La educación concertada vuelve a llenar las calles de coches para protestar contra la 'ley Celaá'

• La manifestación en más de 50 ciudades, convocada por 'Más Plurales', recibe el apoyo de PP, Vox y Cs
• Celaá asegura que la ley tiene un "amplio respaldo" y Casado pide "libertad"

La educación concertada ha vuelto a salir este domingo a la calle para protestar contra la llamada 'ley Celaá', que se aprobará previsiblemente el próximo miércoles en el Senado, en una manifestación en coche que ha recibido de nuevo el apoyo de PP, Vox y Ciudadanos. Los dos primeros partidos prevén recurrir la ley en el Tribunal Constitucional cuando termine su tramitación.

Convocados por la plataforma 'Más Plurales', los manifestantes han recorrido unas 50 ciudades -exceptuando las de País Vasco- contra la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), por las polémicas medidas para suprimir el castellano como lengua vehicular en la educación, algunos recortes a la educación concertada y su plan para derivar alumnos de la educación especial a la ordinaria.

En Madrid, los coches han vuelto a recorrer el Paseo de la Castellana desde las 11.00 y hasta las 13.00, partiendo desde Cuzco y con destino Cibeles. La Policía Nacional ha cifrado entre 1.000 y 1.200 los automóviles que se han manifestado con pasquines amarillos y naranjas con el lema "Stop ley Celaá". Junto a los participantes se ha podido ver también una furgoneta amarilla con la frase "Queridos Reyes Magos, os pido libertad de enseñanza".

Celaá dice que la ley tiene "un amplio respaldo" y Casado pide "libertad"

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado por su parte que la Lomloe está teniendo un "amplio respaldo" de la comunidad educativa y que es necesaria y urgente". "Viene a deshacerse de todos aquellos abusos, desequilibrios, que se habían amontonado en nuestro sistema educativo. Eran obstáculos para que las personas pudiera seguir progresando", ha criticado durante su intervención en el acto 'El derecho a la Educación: de la LODE a la LOMLOE' organizado por el PSOE.

14 horas Fin de Semana - Celaá defiende la Ley de Educación: "Está teniendo el respaldo de la comunidad educativa" - Escuchar ahora

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado desde la concentración en Madrid que “la mayor parte de españoles quieren libertad, calidad y vertebración”, también los padres de la educación pública, que “quieren seguir eligiendo los colegios”. Ha mostrado su compromiso para derogar la ley cuando el PP llegue al Gobierno y ha pedido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que “escuche a los tribunales y a Europa”. Se ha referido, en concreto, a la sentencia del TSJC que obliga a la Generalitat de Cataluña a impartir un 25% de la educación en castellano.

Los mismos argumentos han utilizado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, quienes también han acudido a la concentración. El PP está dispuesto a combatir la ley en las comunidades autónomas donde gobierna. Precisamente, Ayuso avanzó recientemente que elevaría los conciertos educativos a diez años para blindar la concertada ante la futura ley y dijo que se adelantaría la preinscripción del próximo curso para que no les afecte la futura ley educativa.

PP, Vox y Cs apoyan la manifestación contra la 'ley Celaá'

Casado ha defendido también que Galicia "garantizará el castellano como vehicular", que Murcia adelanta también el plazo de inscripción, que Castilla y León no permitirá pasar de curso con suspensos y que Andalucía va a garantizar la elección de centro

Por su parte, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha reivindicado el 'pin parental' -la medida para que los padres puedan vetar actividades como las charlas LGTBI que propone Vox- para que "nadie pueda adoctrinar" a los alumnos y ha reclamado "libertad". También el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha criticado que "PP y PSOE llevan muchos años mirando para otro lado" en la educacion y ha reivindicado la escuela en castellano. Cree que la ley es "un acto de cercenamiento del derecho de los padres" a elegir la educación.

'Más Plurales' critica una ley "injusta" que "ataca" a la "libertad"

El secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FISIE) de Madrid, Francisco José del Castillo, ha querido lanzar "un último grito" para decirle al Gobierno que no están de acuerdo con esta ley "injusta" que "ataca" la libertad de los ciudadanos y la libertad de elección de las familias.

Con ello, según el portavoz de esta federación y de la plataforma 'Más Plurales', Javier Muñoyerro, también se ponen en "serio peligro" miles de puestos de trabajo, tanto de profesionales de la enseñanza como de personal de administración y servicios de colegios concertados.

La movilización de este domingo se suma a las otras cinco celebradas este mes de noviembre y diciembre frente al Congreso y el Senado, así como la del 22 de noviembre en vehículos, y se enmarca en el calendario de acciones previstas de la campaña 'Más Plurales, Más Libres, Más Iguales' que ha puesto en marcha la Plataforma para intentar paralizar la nueva ley de Educación, una ley que, a su juicio, ha sido tramitada "sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil". Pero además, según denuncia, la LOMLOE supone un "ataque" a la educación concertada y la educación especial.

Las medidas polémicas de la ley

El redactado de la 'Ley Celaá' contempla no ceder suelo público para escuelas concertadas, la prohibición de que los concertados segreguen por sexo y la eliminación del criterio de "demanda social" de los concertados al priorizar el aumento de plazas públicas, entre otras cuestiones.

Para Más Plurales, la supresión de la "demanda social" de los centros privados sostenidos con fondos públicos "deja vía libre para que la Administración suprima aulas en los centros concertados y las abra únicamente en centros públicos", lo que para ellos supone un "ataque a la libertad" porque entienden que se vulnera el derecho de las familias de elegir centro para sus hijos.

Pero además, la Plataforma ha expresado su preocupación por lo relativo a la asignatura de Religión, que seguirá siendo de oferta obligatoria y de carácter voluntario para los alumnos, pero que como novedad no contará para la nota media, al no tener una asignatura alternativa. La Plataforma considera que este cambio "relega la Religión al estatus de asignatura de segunda, que ocupará un lugar decorativo y secundario en el currículum escolar".

Sus protestas también se han centrado en torno a cómo quedaría la educación especial con la LOMLOE, la cual dice que en el plazo de 10 años los centros ordinarios deberán contar "con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad", lo que la Plataforma interpreta como el cierre de estos centros.