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Coronavirus

El Gobierno aprueba rebajas fiscales y en el alquiler al turismo, la hostelería y comercio por valor de 4.220 millones

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El Gobierno aprueba un plan de rescate a la hostelería y el turismo por valor de 4.220 millones

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan de apoyo a los sectores del turismo, la hostelería y el comercio por valor de 4.220 millones de euros, que incluye nuevas medidas en materia laboral, inyecciones de liquidez, deducciones fiscales para el alquiler de locales, así como aplazamientos en el pago de impuestos para autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) hasta octubre de 2021.

No habrá, por tanto, ayudas directas tal como reclamaba el sectorque ha denunciado que las medidas decretadas son "insuficientes", "llegan tarde" y "dejan fuera" a muchos autónomos y empresas que las necesitan.

Es igual que si diéramos un cheque

Para la portavoz del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las medidas aprobadas son "las competencias y los mecanismos que tiene la Administración General del Estado (AGE) para ayudar a los sectores más afectados, las cuales deberán completarse con las competencias propias de comunidades y ayuntamientos". "Es igual que si diéramos un cheque", ha recalcado.

En la misma línea se ha posicionado la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que se ha mostrado confiada en que serán las comunidades autónomas quienes anuncien en los próximos días los incentivos en forma de ayudas directas que reclaman estos sectores.

Estos 4.220 millones que se han aprobado este martes se suman al resto de ayudas que se adoptaron previamente desde el inicio de la pandemia. Desde entonces se han movilizado más de 51.000 millones en ayudas públicas para proteger el sector del turismo, la hotelería y el comercio, ha señalado la ministra durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde también se ha aprobado un Real Decreto-Ley para la prohibición de los desahucios para personas sin solución habitacional y de los cortes de suministros básicos (luz, agua y calefacción).

El objetivo, ha afirmado, es reducir los costes fijos para que los negocios puedan resistir abiertos, aunque no tengan ingresos debido a las restricciones de horarios y movilidad impuestas para frenar los contagios y garantizar la liquidez de las empresas para que los trabajadores puedan recibir su salario a final de mes.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no ha asistido al Consejo de Ministros porque continúa guardando cuarentena tras el positivo del presidente francés, Emmanuel Macron, con quien mantuvo un contacto estrecho la pasada semana, ha destacado a través de su cuenta de Twitter que, con la aprobación de estas medidas, el Gobierno "cumple con su compromiso de apoyar a estas empresas y autónomos". "La supervivencia de nuestros negocios es clave para la recuperación", ha dicho.

Deducciones fiscales para pequeños y grandes tenedores

Según los cálculos del Ejecutivo, se destinarán cerca de 2.000 millones de euros en ayudas mediante la reducción de los alquileres y la exención en el pago de las cuotas a la Seguridad Social por sus trabajadores y rebajas fiscales. Asimismo, habrá otros 2.000 millones de euros en apoyos a través de "moratorias en los pagos y alivios en las cargas financieras que tienen que soportar" las empresas.

Los grandes tenedores inmobiliarios, es decir, aquellos que tienen alquilados más de diez locales destinados a alguno de estos sectores afectados, deberán aplicar rebajas de hasta el 50 % en la renta de sus inquilinos siempre que las partes no alcancen una acuerdo sobre la condonación o renegociación para el pago de las rentas.

"El arrendatario puede optar a esta medida o a una moratoria en el pago de la renta", ha señalado Montero, es decir, un aplazamiento del pago hasta cuatro meses después de la finalización del estado de alarma. Este aplazamiento se llevaría a cabo sin penalización ni intereses y su devolución se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria.

Según la ministra, el número potencial de locales beneficiarios serían de 190.000, de los que 33.000 corresponderían a establecimientos relacionados con el turismo y 157.000 a locales comerciales.

En el caso de los pequeños tenedores, aquellos que poseen menos de 10 inmuebles, podrán bonificar en su declaración de la Renta todo aquello que descuenten en el contrato de alquiler de sus inquilinos durante los primeros tres meses de 2021. Según explicado la Ministra, esta medida afecta a 323.700 arrendadores, casi todos bares o comercios pequeños, y supone un ahorro fiscal de 324 millones de euros.

Inyecciones de liquidez

En cuanto a las medidas para proporcionar liquidez a los empresarios más afectados por la pandemia, el Gobierno ha ampliado el periodo de carencia de los préstamos avalados por las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y por las sociedades de garantía recíproca de las distintas comunidades autónomas con reafianzamiento de CERSA, así como de su periodo de amortización.

