Bárcenas dice al juez que un abogado del PP le amenazó con que su mujer iría a prisión si "hablaba"
- Ha declarado en el marco de una subpieza secreta en la que se investiga a su exchófer, Sergio Ríos
- Ha asegurado que le contrató por recomendación de alguien cercano al PP y su hijo ha comparecido como perjudicado
El extesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado ante el juez de la 'operación Kitchen' que, cuando estuvo en prisión preventiva en la cárcel madrileña de Soto del Real en 2013, un abogado al que ha vinculado con el partido fue a visitarle y le advirtió de que si hablaba su mujer Rosalía Iglesias acabaría en la cárcel.
Bárcenas ha declarado este viernes por videoconferencia desde esa misma prisión, donde cumple condena por el caso Gürtel, como perjudicado en la causa del caso Villarejo en la que se investiga el espionaje a su familia por parte de un operativo parapolicial -conocido como Kitchen- presuntamente diseñado por el Ministerio del Interior ese mismo año, han informado a Efe fuentes jurídicas.
En su declaración ante el juez Manuel García Castellón, que se ha producido en el marco de una subpieza secreta de Kitchen en la que se investiga al exchófer de Bárcenas Sergio Ríos, que supuestamente actuó como confidente policial, el extesorero se ha referido a la visita que le hizo en prisión el abogado Javier Iglesias, que actualmente, entre otros, defiende al cabecilla de Gürtel Francisco Correa o a la mujer del excomisario José Villarejo, Gemma Alcalá.
Según Bárcenas, Javier Iglesias fue a presionarle como abogado del PP, que entonces presidía Mariano Rajoy, extremo que este letrado ha desmentido a Efe como, ha recordado, ya hizo en su día.
Dice que contrató a Ríos por recomendación de alguien cercano al PP
El extesorero ha sido también preguntado sobre cómo se produjo la contratación como chófer de Sergio Ríos y que, según la investigación, llegó a copiar documentos que después facilitó a uno de los policías imputados en Kitchen, el excomisario Enrique García Castaño, El Gordo.
Así, el extesorero del PP ha afirmado que fue él quien le contrató por recomendación de alguien cercano o vinculado al PP, han indicado las fuentes consultadas por Europa Press.
Ya en la declaración que prestó como testigo el pasado 16 de enero de 2019 en esta pieza 7 del caso 'Tándem', Bárcenas explicó al magistrado García Castellón que contrató a Ríos como chófer en febrero de 2013 porque se había quedado sin conductor y necesitaba otro, dada la "presencia mediática constante" en la puerta de la vivienda familiar. Entonces aseguró que una mujer que había trabajado para la familia durante "muchísimo tiempo", y que tenía dos hijos que habían trabajado para el PP y eran policías nacionales, le recomendó a Ríos porque ella y sus hijos lo conocían "desde que eran muy jóvenes".
Declara su hijo, 'Willy Bárcenas, como perjudicado
El hijo de Luis Bárcenas y líder del grupo musical Taburete, Guillermo ('Willy') Bárcenas, también ha comparecido este viernes por el caso Kitchen tras admitirse su personación también como perjudicado por estos hechos.
Se le ha preguntado fundamentalmente por el asalto de un falso cura al domicilio de la familia Bárcenas, también en 2013 estando el extesorero en prisión preventiva, un asunto por el que el ya fue condenado a prisión el autor, quien no pudo declarar en esta causa al determinar el forense que no estaba en condiciones de salud.
En esta pieza, en la que también figura como perjudicada la mujer del extesorero Rosalía Iglesias, quien ingresó recientemente en prisión por el caso Gürtel, se investiga si ese episodio está también relacionado con el espionaje al entorno de Bárcenas, supuestamente en busca de documentos comprometedores para dirigentes del PP.
Además del excomisario José Villarejo, en este procedimiento están imputados exdirigentes políticos como el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su entonces segundo, Francisco Martínez; y varios miembros de la antigua cúpula policial como el ex número dos de la Policía, Eugenio Pino.
Este último declaró esta semana que su inmediato superior, el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, habría estado al tanto de la operación que, sin embargo, enmarcó dentro de la legalidad.