Campo dice que hay acuerdo para la renovación del CGPJ y el PP lo niega
- Casado rechaza que haya un pacto y culpa a Sánchez del bloqueo al considerar que el PSOE prefiere pactar con Bildu o ERC
- La reforma del Código Penal planteará un refuerzo del delito de desobediencia al Constitucional
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dado por hecho este lunes el acuerdo con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solo a falta de que se "exteriorice", extremo que los 'populares' han negado.
El ministro ha señalado en un acto por la mañana que "solo falta hacer público" el acuerdo de renovación y que, aunque desconoce el mecanismo para hacerlo, a él no le importaría que fuera con una rueda de prensa o de cualquier otro modo que eligiese el PP.
"Es poco lo que nos separa y mucho lo que nos une", ha añadido el titular de Justicia, tras subrayar algunas cuestiones que incluyen el mecanismo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces como dotar de mayor peso a la carrera judicial en la designación de vocales o la obligatoriedad de que un magistrado del Supremo no sea designado con menos de trece votos del consejo.
El PP rechaza que haya acuerdo
El líder de la formación, Pablo Casado, ha negado este mismo lunes que haya acuerdo sobre renovar el CGPJ y ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del bloqueo en las negociaciones, al considerar que el PSOE prefiere pactar con Bildu o ERC.
Por su parte, la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha rechazado de plano las palabras de Campo: "No es verdad lo que ha dicho el ministro de Justicia", ha señalado al tiempo que recordaba las condiciones de su partido para renovar el órgano de gobierno de los jueces: que Podemos quede fuera de las negociaciones y que se avance en la independencia del poder judicial.
Sobre este asunto el ministro de Justicia ha estimado que no es legítimo vetar a nadie como vocal porque "no hay nadie que tenga el carné de autenticidad", mientras que el líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha avisado: si el PP no quiere que su partido esté representado en el CGPJ, "no quedará más remedio que cambiar la ley" y rebajar las mayorías parlamentarias exigidas para elegir a los vocales.
El grupo socialista y Unidas Podemos registraron en octubre en el Congreso una polémica proposición de ley con ese objetivo y, después de que el Consejo de Europa y la Comisión Europea advirtieran de que vigilarían de cerca la reforma para evitar una politización del Consejo, Sánchez se ofreció a dejarla en suspenso para favorecer la negociación con el PP.
Pero la propuesta sigue en el registro de la Cámara Baja a la espera de ser tramitada. "Lo que no podrá pretender el PP es que no se vaya a renovar la cúpula del CGPJ, porque nosotros les parezcamos unos terribles bolcheviques", ha señalado Iglesias en una entrevista en La Sexta.
El PP lleva semanas exigiendo que esa iniciativa se retire, pero el PSOE y Podemos solo la tienen congelada. Al respecto, el portavoz adjunto del grupo socialista del Congreso, Rafael Simancas, no ha querido fijar un plazo concreto para reactivarla, ya que, dice, siguen esperando a que el PP actúe con sensatez y responsabilidad constitucional.
Si no se cambia la ley, sus votos son necesarios, pues la normativa vigente exige que los vocales del GGPJ cuenten con el respaldo de tres quintos de las cámaras.
Refuerzo del delito de desobediencia al Constitucional
En cuanto a la reforma del Código Penal, Campo ha anunciado que planteará el refuerzo del delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, tras observar que esta infracción no estaba suficientemente regulada.
"Es una de las carencias que particularmente veo", ha destacado en un desayuno informativo organizado por Europa Press al ser preguntado por la modificación de los delitos de sedición y rebelión en el próximo Código Penal y la necesidad de abordar una respuesta a quienes desobedecen la Constitución, como sucedió en 2017 con la convocatoria del referéndum ilegal en Cataluña.
Campo ha anunciado que la desobediencia al Constitucional está planteada en el proyecto de reforma del Código Penal, si bien no ha detallado en qué términos y con qué penas, si bien sí ha dicho que está previsto que el proyecto pueda ir a Consejo de Ministros antes de que acabe el año. "Le dimos un cometido unos cometidos al Tribunal Constitucional, pero no hemos establecido qué castigos se deben imponen los que incumplen", ha señalado.
Respecto a la reforma de los delitos de sedición y rebelión, que también están sobre la mesa del debate de la futura norma penal, el ministro ha dejado claro que Europa es quien nos ha hecho reflexionar sobre estos preceptos que "chirrían" y que "nunca habíamos tenido que tocar". En este sentido, ha explicado que se está estudiando su modificación para adecuar estas "conductas muy graves" a la realidad.
Ha sostenido que la reforma no supondrá en absoluto una "destipificación" de estas conductas, pues lo sucedido "es muy grave". Ahora bien, ha defendido que se dará una respuesta legislativa proporcional entre el bien jurídico protegido y lo acontecido.
Preguntado sobre si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont podría verse beneficiado de esa modificación en los delitos de rebelión y sedición, el ministro ha asegurado que "lo normal" ante cualquier modificación legislativa es que el Supremo valorase si es o no revisable la sentencia.