también se llama el niño- realiza “todas las actividades con los demás niños, salvo las dos clases de refuerzos que tiene para él”. Pero su padre reconoce que no fue fácil al principio conseguir todos estos medios para su hijo en el colegio ordinario porque “al principio cuesta un poco involucrarles”.

Paco es otro padre de una niña de cinco años, Paulina, que tiene parálisis cerebral, con importante afección motora y cognitiva, y un grado de discapacidad del 68% “y subiendo”. Y sabe que su hija no podría estar atendida en un centro ordinario. “Si a mi hija la mandas a una escuela ordinaria, va a pasar de estar rodeada de especialistas que miran todo lo que hace, desde su postura hasta su forma de comer, a recibir una visita aislada dos o tres veces por semana”, asegura.

“Uno de los días más felices fue cuando hablamos con su logopeda, que nos dijo que la niña era capaz de decir ‘sí’ o ‘no’ con la cabeza”, explica emocionado. “Nosotros no sabíamos si era capaz de entender las preguntas”, añade. Explica que, gracias al número tan reducido de niños en el aula, los profesores pudieron observar muy detenidamente la evolución de la niña y se dieron cuenta de los leves gestos (“milimétricos”) que hacía con la cabeza cuando una profesora le sujetaba la mano con la barbilla. “Eso nos abrió un mundo de posibilidades”, explica, al igual que la comunicación por pictogramas que la niña ya maneja en su ordenador a través de su mirada. Unos avances que le permiten comunicarse con el mundo, dice, que hubieran sido imposibles en un colegio corriente.

Mientras, muchas dudas siguen por resolver sobre la forma en la que se aplicará la llamada ‘ley Celaá’: ¿Cuántos niños se van a derivar? ¿En qué condiciones? ¿De qué medios se van a dotar a los centros? Lo único que deja claro la ley es que las administraciones educativas deberán reservar una parte de sus plazas hasta el final del período de preinscripción y matrícula y “podrán autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por aula”.