La Fiscalía denuncia al responsable médico de una residencia de Madrid por homicidio imprudente

• Es la segunda denuncia que interpone el Ministerio Público contra responsables de la gestión en estos centros en la primera ola
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Un voluntario en una residencia de Barcelona durante la primera ola de coronavirus.

La Fiscalía ha denunciado por homicidio imprudente al responsable médico de una residencia de ancianos de Madrid al estimar que no realizó un adecuado seguimiento de la enfermedad de un interno de 89 años que falleció el 4 de abril de 2020 y al no aplicar el protocolo ante la pandemia de COVID-19.

Se trata de la segunda denuncia que interpone el Ministerio Público contra responsables de la gestión en las residencias durante la primera ola de coronavirus. La primera se interpuso el pasado diciembre contra una doctora y la gerente de un centro de mayores por hacer caso omiso al protocolo de actuación.

Las residencias de ancianos han sido a lo largo de la pandemia uno de los principales focos de la crisis sanitaria y el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en estos centros, ya sean públicos, concertados o privados, supera las 26.000 personas diez meses después del estallido de la pandemia en España.

Desde marzo de 2020, se han abierto un total de 441 diligencias penales, de las que se encuentran en trámite 209, el 47,39 %, mientras que el 51,92 % han sido archivadas. La comunidad donde hay más expedientes penales abiertos es Madrid (112), seguida a muy larga distancia por Castilla y León (19), Cataluña (15) y Extremadura (12).

Segunda denuncia de la Fiscalía

En el caso de esta segunda denuncia, la Fiscalía señala que el médico no tuvo en cuenta para el diagnóstico y el tratamiento del citado anciano el contexto epidemiológico de España y no aplicó el protocolo vigente, "privando con ello de una adecuada atención al usuario", y además del delito de homicidio imprudente le atribuye otro de omisión del deber de socorro.

Relata que entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 2020 fallecieron en el centro 54 usuarios de los que 45 tenían síntomas compatibles con la COVID-19, y el 6 de abril fue intervenida por la Comunidad de Madrid ante la grave situación que presentaba.

También añade que muchos de ellos presentaban sospecha de COVID-19 "si bien no puede precisarse el número real de fallecidos por esta causa por estar la mayoría de los fallecimientos certificados por médicos externos y no guardar la residencia registro de los motivos de la defunción en esos casos".

La residencia contaba con un único médico

La Fiscalía relata que a pesar de tener 156 plazas autorizadas la residencia contaba con anterioridad a la crisis sanitaria únicamente con un médico -el denunciado por la Fiscalía- y siete diplomados universitarios de enfermería que debían dar servicio las 24 horas del día.

Añade que este médico "atendía a los usuarios en horario de mañana y compatibilizaba su labor con la dirección del área médico-preventiva del centro".

El Ministerio Fiscal también destaca que "en las fechas referidas el equipo sanitario, ya de por sí escaso, se vio afectado por numerosas bajas médicas y otras incidencias de carácter laboral y dejó a los usuarios sin atención médica todas las tardes y noches además de los fines de semana".

"Esa falta de medios materiales y personales llevó al médico denunciado a escribir diferentes cartas a políticos, responsables administrativos y medios de comunicación en las que manifestaba que no tenían capacidad para prestar atención sanitaria a los residentes del centro", subraya.

En el texto indicaba que si en las siguientes 48 horas no recibía ayuda su alternativa era desalojar a sesenta usuarios al considerar que solo podía atender al 50 %. Incluso reconocía que su incapacidad de gestión alcanzaba "a aspectos tan básicos como la administración de las comidas o a la movilidad básica de pacientes", advierte la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal indica que el denunciado no mantuvo contacto alguno con el Hospital Universitario Gregorio Marañón, donde se le había designado a la residencia un geriatra de referencia como profesional de enlace ante casos sospechosos de COVID-19.

No se activó el protocolo tras el aumento de contagios

Asimismo, señala que "desatendiendo estas previsiones, informó por carta a los familiares de que no se podían hacer derivaciones hospitalarias y que por tanto todos los casos sospechosos de covid-19 serían tratados en la residencia".

"Además ni siquiera activó el protocolo cuando el número de casos de contagio fue en aumento y se produjeron numerosos fallecimientos, tomando él la decisión de mantener a los usuarios en la residencia, aun sabiendo que no disponía de un adecuado servicio médico y de enfermería", abunda el Ministerio Fiscal.

También apunta que, de forma paralela, "entre el 23 y el 31 de marzo de 2020 la residencia dejó de cumplir con la obligación de informar a los técnicos sobre su número de usuarios contagiados y cuando retomó las comunicaciones los residentes fallecidos habían aumentado drásticamente, quedando once asintomáticos y 77 con síntomas, sin que se conozca el tipo de asistencia, seguimiento y control sanitario que recibieron".

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"Con estos datos el 4 de abril procedió a reclamar a la Unidad Militar de Emergencias una profunda desinfección y más tarde, ante la magnitud de la situación, se optó por la intervención del centro", señala la denuncia.

La Fiscalía cita el caso de un usuario de 89 años que padecía un importante deterioro cognitivo y que falleció el 4 de abril a causa de un distrés respiratorio con sospecha de infección por covid-19.

"Hacia el 27 de marzo aparecieron las primeras manifestaciones de la insuficiencia respiratoria vinculada al coronavirus que le produjo finalmente la muerte al anciano ante lo cual el médico no realizó un adecuado seguimiento de la enfermedad y no aplicó el protocolo", concluye.