Fondo público de pensiones: ¿una oportunidad para los trabajadores o un modo de desincentivar el ahorro individual?

• A partir de este 1 de enero, quien disponga de un plan de pensiones de su empresa podrá sacar más partido por la parte fiscal
• Aquellos con un plan privado, por su parte, verán reducida la aportación máxima deducible de 8.000 a 2.000 euros anuales

Pensionistas y jubilados pasean en un parque en Bilbao.

El Ministerio de Seguridad Social tiene el ambicioso proyecto de crear en 2021 un fondo público de pensiones de empleo como alternativa a los planes "extraordinariamente caros" que en estos momentos ofrece el sector privado. En palabras de su titular, José Luis Escrivá, las comisiones son “inaceptablemente altas” en los planes individuales, además resultan “muy regresivos” y benefician principalmente a las rentas altas.

Es por ello que el Gobierno se ha propuesto promover, en el plazo máximo de un año, unos planes de aportación definida y compartida entre la empresa y el trabajador. Cada mes la empresa invertiría en el plan de ahorro colectivo un tanto por ciento de la nómina de dicho empleado y una parte similar, que correría de su parte.

El objetivo es que más de la mitad de los trabajadores españoles cuenten con uno, algo que ya sucede en algunos países de nuestro entorno, lo que supone multiplicar por tres o cuatro la actual cobertura, explicó el ministro durante una jornada sobre pensiones organizada por CincoDías. Actualmente solo uno de cada seis trabajadores tiene este tipo de ahorro en España, frente a uno de cada dos en Alemania o Francia.

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Primera consecuencia: cambios en la fiscalidad de los planes

Al cierre de 2019, según datos de la asociación de gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones (Inverco), en España había 9,5 millones de planes de pensiones abiertos: un total de 7,5 millones de trabajadores contaban con uno individual, que sumaban 79.850 millones de inversión, y 1,98 millones de empleados estaban adscritos a un plan colectivo, cuyo patrimonio ascendía a 35.170 millones.

Una de las principales razones del éxito de los planes individuales frente a los colectivos era su atractiva fiscalidad. Hasta ahora, los trabajadores realizaban aportaciones a estos activos financieros con el fin de ahorrarse una buena parte de su factura de IRPF, ya que era el principal instrumento de deducción.

Sin embargo, con el fin de promover los planes públicos de pensiones de empleo, en detrimento de los privados, a partir del 1 de enero de 2021 la desgravación en los primeros pasará de 8.000 a 10.000 euros al año, mientras que en los individuales la aportación máxima deducible se reducirá de 8.000 a 2.000 euros anuales.

Según el experto financiero de iAhorro, Antonio Gallardo, la medida tendrá poco impacto, ya que, aunque pueda parecer una reducción muy drástica para los ahorradores individuales, lo cierto es que la gran mayoría de trabajadores que cuentan con un plan de pensión privado “aporta eso o mucho menos”.

“Los planes colectivos son una buena medida sobre el papel“

“Hay un colectivo que aporta mucho, que son aquellas personas que se están acercando a la edad de jubilación”, señala Gallardo a RTVE, quien cree que “esos ahorradores sí pueden verse más perjudicados porque tienen más capacidad de ahorro que 2.000 euros anuales”.

Respecto a los planes colectivos, el experto considera que son “una buena medida sobre el papel”, ya que los individuales son “caros y te mantienen atado durante mucho tiempo”, si bien aún “son una incógnita”. “Es una forma de remuneración muy atractiva porque vas haciendo aportaciones sin apenas darte cuenta, pero es un plan muy minoritario porque actualmente solo está asociado a medianas o grandes empresas”.

Autónomos y pymes, muy críticos con la medida

Precisamente ha sido el colectivo de los trabajadores por cuenta propia quienes más han mostrado su desacuerdo con la medida. Según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), el establecimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social es "discriminatorio" para la gran mayoría de la población ocupada española.

