Amnistía reclama una ley para residencias que evite repetir los errores cometidos en las anteriores olas de COVID-19

• Pide consolidar un modelo residencial respetuoso con los derechos humanos y desgrana los fallos que no deben producirse más
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Imagen de archivo en la que una sanitaria atiende a un anciano en una residencia de Madrid.

Ante el previsible aumento de la presión hospitalaria y de los servicios sanitarios de atención primaria durante las próximas semanas por el avance de la tercera ola de COVID-19, Amnistía Internacional reclama una ley única para las residencias que evite que se comentan "los mismos errores" que en meses anteriores y que "se sigan violando los derechos humanos de las personas mayores".

La organización ve necesario que el Gobierno central impulse la tramitación de una ley a nivel estatal, con perspectiva de derechos humanos y de género, en línea con los estándares internacionales, que establezca un modelo residencial que garantice los derechos humanos de las personas residentes en todo el Estado.

Los rastreos sistemáticos y las restricciones de las visitas no han impedido que el coronavirus vuelva a entrar en las residencias de mayores en esta tercera ola, con brotes virulentos y en algunos casos dramáticos, como el registrado en un centro de Solsona (Lleida), donde se han producido ya 24 fallecimientos.

"El Estado debe proteger los derechos de las personas mayores los por igual independientemente de la edad, del grado de dependencia, del lugar de residencia o de cualquier otra circunstancia", subraya Amnistía Internacional en un informe en el que también denuncia cuatro errores cometidos durante la gestión de la pandemia en las residencias.

Un régimen de visitas que garantice el contacto con las familias

El primer error que destaca fue el de no respetar los acuerdos de Gobierno y comunidades sobre un régimen de visitas que garantiza contacto regular entre residentes y sus familias.

Al respecto, la organización explica que en Madrid y Cataluña, familiares y asociaciones se muestran muy críticos con los regímenes de visitas.

"Han llegado a establecer en algunos casos visitas de media hora, en otros, ante brotes, directamente los cancelan. El estado emocional de muchos residentes es malo, sin poder tener contacto directo ni cercano con sus familiares; tampoco los medios telemáticos resultan efectivos, porque muchos residentes no saben usarlos, y hay falta de personal para realizar las llamadas", lamenta Amnistía.

Supervisar e inspeccionar las residencias

Por otro lado, Amnistía apunta que sigue sin haber información pública sobre las inspecciones que deben realizar la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas, con el objetivo de establecer una adecuada rendición de cuentas ante posibles abusos. Esto es algo que debe cambiar, según indica el informe.

Los últimos datos publicados por la Fiscalía son de julio de 2020 y existe una ausencia generalizada de datos públicos sobre el número de inspecciones realizadas por los gobiernos autonómicos, añade.

Derivación hospitalaria cuando lo decida el criterio médico

El tercer error que se cometió y que la organización recuerda para que no vuelva a cometerse es la no derivación de personas mayores a centros hospitalarios.

"Las autoridades deben garantizar las evaluaciones clínicas individualizadas de las personas mayores que viven en residencias, así como la derivación hospitalaria cuando así lo decida el criterio médico", advierte Amnistía.

En este sentido, explica que mantiene una interlocución directa con las autoridades de Madrid y Cataluña, que aseguran que no están aplicando criterios discriminatorios en las derivaciones a hospitales de las personas mayores.

Vacunación "urgente, prioritaria y efectiva"

Finalmente, sostiene que la aplicación de vacunas a personas en residencias debe realizarse de forma "urgente, prioritaria y efectiva". El inicio de la vacunación con la primera dosis puesta a una persona de 96 años que vive en una residencia debe convertirse en un compromiso real con este colectivo y "no en un mero efecto publicitario" que condene a las personas mayores a sentirse otra vez como personas de segunda categoría. Este es, a su juicio, el cuarto fallo que debe evitarse.

En este sentido, informa que la Consejería de Sanidad de Madrid ha confirmado a Amnistía Internacional que está previsto que el 25 de enero se haya aplicado la primera ronda de vacunas en todas las residencias de la comunidad.

En lo que respecta a Cataluña, desde el Departament de Salut han trasladado a la organización que actualmente se ha suministrado la primera dosis a un 75 % de personas residentes y 55 % de personal de residencias, y que en los próximos 10 a 15 días se habría alcanzado ya el 100 % de residencias.

Sigue recogiendo firmas para mejorar la atención residencial

Amnistía Internacional denunció en diciembre pasado, en un informe titulado Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en España, cómo "la inmensa mayoría de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña no fueron atendidas adecuadamente", ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, sin contacto con sus familiares, y algunas "ni siquiera pudieron morir dignamente" durante los primeros meses de la pandemia.

Para revertir esta situación, Amnistía Internacional ha recogido más de 40.000 firmas en su centro de activismo online y sigue en campaña.

La organización asegura que la denegación del derecho a la salud a personas mayores está fuertemente vinculada con las medidas de austeridad y la infrafinanciación de la sanidad en España. "La década de los recortes sanitarios y sociales ha debilitado el sistema de salud público, deteriorando el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atención sanitaria", señala la organización.