La propuesta de informe del CGPJ cuestiona algunos ejes de la ley del 'solo sí es sí'

• Se pone en duda la definición de consentimiento y la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual
• Son consideraciones recogidas por tres vocales en una propuesta que el Pleno del órgano judicial estudiará el 25 de febrero

El proyecto de ley está impulsado por el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero.

La propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley integral de libertad sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí', cuestiona varios de los ejes del anteproyecto, como la definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual, y advierte de que de la norma no evitará la victimización secundaria.

Según ha informado en un comunicado el CGPJ, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces estudiará el 25 de febrero la propuesta de informe que han redactado tres vocales y que este viernes ha sido remitida al resto para que hagan sus observaciones antes del debate.

El informe del CGPJ es preceptivo, pero no vinculante para el Gobierno, y el Ministerio de Igualdad lo esperaba ya en enero para consultar después al Consejo de Estado y poder enviar el proyecto al Parlamento para el 8 de marzo, Día de la Mujer, pero el retraso del órgano de gobierno de los jueces a la hora de entregarle su dictamen amenaza sus planes.

La definición del consentimiento plantea problemas

Según ese texto de la 'ley del solo sí es sí', "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto".

El problema, alertan los vocales, no es conceptual, sino de prueba. "Se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia", advierten.

El informe también advierte de que el Código Penal vigente ya considera punible todo acto de carácter sexual realizado sin el libre consentimiento del sujeto pasivo y considera "innecesaria" la definición que se hace en el anteproyecto diseñado por Igualdad.

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Creen que eliminar el delito de abuso podría perjudicar a la víctima

Por otro lado, en el anteproyecto se opta también por eliminar el delito de abuso sexual y crear una categoría única de agresión sexual, para evitar que fuera considerada abuso una violación en la que no se lograr probar la existencia de violencia o intimidación, como ocurrió en las primeras sentencias del caso de 'La Manada'.

Sin embargo, los ponentes advierten de que ese cambio puede derivar en desprotección a las víctimas, ya que no tendrá mayores consecuencias emplear en la comisión de un delito un medio más lesivo que otro.

Para evitarlo, proponen crear una modalidad agravada de agresión sexual, con violencia o amenazas, en la que se imponga la pena en su mitad superior.

El cambio, continúan en su informe, abre además la puerta a castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad, aunque el anteproyecto incorpora un tipo atenuado facultativo.

Advierten de que no se eliminará la "victimización secundaria"

Dos de los ponentes del informe, la magistrada de la Sección de Apelación Penal del TSJ de Cataluña Roser Bach y la abogada Pilar Sepúlveda, fundadora de la Asociación de Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales, forman parte del considerado sector progresista del CGPJ; mientras que el tercero, el magistrado José Manuel Fernández, se enmarca en el conservador.

A su juicio, la norma tampoco evitará, tal y como está ideada, la definición de la denominada "victimización secundaria", ya que los interrogatorios girarán sobre el modo en que la víctima suele prestar su consentimiento sexual, para determinar que en el caso en cuestión lo hubo.

Piden que se aclare la especialización de juzgados y jueces

Al margen de esto y de la tipificación de los delitos, la nueva ley contempla la especialización de juzgados y de jueces en violencias sexuales, pero lo ponentes piden que se aclare si se crearán juzgados específicos o si se ocuparán de estos casos los de violencia sobre la mujer; y reclaman también que se especifique qué órganos se harán cargo de las agresiones sexuales a menores.

En cualquier caso, advierten de que se necesitará un aumento "significativo" de órganos judiciales, con más medios personales y materiales.

La propuesta de informe incluye también críticas a la técnica legislativa -qué partes de la ley tienen carácter orgánico y cuáles no- y cree que para evitar solapamientos con otras leyes sería mejor reducir su contenido a los aspectos nucleares y troncales relacionados con las violencias sexuales.

Este anteproyecto de ley ha sido avalado por el Consejo Fiscal, en una decisión acordada por unanimidad por los miembros de este órgano facultativo que destacaban, entre otras valoraciones, que la definición de consentimiento otorga "más claridad a esta figura". No obstante, instaba a mejorar algunos puntos. A este informe y al que debe presentar el CGPJ, habría que añadir el del Consejo de Estado.

Una vez valorado por los tres organismos, este anteproyecto, que fue aprobado como tal por el Consejo de Ministros el 3 de marzo de 2020, deberá volver a ser aprobado por el Ejecutivo como Proyecto de Ley y después iniciará su tramitación parlamentaria en el Congreso.