Asimismo, creará un nuevo tramo de la línea de avales del ICO para pymes y autónomos destinada a estos sectores y que estará dotada con 500 millones de euros y con hasta un 90 % de garantía. Esta medida, ha destacado la ministra, permitirá obtener financiación a empresas muy afectadas por la crisis como las agencias de viajes, el transporte discrecional y el sector alojativo, ya que se incrementa la garantía pública de los avales en 10 puntos respecto a la línea ICO COVID-19.

El Ejecutivo también pretende "potenciar el consumo en restaurantes", ampliando el ámbito de la exención fiscal de la que gozan los vales de comida de los bares físicos a los pedidos de comida a domicilio, una medida adoptada pensando en el auge del teletrabajo.

Aplazamiento de deudas tributarias

En cuanto a las medidas tributarias, el Consejo de Ministros ha aprobado el aplazamiento durante seis meses, con tres de carencia de intereses, de deudas tributarias correspondientes a declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones. El plazo de presentación e ingreso de las mismas debe finalizar entre el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive. De este modo, en lugar de ingresar las deudas en abril, se haría en octubre.

A través de esta medida se beneficiarían unos 617.000 contribuyentes, de los cuales unos 92.000 son del sector hostelero y 68.000 de comercio al por menor. El importe aplazado, por su parte, ascendería a unos 2.668 millones de euros.

El nuevo Real Decreto-ley también incluye otras ayudas en materia fiscal. Por ejemplo, se aumentará la reducción en la tributación por el sistema de módulos -aquellos que pagan la misma cantidad todos los trimestres- en el IRPF, pasando del 5 % actual al 20 % con carácter general para 2020. Mientras que para los sectores del turismo, la hostelería y el comercio, la reducción llegará al 35 %.

La ministra de Hacienda ha anunciado que esta medida se aplicará para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021. El importe estimado de la misma ascendería a 117 millones de euros, de los que se beneficiarían 132.000 contribuyentes del sector.

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En materia laboral, la norma mantiene las bonificaciones del 50 % por extensión del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos-discontinuos desde el mes de abril hasta el mes de octubre de 2021, que se complementarán al periodo ya previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 de los meses de febrero, marzo y noviembre. Estas bonificaciones serán compatibles con las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social que, eventualmente, pudieran ser aplicables.

Asimismo, el Ejecutivo ha incluido al comercio al por mayor de bebidas, los restaurantes y puestos de comidas, las actividades de juegos de azar, las actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales y los establecimientos de bebidas como sectores "ultraprotegidos". Las empresas incluidas en estas actividades tendrán una reducción de hasta el 85 % en sus cotizaciones sociales.

Maroto remite a las comunidades para las ayudas directas

Con estas medidas, el sector hostelero, que ha solicitado ayudas directas por valor de 8.500 millones de euros, tomaría aire para hacer frente a la "dramática" situación por la que atraviesa debido a los cierres impuestos para frenar el COVID-19. Sin embargo, la patronal hostelera ha incidido que se trata de ayudas "insuficientes" y que el Ejecutivo "no ha cumplido con el plan de rescate que se necesita y que pasa por ayudas directas para sobrevivir".

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) considera el plan de rescate es "un nuevo canto de sirena", ya que afirman que "llega tarde, es escaso y sin ayudas directas a los sectores afectados" y consideran que va a dejar fuera "a muchos autónomos que necesitan esta ayuda".

Mientras, la titular de Turismo aboga por que las comunidades autónomas anuncien en los próximos días los incentivos a la recuperación del turismo, comercio y hostelería en forma de ayudas directas que reclaman estos sectores.

“Nosotros ya les hemos hecho una transferencia de 16.000 millones del fondo COVID, y tienen capacidad en el marco de sus competencias y de los recursos que se les ha dotado para poder reforzar sus ayudas a los sectores más afectados”, ha afirmado la ministra, en declaraciones que recoge Servimedia.

Maroto ha avanzado que este plan de ayudas al sector se va a consensuar con todas las comunidades autónomas, por lo que se ha convocado una conferencia sectorial para el próximo lunes 28 de diciembre, donde confía en que se puedan "reforzar estas ayudas y dar una respuesta conjunta a estos tres sectores".

A su juicio, lo importante no es el debate de si ayuda directa sí o ayuda directa no, sino que los incentivos a la recuperación sean eficaces.