Nace la iniciativa "Cantabria sostenible"
- Impulsada por Arca, Cantabria no se Vende y Cantabristas pretende hacer frente al "ataque sin precedentes" que supone la nueva Ley del Suelo, pendiente de su tramitación y aprobación parlamentaria.
La asociación ecologista Arca, el movimiento social Cantabria No Se Vende y el partido Cantabristas han impulsado la iniciativa 'Cantabria sostenible' con el objetivo de unir fuerzas frente a la Ley del Suelo, pendiente de su tramitación y aprobación parlamentaria.
Desde el nuevo movimiento advierten que el proyecto del ejecutivo cántabro “pretende extender la construcción generalizada de viviendas que la costa sufrió en el pasado a todo el interior de Cantabria”. Ponen en marcha esta iniciativa ante la "grave" y "preocupante" coyuntura a la que se enfrenta Cantabria “es insostenible ambiental y económicamente, porque degrada el espacio rural y el paisaje, destruyendo un recurso económico básico como es el suelo fértil”.
“Pretende extender la construcción generalizada de viviendas que la costa sufrió en el pasado a todo el interior de Cantabria. “
Las tres asociaciones señalan que el gobierno regional está apostando por la “economía improductiva de la especulación y construcción”, en lugar de impulsar la economía productiva agraria, ganadera, forestal, agroalimentaria, turística y cultural, garantizando la adecuada ordenación del territorio.
Peores prácticas del pasado
Arca, Cantabria No Se Vende y Cantabristas recuerdan que en comunidades vecinas como el País Vasco y Asturias la construcción en suelo rural está “estrictamente prohibida y limitada”, y, al contrario, Cantabria “importa las peores prácticas del modelo urbanístico mediterráneo, apostando por la construcción generalizada y el turismo masivo, con sus consecuencias de destrucción ambiental y precariedad económica”.
En concreto, 'Cantabria sostenible' propone la retirada del actual proyecto de la Ley del Suelo y la derogación de la disposición transitoria que permite la construcción de viviendas aisladas en el suelo rural que, según han señalado, es "contraria" a las directrices europeas y a los principios básicos de la ordenación territorial.