Orden de alejamiento para el hombre denunciado por Iglesias y Montero por acoso a su vivienda

• El vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad interpusieron la querella el pasado mes de julio y dicen sentir "miedo"
• El acusado, que incluso se subió a una roca a grabar el interior de la vivienda, ha reconocido su participación en las protestas

Imagen de archivo de Pablo Iglesias e Irene Montero en el Congreso de los Diputados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba (Madrid) ha dictado este martes una orden de alejamiento de 500 metros y prohibición de comunicarse para Miguel F., a quien el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra Irene Montero denunciaron por acoso por su continua presencia frente a su domicilio en la localidad madrileña de Galapagar.

El juez ha acordado esta medida cautelar a propuesta de la Fiscalía tras la declaración del acusado contra el que se querellaron por seis delitos al considerarle el "instigador" de las protestas frente a su vivienda.

En concreto, el juez ha dictado orden de alejamiento de 500 metros respecto al domicilio o al lugar de trabajo de Iglesias y Montero durante el tiempo que dure la instrucción judicial, además de impedirle comunicarse con ellos por cualquier medio o a través de personas interpuestas. Ha atendido de ese modo a la petición del representante de la Fiscalía, porque la acusación que ejercen los miembros del Ejecutivo pedía que el alejamiento fuera de tres kilómetros.

Según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia judicial, el querellado ha admitido su participación en las protestas frente a la vivienda de Iglesias y Montero en Galapagar. En este sentido, según han indicado las fuentes consultadas, ha explicado que éstas fueron motivadas por la gestión que ha hecho Iglesias de las residencias de ancianos frente a la COVID-19. La defensa del querellado, ejercida por la abogada Polonia Castellanos, ha solicitado el archivo de las actuaciones al entender que no hay ninguna prueba de la comisión de ningún delito.

Iglesias y Montero dicen sentir "miedo"

Iglesias y Montero comparecieron este lunes ante el juez por videoconferencia para ratificar la querella que interpusieron por los delitos de acoso, coacciones, desobediencia a la autoridad, descubrimiento y revelación de secretos, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente. Durante sus declaraciones afirmaron que sentían "miedo" de las protestas y que las "rutinas" de sueño de sus hijos e incluso sus propios modos de vida se han visto alterados. En sus testimonios, desvincularon lo que ocurre en las puertas de su domicilio con los escraches políticos.

Iglesias presentó el pasado mes de julio la querella, un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, en el que explicaba que la conducta de denunciado se llevaba sucediendo "a diario" al menos desde el pasado 15 de mayo, "hostigando y profiriendo improperios como llamarle 'garrapata' o términos de índole similar", todo lo cual le produce una "grave alteración" de su vida cotidiana y de la de su familia.

Por su parte, el denunciado en su declaración, en la que se ha negado a responder al fiscal y a la abogada de los demandantes, ha reconocido que se subió a una roca a grabar el interior de la vivienda de Iglesias y Montero y ha admitido que acude reiteradamente con pancartas al domicilio,  consciente de que allí viven tres menores.

Alteración del orden público

En el relato que hacen los abogados del vicepresidente también se destacan otras actuaciones por parte del querellado como llevar un equipo con megafonía para sus protestas, lo que supone un "impacto acústico sobre toda la zona del parque natural y la zona residencial de dudosa legalidad", y publicitar su actividad en las redes sociales, donde anuncia su intención de ir nuevamente y convoca a otros o sube vídeos de su conducta.

"Todas estas actuaciones alteran el orden público, con marcado carácter de gamberrismo, intromisión y de lesión a los derechos de la familia de Don Pablo Manuel Iglesias Turrión y del resto de sus vecinos, no pueden ser confundidas con el legitimo derecho de reunión, manifestación y expresión consagrados en nuestra Constitución", explica el escrito, que opina que la conducta del acusado "no es una protesta política, sino una animadversión personal y de odio al vicepresidente y a su familia", concluye la querella.

Asimismo, destaca que el delito de acoso encaja con su conducta, "puesto que ejerce una vigilancia constante sobre el domicilio sin autorización de ningún tipo por parte del querellado o su pareja" y "se produce un atentado a la libertad de Don Pablo Iglesias puesto en el tiempo en que el querellado está en las inmediaciones de la vivienda, impide el disfrute de su libertad deambulatoria propia y de su familia, la visita de amistades y familiares, etc".