El plan de choque de la dependencia podría sacar del "limbo" a 230.000 personas: "Falta que se materialice"

• El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades aprobaron el pasado viernes una inyección de 600 millones de euros
• El sector pide priorizar la reducción de la lista de espera y los tiempos de tramitación al tiempo que demanda más "coordinación"

La pandemia ha aumentado el número de personas que tienen reconocido el derecho y no reciben ayuda.

La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales y el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs) han valorado la aprobación del Plan de Choque Dependencia y piden ahora "que se materialice" el aumento previsto en su financiación, de 623 millones de euros, para que 232.243 personas puedan salir del "limbo" en el que se encuentran al tener el derecho reconocido y no recibir prestación ni servicios.

El acuerdo alcanzado en la Mesa del Diálogo Social entre la Secretaría de Servicios Sociales y los agentes sociales para el desarrollo del Plan de Choque y el impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aspira a revertir los recortes aplicados al Sistema de Dependencia desde 2012 y, según la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, podría "eliminar la lista de espera y lograr la plena atención en once comunidades" en este mismo año.

Con el incremento de 623 millones de euros se recupera el nivel acordado con 283 millones y se incrementa el nivel mínimo --la cuantía mensual que aporta el estado por cada dependiente--, que pasa a ser de 60 euros para Grado I, 94 euros para Grado II y 235 euros para Grado III, señalan desde la asociación, que añade: "Ya tenemos más presupuesto, ahora hacen falta menos procedimientos".

La reducción de las listas de espera y de los trámites, prioridad

Según los últimos datos oficiales, en España hay 232.243 personas en el "limbo de la dependencia", personas a las que se les ha reconocido el derecho, pero no reciben atención ni prestación. A ellos, hay que añadir 141.556 personas que están pendiente de valoración, cuando el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 432 días.

Para esta asociación, "la reducción de la lista de espera y los tiempos de tramitación debe ser la absoluta prioridad del incremento de la financiación; deben agilizarse los trámites, simplificar y unificar los procedimientos y evitar los servicios 'de bajo coste', fomentando la creación de empleo".

"Los gobiernos autonómicos que invierten por debajo de la media nacional deben incrementar su presupuesto para evitar esa desigualdad territorial en el sistema", señala la asociación, que reclama a las comunidades ocupen las 15.000 camas en centros residenciales que han quedado vacías desde el inicio de la pandemia y estima que el plan de choque también pueda crear 25.000 nuevos puestos de trabajo.

La pandemia, "un infierno" que complica el reto demográfico

Por su parte, el Círculo Empresarial de Atención a Personas incide en la necesidad de que se "materialice" la partida acordada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para estos fines porque, de lo contrario, no es viable atender a quienes lo necesitan: "El problema de la Dependencia es que no tenemos la financiación", ha subrayado este miécoles su presidenta, Cinta Pascual, en una rueda de prensa antes de comparecer en el Senado dentro de la Ponencia de Estudio sobre envejecimiento.

Esa financiación también puede permitir que mejoren los precios públicos de la Dependencia, las listas de espera, el servicio de atención domiciliario, la asistencia, y que se apueste por una modernización y digitalización de los servicios sociales en el país, según ha enumerado Pascual, quien también apuesta por un incremento de los salarios de los trabajadores de la Dependencia.

"No podemos tolerar que solo exista en los Presupuestos 600 millones de euros, a estos hay que sumarles los 567 millones", avisa.

La presidenta de CEAPs ha insistido en esta petición porque, a su juicio, la pandemia de COVID-19 ha dejado en evidencia los problemas que atraviesa el sector de la Dependencia. "Llevamos diez meses luchando contra la COVID, ha sido un infierno, pero sigue siendo un infierno", relata.

En este sentido, recuerda que el coronavirus que ha provocado la emergencia sanitaria en todo el mundo ha sido "devastador" en las residencias de ancianos, provocando un "daño reputacional sin precedentes". Por eso, la experiencia adquirida en estos meses han de servir, en su opinión, "para mejorar la financiación en Dependencia", dado que en España hay un "reto demográfico impresionante".

