Los interinos de la Administración pública se manifiestan en toda España para pedir el fin del "abuso de la temporalidad"

• Piden que todas las fuerzas políticas promuevan un "Pacto de Estado contra la precariedad y el abuso de la temporalidad"
• La "precariedad" laboral afecta a más de 800.000 empleados públicos en España

Trabajadores interinos de la Administración pública se manifestan para reclamar empleos fijos

Trabajadores temporales del sector público se han manifestado en coches en toda España convocados por la Plataforma de Trabajadores Públicos Temporales en Fraude de Ley (MI15F) para pedir el fin del "abuso de temporalidad" en la Administración y denunciar la "precariedad" que afecta a más de 800.000 empleados públicos en España.

Los vehículos, adornados con globos amarillos y negros y con carteles con sus reivindicaciones, han hecho sonar su bocinas a lo largo de toda la marcha, que ha tenido lugar en un total de 27 ciudades.

La plataforma ha convocado la marcha para reivindicar que "la Administración pública cumpla el Derecho de la Unión, comprobando cada relación temporal, para determinar si incurre en abuso de temporalidad, y aplique como sanción al incumplimiento el mantenimiento del empleo hasta que concurran las causas generales de cese para todo trabajador público mediante una regularización administrativa".

También reclaman que el Gobierno atienda la Resolución del 31 de mayo de 2018 del Parlamento Europeo, adoptando políticas de lucha contra el fraude en la contratación y contra el abuso de la temporalidad en el sector público, similares a las adoptadas en el sector privado, como son la inspección y la sanción.

En materia de no discriminación, la plataforma reivindica que la Administración deje de aplicar toda norma nacional que impida garantizar la igualdad en las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales respecto a los fijos o de carrera.

"Nos penalizan sacando oposiciones de nuestros puestos de trabajo"

En declaraciones a Europa Press Televisión, Esther Velasco, trabajadora de la Comunidad de Madrid, portavoz de la Agrupación Trabajadores Temporales Públicos (TTPS) y del grupo MI15F, ha asegurado que la situación de estos trabajadores es "incierta". "No vemos voluntad política para llegar a una solución, que sería muy sencilla, a través de una regularización administrativa", ha añadido.

"Nos penalizan sacando oposiciones de los puestos de trabajo que estamos cubriendo de carácter estructural", ha dicho Esther Velasco. Por eso, la plataforma convocante exige que se posponga la ejecución de toda oferta de empleo público que afecte a sus plazas hasta que se adopten medidas para la detección del fraude en la contratación y se sancione el abuso de temporalidad para garantizar el cumplimiento de la normativa europea y nacional.

Por su parte, Nazaret Caballero, personal de Oficios - Servicios Internos (POSI) del Ayuntamiento de Madrid, ha afirmado que esta reivindicación pretende impedir el cese de estos empleados públicos, que sufren "alta temporalidad" desde hace 30 años, en algunos casos. "No se han preocupado de hacer nada por nosotros cuando saben que el abuso existe, había que poner una solución justa y las Ofertas Públicas de Empleo (OPES) no son sanción", ha indicado, en relación a la postura del Gobierno.

"Pedimos que nos dejen en nuestro puesto laboral, ya que hemos demostrado mérito y capacidad. Pedimos quedarnos en nuestros puestos hasta la jubilación", ha exigido Caballero, que ha revelado que el diálogo con los partidos políticos ya ha comenzado, pero "a pequeña escala" y "sin respuesta".

En segundo lugar, piden que todas las fuerzas políticas promuevan un "Pacto de Estado contra la precariedad y el abuso de temporalidad en el sector público", que permita reducir la temporalidad fraudulenta o abusiva al 0% en el sector público, "no sin antes compensar y resarcir a las víctimas de abuso que se han ido dejando por el camino".

Y, por último, reclaman una vía de diálogo con el Gobierno central que permita la participación ciudadana del colectivo de trabajadores temporales públicos en la adopción de políticas públicas, en la elaboración de la normativa que les afecta directamente y en la puesta en marcha de las medidas propuestas.

La manifestación de vehículos ha tenido lugar en Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada, Málaga, Zaragoza, Huesca, Oviedo, Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, Santander, Toledo, León, Valladolid, Tarragona, Barcelona, Alicante, Santiago de Compostela, Madrid, Pamplona, San Sebastián, Bilbao, Ceuta y Melilla.