El Consejo de Transparencia ordena a Sanidad que dé a conocer los nombres del comité de expertos

• Argumenta que prima el derecho a la información sobre "decisiones relevantes" frente a la protección de datos
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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, durante una rueda de prensa.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha ordenado al Ministerio de Sanidad que dé a conocer los nombres del comité de expertos al que se aludió como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus y que, finalmente, resultó estar formado por el equipo de técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), liderados por Fernando Simón.

En su resolución, a la que ha tenido acceso RTVE, el Consejo considera que hacer pública esta información no vulnera el derecho a la protección de datos, sino que favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en "decisiones relevantes".

El CTBG se ha posicionado a favor de un abogado que el mismo 6 de mayo, cuando Simón se negó en rueda de prensa a hacer pública la composición del comité de expertos, pidió al Ministerio de Sanidad que le informara sobre el número de personas que lo integraban y que las identificara con nombres y apellidos.

Fernando Simón: "No había un comité de desescalada"

Ahora, el Consejo de Transparencia ha dado un plazo de diez días al Ministerio de Sanidad para que remita al abogado y al mismo órgano los detalles del número, nombre y apellidos de los expertos pertenecientes a la Dirección General de Salud Pública. La decisión pone fin a la vía administrativa, pero que se puede recurrir durante los dos meses siguientes ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid.

Sanidad denegó ofrecer la información por "protección de datos"

La Dirección General de Salud Pública, en un escrito del 29 de septiembre, denegó esta información al abogado "por motivos de protección de datos", alegando que los miembros del comité de expertos son "personal público que no tiene la consideración de alto cargo ni personal directivo".

Públicamente, Sanidad reconoció que no existía un comité de expertos para la desescalada al margen del equipo de Fernando Simón, después de que el PP solicitara la intervención del Defensor, Francisco Fernández Marugán, porque quería conocer los nombres de los integrantes de ese comité técnico de desescalada al que el Gobierno aludía como órgano de asesoramiento para tomar las decisiones, en un momento en que algunos gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad de Madrid, protestaban porque no se les dejaba cambiar de fase en la desescalada.

Illa reconoce que no se creó un comité de expertos al margen del equipo de Simón

Entonces, preguntado sobre esta cuestión, el Ministerio de Sanidad negó al Consejo de Transparencia que existiera un comité de expertos encargado de decidir qué territorios iban avanzando y se concretó que se trataba de expertos pertenecientes a la Dirección General de Salud Pública.

Control de la actividad pública en la "toma de decisiones relevantes"

"No solamente no atenta contra los datos personales de los afectados, sino que contribuye al control de la actividad pública y a que los ciudadanos conozcan el proceso de toma de decisiones relevantes en materia de salud pública, máxime en situaciones extraordinarias, como la producida por la pandemia de Covid-19", ha sostenido el Consejo de Transparencia en su resolución.

El letrado acudió al CTBG para que obligara al Ministerio de Sanidad a entregarle esta información. "Si no se me facilita a mí o al Consejo de Transparencia el listado de expertos, nunca sabremos si lo que se me indica por la entidad reclamada es cierto", indicó.

Además, el abogado adujo que "es ciertamente surrealista mantener a ultranza que los miembros de un comité de expertos no son formalmente altos cargos o directivos (...), pues en buena lógica y a nivel práctico y real se trata de personas que ocupan una posición destacada, de consulta y decisión, en una pandemia cuya información tiene relevancia pública".

"Prevalece el derecho de acceso a la información pública"

El CTBG ha contestado que no considera aplicable "el límite de la protección de datos invocado por la administración" porque al ser "datos meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano requerido", el Ministerio de Sanidad, "prevalece el derecho de acceso a la información pública".

A este respecto, ha citado una sentencia de 2017 de los juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid para destacar que el derecho a la información no solo es "esencial" en democracia, sino que "las administraciones públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos, por lo que toda la información que generan y poseen pertenece al ciudadano".

El Consejo de Transparencia ha querido puntualizar asimismo que "informar sobre el número de expertos no puede considerarse contrario a ese derecho (a la protección de datos personales), al tratarse de un mero dato numérico sin identificación de persona física alguna", y que es irrelevante si los expertos ostentan o no un puesto de alto cargo.

También ha criticado que el Ministerio de Sanidad se retrasara respecto a los plazos legalmente establecidos para contestar al abogado, ya que la respuesta no llegó hasta el 29 de septiembre y la petición se hizo el 6 de mayo, y que no hiciera alegaciones ante el CTBG.

Casado: "No se puede mentir a todo el mundo todo el tiempo"

Tras conocerse la resolución, el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado en su cuenta personal de Twitter que "no se puede mentir a todo el mundo todo el tiempo", mientras que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha avisado al Ejecutivo que es una "obligación" y no "una opción" que dé a conocer los nombres de ese comité que le asesora y se ha preguntado si esos expertos "existen".

También la vicesecretaria de Política Social del PP y vicepresidenta de la Mesa del Congreso, Ana Pastor, ha reaccionado a la noticia. "Estoy expectante", ha afirmado un tuit.

Preguntada por los periodistas este lunes por la tarde, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha declarado que el Ejecutivo va a "valorar" y "estudiar" la resolución.  "Cuando tengamos una decisión tomada la conocerá públicamente todo el mundo", ha zanjado.