El Gobierno baraja compensar a las grandes inmobiliarias por los desahucios suspendidos

• La compensación consistiría en el precio medio de alquiler en el entorno en el que se ubique el inmueble
• La prohibición de desahucios a familias vulnerables se aprobará en el próximo Consejo, según fuentes de Unidas Podemos

Varios activistas de la Coordinadora de Vivienda de Madrid en una manifestación para solicitar la paralización de los desahucios.

Las grandes inmobiliarias podrían ser compensadas por los desahucios suspendidos durante el estado de alarma, según el borrador de decreto-ley antidesahucios que ha llevado este jueves el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

El proyecto del departamento de Ábalos, por la que las grandes inmobiliarias tendrían derecho a solicitar una compensación por el perjuicio que le haya ocasionado la suspensión del desahucio de una familia vulnerable sin contrato de arrendamiento, está sujeta todavía a aportaciones de otros ministerios, pero según ha avanzado fuentes de Unidas Podemos, será aprobado en el próximo Consejo de Ministros que se celebrará el martes que viene.

Según el borrador, al que ha tenido acceso EFE, podrían solicitar esta compensación una vez transcurridos los tres meses que tendrá la administración para ofrecer a esa familia una solución habitacional.

La compensación: precio medio más gastos

La compensación consistiría en el precio medio de alquiler en el entorno en el que se ubique el inmueble, lo que será determinado a partir de los índices de referencia, más los gastos corrientes de la vivienda asumidos y acreditados por el arrendador en el período que medie entre la suspensión del desahucio y su levantamiento.

Desde Unidas Podemos han destacado que aunque "la compensación a grandes tenedores no les agrada", la han aceptado para lograr que el decreto antidesahucios "saliese adelante y nadie se quede sin techo durante el estado de alarma".

Sin embargo, han subrayado que se ha conseguido que estas compensaciones se abonen solo en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico y que en ningún caso los propietarios que tuvieran viviendas vacías recibirán compensación económica alguna por parte del Estado.

Motivo de fricción en el seno del Gobierno

La ley antidesahucios ha sido uno de los asuntos que ha dividido a los dos partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos. Primero por la presión de Podemos a raíz de la enmienda, luego retirada, a los Presupuestos Generales que suscribió con ERC y Bildu para ampliar la prohibición de desahucios, una de sus principales demandas sociales. Esta maniobra provocó un fuerte malestar en las filas socialistas y varios ministros afearon al vicepresidente Pablo Iglesias en público su comportamiento.

Luego Unidas Podemos acusó hace días al PSOE de retrasar la aprobación del decreto al insistir, tras varias semanas de negociación, en que se compense "con dinero público" a los grandes tenedores de vivienda. Lo achacaban a una exigencia de los ministerios de Justicia y Economía. Mientras, desde el PSOE explicaron que se perseguía otorgar seguridad jurídica a la medida.

Este jueves, fuentes de la formación morada han celebrado que el acuerdo "permitirá que ninguna persona vulnerable sea desahuciada sin alternativa habitacional y que garantizará que esta alternativa sea digna", por lo que no podrán ser realojados en un albergue. Hasta ahora, la paralización se limita hasta enero del año que viene y para situaciones de impago del alquiler por situaciones derivadas de la crisis de la COVID-19. Ahora se incluyen todos los casos, también los anteriores a los originados por la pandemia.

El documente establece que la condición de vulnerabilidad se concederá mediante los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados aleguen dicha vulnerabilidad.

Polémica por los cortes a los suministros

Por otro lado, Unidas Podemos ha lamentado que el decreto no incluya también la prohibición del corte de todos los suministros, un punto que también ha sido discutido en público. Este mismo miércoles la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y miembro de Unidas Podemos, Ione Belarra, desmintió a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, después de que señalara que el refuerzo de la protección a las personas vulnerables "no depende solo" de incluir en un decreto ley la prohibición del corte de suministros.

Belarra defendió en una entrevista en TVE que esta medida no se planteó por la secretaria de Estado de Energía en la reunión que mantuvieron el pasado 4 de diciembre, y abogó porque se incluya de forma "urgente" la prohibición en el decreto sobre desahucios y que se amplíe al gas y el agua, "para que se lleve a cabo antes de Navidad".

Extremo que han reiterado este jueves: "Garantizar una vivienda digna en estos momentos supone que ésta cuente con electricidad, gas y agua. En ese sentido, desde Unidas Podemos se espera que Transición Ecológica traslade una propuesta en estos términos cuanto antes".

La iniciativa corresponde sobre todo a los Ministerios de Transportes y Agenda Urbana y Vicepresidencia Segunda del Gobierno, pero también han estado involucrados Justicia y Economía.