El independentismo denuncia una "venganza política" del Supremo por revocar el tercer grado a los presos del 'procés'

• El presidente de la Generalitat en funciones y el del Parlament reclaman una ley de amnistía y un referéndum independentista
• Los presos también cargan contra la "represión" del Tribunal Supremo

El independentismo denuncia una "venganza" del Supremo por revocar el tercer grado a los presos del 'procés'

El independentismo ha cargado con dureza este viernes contra lo que considera una "venganza" del Tribunal Supremo, que ha revocado el tercer grado a los nueve condenados a prisión por el 'procés' y ha clamado por una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación.

Así se han pronunciado tanto el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, el presidente del Parlament, Roger Torrent y los líderes condenados por una decisión del Supremo que afecta principalmente a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a la exconsellera Dolors Bassa, ya que al resto de presos ya se les había suspendido cautelarmente el tercer grado.

"El Tribunal Supremo persiste en la sed de venganza, un Supremo controlado por la derecha judicial", ha denunciado Aragonès en una rueda de prensa. El también coordinador de ERC ha remarcado que esta decisión del Supremo contradice las otras de jueces especializados en materia penitenciaria -que habían mantenido el tercer grado a Forcadell y Bassa-, por lo que ha concluido que "no es más que una venganza política".

Pero ha advertido de que no les van a "frenar con el Código Penal", así que ha abogado por desplegar desde el independentismo "más voluntad democrática y más política que nunca". En este sentido, Aragonès ha reclamado una "ley de amnistía" y negociar un "referéndum de autodeterminación".

Torrent habla de una "cruzada" y pide la amnistía

En una declaración ante los medios en el Parlament, su presidente, Roger Torrent ha respondido con contundencia: "La decisión del Supremo es venganza. Pura y simple venganza. Una decisión que va en contra de todos los principios del derecho penitenciario solo para mantenerles en prisión, que se carga el criterio de las juntas de tratamiento y los tribunales de vigilancia penitenciaria".

El dirigente republicano ha enmarcado esta decisión en la "cruzada de los enemigos del diálogo contra la política y la resolución democrática del conflicto", y para "reventar e impedir cualquier vía de negociación". Pero también ha calificado de "vergonzoso" que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "no se atreva a parar los pies a los enemigos del diálogo, que quieren hacer descarrilar cualquier vía de negociación dialogada".

"Tienen la capacidad para generar condiciones necesarias para acabar con esta injusta represión. Que lo hagan en la línea de lo que reclama la mayoría de la ciudadanía de Cataluña: amnistía y referéndum. Tienen instrumentos y herramientas para hacerlo. Que se dejen de retórica y lo hagan", ha señalado.

También la consellera de Justicia del Govern, Ester Capella, ha cargado en Twitter contra la "venganza" del que es "el tribunal más politizado de Europa y más cuestionado en Europa" y ha asegurado que "todos los juzgados habían avalado los terceros grados de todos los presos. ¡Todos!", ha escrito la titular de Justicia . En este sentido, Capella considera que los magistrados del Supremo "se alejan más del derecho e insisten en la venganza", como "nos tienen acostumbrados".

Para la consellera, el Tribunal Supremo ha hecho así prevalecer la "razón de Estado" por encima de las "razones del derecho", en definitiva, para, ha considerado, "volver a aquellos principios que inspiraban a los tribunales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX".

Los presos denuncian la "represión"

La decisión del alto tribunal también ha sido criticada por los presos afectados a través de las redes sociales. El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, que fue condenado a la pena más alta (trece años), ha coincidido en que la decisión del Supremo es en una nueva "venganza" y ha mandado un "abrazo enorme" a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a la exconsellera Dolors Montserrat porque ellas eran las únicas que seguían disfrutando hasta hoy el tercer grado -el resto de presos lo tenía suspendido de forma cautelar-.

Precisamente, Forcadell ha criticado también en Twitter que "la justicia y la represión continúan" y Bassa ha reprochado haberse enterado "una vez más por los medios de comunicación" antes de que el auto les llegara a los afectados o a sus abogados.

El exconseller Raül Romeva también se ha pronunciado: "Se confirma el más previsible de los escenarios", ya que "el Supremo ha vuelto a dictar sentencia y, poco a poco, este Estado se va convirtiendo en una gran cárcel, una democracia fallida que están creando ellos mismos".

Para el exconseller Jordi Turull, "el escarmiento, la venganza de Estado y la aplicación del derecho penitenciario del enemigo no dejan ningún margen para las sorpresas". Por su parte, el exconseller Josep Rull ha indicado en las redes sociales: "lo dijimos desde el primer día: al Tribunal Supremo no le preocupa ni la justicia ni los derechos civiles, solo el escarmiento", y ha añadido que "la revocación del tercer grado es un castigo político, por nuestra ideología", con lo cual "cada día que pasa, el estado de derecho se empequeñece un poco más".

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha apuntado en su perfil en Twitter: "no lo olvidemos, los presos y exiliados no somos la visualización de ninguna derrota" y ha añadido que "hoy más que nunca amnistía y autodeterminación, serenidad, coraje y ni un paso atrás. ¡Viva Cataluña libre!".

Por último, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez ha señalado que "la tenacidad del Estado y el Tribunal Supremo por ahogarnos es constante y previsible, ninguna sorpresa, retuercen la ley, cambian jurisprudencia, destrozan garantías penales y derechos", porque "España lo vale", y aquí, mientras tanto, aún buscamos el hilo perdido que nos hizo tan fuertes el 1-O".