"Nadie esperábamos una pandemia de estas dimensiones, pero el reto demográfico sí sabemos que llegará y que los mayores van a ser muchos más y van a necesitar más servicios", añade.

Iglesias estima un aumento de hasta 3.600 millones en tres años

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha participado este miércoles en la presentación del informe del Consejo Económico y Social de España (CES) sobre 'El sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia' y ha subrayado la necesidad de construir en España el "cuarto pilar" del estado del bienestar, que tiene que ver con la dependencia y el sistema de cuidados.

En ese sentido, cree que el Plan de Choque aprobado "va a suponer una inyección económica y un ambicioso plan de mejora y reformas del sistema de dependencia" y que permitirán dejar "de una vez atrás" políticas de austeridad y recortes que se aplicaron tras la crisis de 2008 y que "debilitaron" la "calidad democrática" del sistema social.

Para el vicepresidente aquellas políticas fueron "injustas e ineficaces" frente a su plan de choque que asegura que permitirá reducir listas de espera y mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el sistema de dependencia y ha subrayado que cuenta con el apoyo de las comunidades autónomas, sindicatos y organizaciones empresariales.

Ese plan de choque, ha añadido, estima un aumento de hasta 3.600 millones en los próximos tres años.

Con ello confía en que se logrará reducir las listas de espera que en la actualidad tienen a más de 200.000 dependientes sin prestación; se asegurará que las condiciones laborales y salariales de quienes trabajan en el sistema de dependencia son adecuadas e introducirá mejoras en servicios y prestaciones para garantizar la atención adecuada de personas dependientes sobre todo con servicios profesionales de calidad.

El vicepresidente segundo también ha asegurado que se pondrá en marcha una estrategia nacional de "desinstitucionalización" para promover la atención domiciliaria siguiendo el modelo de los países nórdicos, reforzar y modernizar los servicios sociales para hacer de España "un país más accesible". Asimismo, ha anunciado que su ministerio creará en los próximos días un foro consultivo para este eje de economía de los cuidados en el sector de la dependencia en el que estarán representadas las organizaciones sindicales y empresariales así como otras organizaciones de la sociedad civil y expertos en este ámbito.

El sector pide "más coordinación"

Según revela el informe presentado por el CES, el sector también reclama una mayor "coordinación" entre el sistema sanitario y el de atención a la dependencia para mejorar la lucha contra la pandemia.

Entre sus conclusiones, subraya que el coronavirus ha puesto sobre la mesa las "notables" carencias en información y evaluación de la dependencia y recomienda aumentar la visibilidad del sector de atención a la dependencia en las fuentes estadísticas; mejorar sustancialmente el propio sistema de información del SAAD y articular mecanismos permanentes, transparentes e independientes de evaluación de la calidad, la eficiencia y la equidad del sistema.

En cuanto a la reactivación del diálogo social en el sector, el CES --un órgano consultivo del Gobierno-- estima que brinda la ocasión para abordar de manera consensuada estrategias de coordinación sociosanitaria en el marco del SAAD. Otra de sus reclamaciones pasa por integrar la perspectiva de género y superar las desigualdades existentes entre territorios.

El CES asegura que toda mejora de la atención revertirá favorablemente en la igualdad entre sexos, puesto que entre los mayores de 80 años hay más del doble de mujeres que de hombres. En concreto, las mujeres suponen el 65% de los beneficiarios del SAAD y constituyen el grueso de las personas que proveen los cuidados a la población dependiente (más del 85% de los ocupados en el sector). Por otro lado, reclama un mayor impulso al desarrollo de la red de servicios sociosanitarios en el mundo rural.

El informe también advierte del riesgo de "sustitución" de las prestaciones residenciales (servicios profesionalizados, con alto coste unitario) por cuidados familiares (prestaciones económicas, con coste muy inferior para las administraciones).

España cuenta con 1,1 millones de personas dependientes con ayudas, el 3% de la población. De entre ellos, el 6% es menor de edad; el 21,5% tiene entre 18 y 65 años. En total, el CES recuerda que en 2019 se le había reconocido el derecho a la atención a la dependencia a 1,3 millones de personas, según datos del SAAD.