Faltan más de 70.000 plazas residenciales para mayores en España y las ratios no alcanzan el criterio de la OMS

• Los principales déficits en encuentran en Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña y Comunidad de Madrid
• El 62 % de las casi 400.000 plazas son públicas, según un informe de las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

Varios ancianos que viven en una residencia de Alcalá de Henares, Madrid.

El número de plazas residenciales para personas mayores en España no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años, que ha pasado de 8 millones de personas en 2010 a 9,2 millones en 2020. En esta década, la ratio de plazas por cada 100 ancianos se ha reducido de un 4,56 a un 4,22, lo que aleja aún más al país de cumplir con el objetivo mínimo del 5 % que aconseja la Organización Mundial de la Salud.

"Siguen faltando más de 70.000 plazas residenciales en España", denuncian desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que este lunes ha publicado un informe que analiza datos oficiales del IMSERSO recogidos entre las 5.542 residencias españolas.

La situación deja diferencias muy significativas entre las distintas comunidades autónomas. Solo cinco de ellas --Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias-- alcanzan la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y únicamente dos de ellas (las dos Castillas) cumplen también ese criterio con plazas de financiación pública.

Los principales déficits de plazas residenciales se encuentran en Andalucía (28.457), Comunidad Valenciana (21.900), Galicia (14.902), Cataluña (9.045), Comunidad de Madrid (8.283), Canarias (7.574), Región de Murcia (6.502) y País Vasco (6.074).

Un 62 % del total de plazas son públicas

Las plazas de financiación pública en residencias para personas mayores en España suman un total de 242.206 de las 389.031 existentes en todo el territorio nacional, es decir, un 62% del total.

El 38% restante -146.825- corresponde a plazas de financiación privada, siendo el País Vasco la comunidad autónoma con mayor porcentaje de plazas públicas (74%) y Galicia la que registra menor porcentaje, con un 41%.

El informe también revela que en comunidades como Galicia, Canarias y Madrid existe un número mayor de plazas residenciales de financiación privada que pública.

Precio público anual por usuario: 20.686 euros

En cuanto al precio público anual por usuario, la asociación indica que es de 20.686 euros y el de la concertación 19.324. Esto supone que la aportación promedio del usuario es del 36% y del 40%, respectivamente, según el informe.

De la misma manera, las diferencias alcanzan a los precios en las plazas residenciales de financiación pública, tanto en centros propios como en los concertados y, especialmente, lo que abonan los propios usuarios en estos centros. En este aspecto hay una horquilla que va desde cuantías inferiores a los 7.000 € anuales en comunidades como la Comunidad Valenciana, La Rioja, Andalucía, la Comunidad de Madrid o Cataluña, hasta más de 8.000 € anuales en Aragón, Murcia, Navarra o País Vasco. En estas dos últimas, con cuantías que superan los 10.000 y los 11.000 € respectivamente.

Así, en algunas comunidades los usuarios abonan más del 40% del precio de las plazas públicas, mientras que en otras apenas superan el 30%, incluso una de ellas, La Rioja, el 25%.

"A la vista de estos datos, resulta evidente el esfuerzo que deben realizar algunas comunidades para promover la construcción y/o concertar nuevas plazas residenciales para personas mayores y, en especial, para incrementar las plazas de financiación pública, que son las que aseguran el derecho efectivo a disfrutar de una plaza cuando se precise", señalan desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que recuerda que la pensión media en España no alcanza los 1.000 € mensuales (1.140 € la de jubilación y 713 la de viudedad)".

La asociación también señala que "unas 100.000 personas, que tienen reconocido actualmente grado II y III de dependencia, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho".

Las ratios, más relevantes aún durante la pandemia

Las residencias para mayores han sido lugares en los que la COVID-19 ha hecho estragos. La edad de quienes residen en ellas, en su mayoría más de 80 años, según el informe, junto con "la fragilidad de su salud" y la "convivencia en un mismo entorno", con ausencia de dormitorios individuales, contribuyen a que hayan constituido uno de los escenarios más expuestos a la enfermedad y a su contagio, y a que sus consecuencias hayan sido más letales.

"Este hecho nos impele a reabrir antiguos debates como el de las ratios de plantillas con las que cuentan los centros residenciales de mayores, especialmente pensando en la necesidad de incrementar la ratio de gerocultores/as y reformular sus funciones y su remuneración", apuntan desde la misma asociación, que también ve necesario replantear el "modelo residencial", avanzando hacia sistemas que ofrezcan entornos "íntimos", eviten la masificación y faciliten la convivencia en lugares que sustituyen a "hogares familiares" y que no son centros sanitarios.

Otro debate: ubicación de las plazas en el territorio nacional

También hay otros debates pendientes, como es el de la ubicación de las plazas residenciales en el territorio, ya que su carencia se centra en las grandes urbes, mientras que en los medios rurales, en ocasiones excedentarios en plazas, "no se adecúan a las características y necesidades de estos territorios y de sus habitantes de más edad", constituyendo un factor que agudiza el vaciamiento de estas zonas, con una gran carga de sufrimiento para quienes a una edad muy avanzada se ven obligados a abandonarlos.

Por otro lado, en grandes urbes como Madrid, donde la demanda de plazas residenciales es mayor, las plazas de financiación pública se están alejando de los grandes núcleos poblacionales, "donde son mucho más rentables las plazas privadas", con los perjuicios en desplazamientos y tiempos de visitas que esto ocasiona para las familias y los propios mayores, explican desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.