La medida, señalan en un comunicado, afectaría especialmente a los 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social; así como a los empleados de las pymes -unos 4,3 millones de trabajadores-, en las que el ahorro colectivo apenas está presente. "Se debe posibilitar que toda esta población ocupada pueda acceder a sistemas de previsión individuales en las mismas condiciones y requisitos que cualquier otro trabajador", sostienen desde la asociación.

Según sus cálculos, a razón de 2.000 euros por año, un autónomo podría acumular 80.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtuviera este dinero. Si se prorratea este importe durante los 20 años de esperanza de vida que restan una vez alcanzada la edad de jubilación, el resultado es una cuantía media mensual "insuficiente" para complementar la pensión pública de un trabajador autónomo y garantizarle unos ingresos totales adecuados.

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Desde el sector financiero, por su parte, comparten con el ministerio de Seguridad Social la importancia de impulsar el ahorro para la jubilación en el ámbito de la empresa, pero no “a costa del ahorro que destinan por su cuenta los particulares”.

En opinión del presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, el proyecto para impulsar los planes de empleo "es de maduración muy lenta y, hasta que no se implante, no se puede dejar a millones de trabajadores sin un instrumento efectivo para ahorrar para la jubilación".

Un producto enfocado a jóvenes y autónomos, según el Gobierno

El departamento que dirige José Luis Escrivá insiste en que el nuevo fondo público de pensiones tiene como objetivo acercar los planes de ahorro a autónomos, pymes y jóvenes, para que puedan optar a prestaciones complementarias de cara a su jubilación. El carácter colectivo del fondo también beneficiaría a las rentas más bajas, que en estos momentos no pueden optar a los planes privados por falta de poder adquisitivo.

Estos planes públicos también serían “más baratos” que los privados, donde “gran parte de los beneficios fiscales acaba en los intermediarios financieros", añade el ministro. Su intención es que la comisión de gestión del fondo público se sitúe por debajo del 0,4 %, una cifra varias veces inferior a la que aplica en la actualidad el sector privado -entre el 1 y el 1,5 %-.

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“No es el mejor momento para ponerlo en marcha“

Sin embargo, los expertos se muestran escépticos con la medida y consideran que no serán tan fácil de implantar. Para Antonio Gallardo, “no es el mejor momento para ponerlo en marcha”, ya que ha sido un año muy duro para determinados colectivos, sobre todo los autónomos, y no cree que puedan hacer frente a este instrumento a corto plazo. “Es un momento muy complejo para hacerlo, pero en el medio plazo sí le conviene”, recalca.

En su opinión, el gran reto está ahora en que el Ejecutivo ofrezca un producto “atractivo y accesible”: tiene que “ser muy flexible a la hora de las aportaciones”, para que tengan cabida todo tipo de ahorradores, además de “saber mostrar sus bondades”, ya que es “un producto que ha tenido poco enganche porque su principal rémora es que no se puede tocar el dinero”, nos explica. En definitiva, “tiene que saber llegar a autónomo, al pequeño trabajador y que éste sepa la importancia de ese ahorro”.

¿Es el fin de los planes privados?

Cuestión diferente es si merece la pena seguir invirtiendo en los planes privados. En realidad, ello depende de las circunstancias personales de cada trabajador. Si la aportación máxima hasta ahora era inferior a 2.000 euros, como la inmensa mayoría de partícipes, el inversor apenas notará los cambios en la normativa. Si, en cambio, el patrimonio era superior a dicha cantidad, los expertos aconsejan buscar otro instrumento financiero que encaje mejor en su perfil de riesgo.

“Con la implantación de nuevas fórmulas de ahorro, podemos presionar más a la entidad. En estos últimos años los bancos se dedican a captar los clientes de otras entidades, por lo que puede ser un buen momento para cambiar de banco”, asegura Gallardo, al tiempo que “anima” a la gente a analizar su plan de pensiones para ver en qué está invirtiendo.

“Las decisiones financieras que tomemos ahora serán muy importantes de cara a la jubilación. Debemos prestar atención no tanto a las deducciones, sino a las garantías de poder ahorrar lo máximo posible a largo plazo”, concluye.