El Gobierno salva el decreto de los fondos europeos gracias a la abstención de Vox y el apoyo de EH Bildu
- El texto ha salido adelante por 170 votos a favor, 126 en contra y 52 abstenciones
- Los votos en contra de PP, ERC y Ciudadanos hicieron que la norma, clave para el Ejecutivo, pendiera de un hilo
La abstención de Vox ha permitido la aprobación del decreto ley para la gobernanza de los fondos europeos, a pesar de que los votos en contra de PP, ERC y Ciudadanos -junto con otros partidos minoritarios- hicieron que el texto pendiera de un hilo hasta que el el portavoz de la formación de Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros desveló el sentido de su voto tras un duro discurso durante el debate en el Congreso.
El decreto ley ha sido finalmente convalidado con 170 votos a favor -PSOE, UP, PNV, Bildu y Más País-, 126 votos en contra -PP, Ciudadanos, ERC, Junts y PDeCAT- y las abstenciones de los 56 diputados de Vox. El texto se tramitará como proyecto de ley para poder introducir cambios.
Durante el debate, todas las miradas estaban puestas en Ciudadanos y EH Bildu, cuyo voto parecía determinante para el resultado final hasta que Vox dio la sorpresa con su abstención. Por su parte, la formación abertzale no aclaró su voto en el debate, aunque si avanzaron que no obstaculizarían su tramitación.
Horas después se ha conocido que la formación de Otegi ha arrancado al Gobierno dos compromisos: ampliar la financiación y los recursos de los ayuntamientos en el reparto de fondos europeos y "garantías de transparencia y control" para el seguimiento y ejecución de sus proyectos.
Concretamente, el acuerdo asumido por el PSOE y Unidas Podemos pasa por modificar el decreto ley, durante la tramitación parlamentaria como proyecto, para introducir "garantías de transparencia y control para el seguimiento y ejecución de los proyectos con el objetivo de que sea auditable y se ajusten a los ejes del programa, como plantea la sociedad civil".
También Más País-Equo ha negociado su apoyo a cambio de la puesta en marcha, a través del Ministerio de Industria, de un proyecto piloto de ámbito nacional dotado con 50 millones de euros para ayudar a aquellas empresas que apuesten por la reducción de la jornada laboral a 4 días semanales.
En cuanto a Vox, fuentes del PSOE han matizado que no han hablado con ellos y han votado lo que han querido, dicen, por iniciativa propia.
En el mismo sentido, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha insistido en que no ha negociado con el Ejecutivo y que su interés es que los 140.000 millones de euros lleguen cuanto antes a los comerciantes, hoteleros y autónomos a quienes se les ha obligado a cerrar sus negocios por la pandemia.
Sobre el 'no' del PP, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, lo ha calificado de "deslealtad política", y ha añadido que los populares están en una posición de "destrucción absoluta". "Sospechas para su país, desconfianza para su país. Ni siquiera es capaz de compartir con el Gobierno el instrumento para que los fondos lleguen a la realidad española", ha añadido.
Por su parte, la portavoz de Economía del PP en el Congreso, Elvira Rodríguez, ha criticado en Twitter la posición de Vox, con cuya abstención se convalida el decreto.
El PP critica el control desde Moncloa
Rodríguez había anunciado el 'no' de su partido a la votación porque todo "pivota" desde Moncloa y porque "modifica leyes administrativas por la puerta de atrás, como la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas, para eliminar controles y reducir plazos, y eso significa eliminar garantías y hacer caer todo el peso de la tramitación de los expedientes sobre los funcionarios públicos".
El PP rechaza también este decreto porque deja todo el peso de la tramitación sobre los "funcionarios" quitándoles información y tiempo para analizar "en condiciones" las inversiones, según ha señalado la diputada del PP en una entrevista con RNE.
Los populares han denunciado además que conocieron este real decreto por el BOE y han defendido que los fondos europeos se pueden ejecutar aunque no se modifiquen los procesos administrativos para hacerlo con la legislación vigente y los presupuestos aprobados. Rodríguez también demanda "una autoridad independiente" para gestionar los fondos.
ERC, en contra
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, anunció el rechazo de su grupo con un mensaje en Twitter donde censuró el decreto asegurando que su "autor real" es la patronal y que se entrega "todo el dinero al IBEX". "0 cargos autonómicos, municipales o locales tienen poder de decisión en el reparto", afeó además Rufián.
Fuentes del PSOE han indicado a RTVE que no entienden el voto en contra de ERC, que coincide con el PP y lo achacan a que es por las elecciones catalanas.
Este decreto supone el primer desencuentro entre Ejecutivo y el grupo liderado por Gabriel Rufián tras la aprobación en diciembre de los Presupuestos.
Ciudadanos se ha mostrado contrario a que el Gobierno no tenga que rendir cuentas, según ha expresado en un tuit una de sus diputadas. La formación naranja ha apelado a la responsabilidad durante su intervención y luego ha anunciado su rechazo.
El portavoz parlamentario de Cs, Edmundo Bal, ha considerado la postura de Vox "por completo incomprensible" y "absolutamente difícil de entender" viniendo de un partido antieuropeísta, y ha justificado el voto en contra de su partido en que la ley no establece mecanismos de control y no se rige por un modelo europeo, con una agencia independiente para la gestión de los fondos.
El PP pide ayudas directas
En clave económica, Rodríguez ha lamentado en RNE los datos “francamente malos” de la Encuesta de Población Activa que revelan que en 2020 se destruyeron en España 622.600 empleos y la lista de desempleados aumentó en 528.000 personas.
“Habría que añadir que tenemos 750.000 personas en ERTE y casi 350.000 autónomos cobrando la prestación especial por baja actividad. [...] Los datos están también atenuados porque en realidad en el sector privado se han perdido 750.000 empleos y el público ha ganado 125.000", ha destacado la diputada popular.
"Si de esta salimos con la estructura productiva dañada, la recuperación va a ser mucho más difícil", dice la dirigente del PP, que pide que se den ayudas directas, aunque reconoce que esto aumentará la deuda. "Lo que hay que hacer el cálculo es si interesa el impulso fiscal y la deuda para que no se pierda base imponible".
En cuanto a los ERTE, el PP apostaba por "que los periodos para los ERTE fueran más amplios". "Ahora no quedaba otro remedio, los ERTE se acababan el 31 de enero y seguro que la nueva situación de emergencia incide sobre el mercado laboral y si se pretende que las empresas se mantengan había que continuar con los ERTE".