Unidas Podemos pide la reforma del delito de sedición y los indultos a los presos independentistas antes del 14F

• Instan al Gobierno a pasar "de las palabras a los hechos" para garantizar la "normalidad" en las elecciones catalanas
• Jaume Asens considera una "anomalía" que haya todavía independentistas en prisión

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una imagen de archivo.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha urgido este martes al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a acelerar la reforma de los delitos de sedición y rebelión y la tramitación de los indultos a favor de los condenados por el 'procés' para garantizar la "normalidad" en las elecciones catalanas, durante un debate en el que el ministro ha defendido la partida presupuestaria de su cartera como la vía para "transformar" la administración de justicia.

Asens ha aprovechado su turno de palabra para reprochar a Campo que, durante el desayuno informativo celebrado el lunes por Europa Press, abriera la puerta a incumplir el plazo que se dio él mismo para presentar antes de final de año el borrador de la reforma del Código Penal para rebajar las penas de los delitos de sedición y rebelión y ajustarlas a los estándares europeos.

"Celebramos que Europa le abriera los ojos en este asunto, pero ahora es el momento de pasar de las palabras a los hechos, no podemos esperar más", ha dicho Asens, afeando al ministro que Unidas Podemos lleva meses esperando a que responda a su propuesta de reforma penal. "Nada es más injusto que una justicia tardía y cada día que pasa sin abordar esa reforma es un día más de injusticia", ha argumentado.

En la misma línea, ha instado a Justicia a agilizar la tramitación de dichos indultos. Asens ha esgrimido que "las próximas elecciones catalanas deben celebrarse con normalidad y es una anomalía que haya todavía presos independentistas en prisión". "Necesitamos acabar con esa anomalía", ha sostenido, reivindicando que "cualquier propuesta de desbloqueo del conflicto en Cataluña pasa inevitablemente por su desjudicialización".

La oposición denuncia el uso de la Justicia como "moneda de cambio"

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha criticado precisamente a Campo por permitir que se use al Ministerio de Justicia como "moneda de cambio" para conseguir el apoyo de ERC y Bildu a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Es una vergüenza que los presupuestos se cambien por indultos, por la reforma de los delitos de sedición y rebelión y que se mire para otro lado cuando se hacen homenajes a presos etarras", ha denunciado.

En un tono similar, el diputado del PP Luis Santamaría ha criticado al PSOE por las "cesiones ignominiosas que avergüenzan al socialismo de bien" porque --según ha dicho-- "han cambiado presos por presupuestos" y pretenden "blanquear a Bildu". Frente a ello, ha insistido en la propuesta 'popular' de crear una sección en la Fiscalía de la Audiencia Nacional para esclarecer los crímenes no resueltos de ETA.

Asens ha contestado a Bal que "no hay ningún intercambio de cromos", ya que se trata de "un compromiso de legislatura de PSOE y Podemos", y ha dado expresamente las gracias a ERC, Bildu y PNV por "querer dejar atrás unos presupuestos de austeridad, un legado del PP marcado por la degradación de los servicios públicos, los recortes de derechos y la corrupción".

Por otro lado, la oposición ha reprochado de forma generalizada a Campo que de los 27.000 millones de euros del dinero que recibirá España de la Unión Europea para la recuperación tras la pandemia de coronavirus el Ministerio de Justicia solo haya conseguido 27 millones de euros para los PGE de este año.

Mientras que Campo, que ha expuesto en detalle las cuentas de su Ministerio --que asciende a 2.144 millones de euros (un 7,5 por ciento más que en las cuentas anteriores)--, ha defendido que "son unos presupuestos de transformación de la administración de justicia" que permitirán emprender "reformas estructurales en un esquema de cogobernanza" con las comunidades autónomas. El ministro ha reconocido que los 410 millones de euros que Justicia recibirá a lo largo de tres años de la UE son un elemento esencial de este proyecto. Los 27,74 millones de euros de 2021 se usarán en las medidas tecnológicas frente a la COVID-19, como la inmediación digital, la cita previa y el teletrabajo. Una vez aprobadas las leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital --ha explicado Campo--, 2022 y 2023 serán para ejecutar el grueso de los fondos europeos, 382 millones de euros, "de forma realista y coordinada".