Dimite en bloque el gobierno holandés por un escándalo sobre ayudas a familias de inmigrantes
- El gabinete del liberal Mark Rutte seguirá en funciones hasta las elecciones del 17 de marzo
- Unas 26.000 familias con doble nacionalidad o de origen extranjero fueron acusadas injustamente de fraude fiscal
El Gobierno holandés ha presentado su dimisión en bloque por la polémica provocada por las ilegalidades administrativas en la asignación de las ayudas a familias con hijos, que afectó principalmente a padres inmigrantes y llevó a muchos a endeudarse para devolver a la agencia tributaria lo recibido durante años, informan los medios locales y confirma la televisión local NOS.
A tan solo dos meses de las elecciones legislativas, el gabinete dirigido por el liberal Mark Rutte asumió la responsabilidad política por lo ocurrido, considerado por la prensa el mayor escándalo político y administrativo de las legislaturas de Rutte, al frente de sucesivos gobiernos desde 2010.
El Ejecutivo permanecerá como gobierno interino hasta las elecciones del 17 de marzo, lo que le permitirá seguir gestionando la pandemia y aplicando las restricciones necesarias como parte del actual confinamiento, que mantiene cerrada toda la actividad no esencial hasta al menos el 9 de febrero.
Acusaciones injustas de fraude
La decisión sigue a una investigación parlamentaria del mes pasado que encontró a un grupo de funcionarios de Hacienda, que bajo la supervisión del gobierno, había llevado a miles de familias a la ruina financiera con acusaciones injustas de fraude.
Los primeros casos se remontan a 2014, cuando la agencia tributaria empezó a enviar cartas a más de 26.000 familias acusándolas sin fundamento de fraude para obtener ayudas con las que pagar las guarderías, y les exigieron devolver decenas de miles de euros recibidos en prestaciones en plazos que no superaban las semanas, lo que llevó a muchos a perder su casa, trabajo y a endeudarse para reunir el dinero.
La comisión parlamentaria describió como una "injusticia sin precedentes" la mala gestión, añaden que las familias recibieron un "trato institucionalmente sesgado", lo que "viola los principios del Estado de derecho", y acusó a ministros, funcionarios, diputados y jueces de haber “cometido errores” durante una década. El ataque se debió a su etnia. origen o doble nacionalidad, según reconoció la oficina de impuestos en 2020.
Las autoridades fiscales seguían bloqueando las ayudas a pesar de que las familias enviaban los documentos para justificar su necesidad de obtener la prestación, no daban explicaciones a los afectados, demostrándose más tarde que la mayoría eran familias de origen extranjero y que su segunda nacionalidad estaba señalada en los documentos oficiales, algo ilegal por discriminatorio.
El abogado que representa a unas 600 familias, Orlando Kadir, explicó en la radio holandesa que la gente había sido atacada "como resultado de perfiles étnicos por burócratas que eligieron sus nombres de aspecto extranjero".
Presión de sus socios de coalición
La dimisión parecía inminente desde hace varios días y los cuatro partidos que forman la coalición (liberal VVD, Llamada Democristiana CDA, los progresistas D66 y Unión Cristiana) se han reunido varias veces para negociar, pero, según RTL Nieuws, mientras todos los socios apostaban por la renuncia, Rutte se resistía a dar el paso y solo las amenazas de los otros partidos a retirarle su apoyo parlamentario le han hecho ceder.
Aunque el apoyo público al gobierno ha caído drásticamente en las últimas semanas por el duro confinamiento anticoronavirus, el apoyo al Partido Popular por la Libertad y la Democracia de Rutte (VVD) sigue siendo muy alto en las encuestas. Las proyecciones arrojan que su formación obtendría algo menos del 30% de los votos en los comicios, más del doble que el segundo, el partido anti-Islam, PVV, de Geert Wilders.
En una primera reacción, el líder de la izquierda verde GroenLinks, Jesse Klaver, subrayó que la dimisión es “la única decisión correcta” que podría haber tomado el gobierno neerlandés y apostó por “un nuevo comienzo, un punto de inflexión, el momento para construir un Estado de bienestar en el que el Ejecutivo se apoya en sus propios ciudadanos”.
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