Escrivá avanza que penalizará la rescisión de contratos los fines de semana para no pagar cotizaciones sociales
- El ministro de Seguridad Social apunta que es "una práctica intolerable" que también se da en verano
- Escrivá cuantifica en 30.000 millones de euros el coste de los ERTE en este ejercicio
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que el Gobierno estudia introducir una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja los contratos de sus trabajadores durante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social.
Durante su intervención en un desayuno online de Nueva Economía Fórum, Escrivá ha subrayado que se trata de una práctica "intolerable", que también se realiza en los meses de verano, "que no debe aceptarse y que claramente se va a penalizar".
"Vamos a establecer una tasa por las bajas de contratos. Estamos estudiándolo", ha señalado el ministro, que ha explicado que el sistema actual, que permite dar de alta y de baja contratos de manera ágil, está posibilitando estos usos "no aceptables", que llevan asociada una pérdida de protección a los trabajadores al no pagarse las cotizaciones correspondientes a los fines de semana.
"Se ha convertido en algo cultural en España, no podemos aceptarlo", ha enfatizado Escrivá que recuerda que no ocurre en otros países de nuestro entorno. También ha emplazado a las Administraciones Públicas a trabajar para reducir la elevada temporalidad en sectores como educación o sanidad.
Cada mes, el 90 % de los contratos que se firman en España son temporales y de ellos alrededor del 25 %, uno de cada cuatro, son de muy corta duración, es decir con una duración inferior a los siete días. Escrivá ha señalado ésta como una de las vías para atajar la dualidad y la excesiva temporalidad en el mercado laboral español.
Los ERTE cuestan 30.000 millones este año
Además sostiene que debe abordarse la elevada tasa de paro estructural donde ha apuntado a mejoras de las políticas activas de empleo, el fomento de la movilidad laboral o la introducción de los ERTE como un elemento estructural con más peso de formación para los afectados.
Escrivá ha cuantificado el coste de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en 30.000 millones de euros, y no ha querido cifrar el gasto que este mecanismo supondrá en 2021 porque dependerá de muchos factores, entre ellos por cuánto tiempo se prolongan los ERTE una vez finaliza su actual vigencia, que alcanza hasta el próximo 31 de enero.
En todo caso, ha señalado que en enero se volverá a discutir con los agentes sociales sobre el marco de los ERTE y su posible extensión, momento en el que ya se podrán tener en cuenta además algunos datos sobre las vacunas contra el coronavirus.
Plan de ayudas a la hostelería
Sobre el plan para ayudar a la hostelería en el que trabaja el Gobierno, el ministro no ha querido entrar en muchos detalles pero sí ha avanzado que contendrá medidas fiscales y exoneraciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social.
El gobierno avanzó hace más de un mes que estaba elaborado un programa de apoyo a bares y restaurantes y que algunas medidas se podrían aprobar de manera inminente como plan de choque, pero los hosteleros siguen esperando. El sector reclama 8.500 millones de euros en ayudas directas para paliar el impacto de las restricciones y una bajada del IVA, entre otras reclamaciones.
Otros países europeos como Alemania, Francia o Italia ya han lanzado planes millonarios para ayudar a la hostelería, denuncian desde la patronal de la hostelería española.
No hay propuesta "sólida" sobre la semana laboral de cuatro días
En cuanto a la semana laboral de cuatro días, Escrivá ha asegurado que no existe ninguna propuesta "sólida" en el ámbito del Gobierno para reducir la jornada a 32 horas semanales, pese a que la ministra de Trabajo sostiene que lo está estudiando y su implantación también ha sido defendida por los sindicatos.
Por otro lado y en relación a la futura reforma de las pensiones, Escrivá ha señalado que, ahora que ya se tienen las recomendaciones del Pacto de Toledo, se está discutiendo esta materia en el ámbito del diálogo social y con las autoridades europeas. Por ello, ha querido ser discreto y no revelar detalles sobre esta futura ley.