La fiscal señala a Cifuentes como "única beneficiaria" del caso Máster: presionó pero "no se manchó las manos"

• Y mantiene su petición de condena de tres años y tres meses para Cifuentes
• El juicio del caso sobre el máster de Cifuentes ha quedado visto para sentencia

La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid este viernes.

La fiscal del caso Máster ha asegurado en el juicio contra la expresidenta regional Cristina Cifuentes que el delito de falsedad documental del que se le acusa ha quedado acreditado, pues, a su parecer, la exdirigente popular era "la única beneficiaria" del acta falsificada de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) que se confeccionó con la finalidad de "salvar su reputación y su carrera política", aunque por su cargo "no se manchó las manos".

"Cifuentes sabía que las consecuencias podían ser nefastas. Ella no llamó. Había que cuidar las formas pero estaba al tanto de todos los acontecimientos. Era la única, la primera y la última que se benefició del acta, era ella y su carrera política. El interés y la presión se hacían en su nombre para que la universidad diera la cara y asegurara fehacientemente que había completado el máster", ha aseverado en la última sesión del juicio la fiscal Pilar Santos.

En la presentación de su informe de conclusiones, la representante del Ministerio Fiscal ha detallado extensa y firmemente los motivos por los que mantiene la petición de tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta madrileña, al igual que para la profesora y asesora de la Comunidad de Madrid, Teresa Feito.

Así, ha incidido en la culpabilidad de Cifuentes, asegurando que "nada de lo que ha mantenido ha podido ser comprobado", y ha sostenido que presionó para solucionar la polémica dentro de un máster en el Instituto de Derecho Público (IDP), dependiente de la Universidad Rey Juan Carlos, con "irregularidades notorias".

En su declaración, Cifuentes confirmó ante el tribunal que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron varios testigos que han comparecido en la vista oral.

"Irregularidades notorias"

Tras constatar "irregularidades notorias" en el máster, la fiscal ha arremetido contra Cifuentes: "Por su cargo no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le ofreciese una solución. Si la maquinaria se puso en marcha fue por estas presiones".

Entre las irregularidades, la fiscal ha citado que la entrega del TFM el 2 de julio de 2012, como sostuvo Cifuentes, sería "algo incompatible" dado que la asignatura de Pablo Chico no estaba aprobada y no se puede realizan una defensa del TFM sin todas las asignaturas aprobadas.

Otra de las irregularidades se refiere a la modificación de dos de las asignaturas, la de Pablo Chico y la del TFM, por parte de la funcionaria Amalia Calonge y compañera de la hermana de Cifuentes en la universidad, quien no estaba autorizada para estos cambios.

La tercera de las anomalías detectadas sería el pago del TFM cuatro meses después de defenderlo cuando en ese caso hay que hacer "una petición expresa" por parte del alumno y no consta.

"El 21 de marzo de 2018, Cifuentes tuvo un día duro y difícil porque ella mismo lo dijo en el vídeo colgado en sus redes sociales. Y le encomendó a su gabinete recabar toda la documentación posible", ha señalado.

Así, ha mencionado la testifical del rector de la URJC, Javier Ramos, quien relató las llamadas "reiteradas" que recibió ese día del entonces consejero de Educación Rafael Van Grieken para solicitarle el acta de defensa del TFM dado que estaba "en entredicho" la reputación de las universidades públicas madrileñas.

"Si se confeccionó el documento fue por que la Universidad accedió a la exigencias de la presidenta", cuyo interés era "salvar su reputación", ha recalcado.

Sobre las otras acusadas

Sobre la exasesora de Educación y funcionaria de la URJC María Teresa Feito, la fiscal ha dicho que es una de las protagonistas de la trama. Para ella, ha quedado constatada la relación de Feito, que era amiga de la hermana de Cifuentes, con el entonces consejero de Educación, Rafael Van Gieken.

Así, la ha situado "en el epicentro de todo lo que ocurría, y a sabiendas de su postura privilegiada, con un pie en cada sitio -universidad y gobierno regional-, intervino a favor de Cifuentes". "Todos daban por hecho que estaba allí para resolver lo que pasaba", ha recordado.

Sobre la tercera imputada, Cecilia Rosado, para la que la Fiscalía pide 21 meses de cárcel por falsificar el acta del TFM, la fiscal ha subrayado su colaboración con la justicia y solicita para ella atenuante por esa colaboración y por su miedo insuperable a las presiones de Feito y del catedrático Enrique Álvarez Conde, director del instituto que da el máster, ya fallecido.

En su informe final Pilar Santos ha subrayado el carácter difícil de este catedrático, según numerosos testimonios recabados, que "hacía y deshacía a su antojo" en el Instituto de Derecho Público, en el que no sobraban alumnos, motivo por el que daba facilidades para no asistir a clase o no defender el TFM.

En resumen, según la fiscal, el juicio la puesto de manifiesto "falta de seriedad, ausencia de comprobaciones y numerosas irregularidades en el máter" que, ha subrayado, "curiosamente benefician siempre a los mismos".

"Cúmulo de despropósitos"

A continuación, ha expuesto su informe el abogado de la acusación particular ejercida en nombre de la URJC, quien ha reprochado a Cifuentes que no haya pedido perdón a pesar del "cúmulo de despropósitos" ocurridos con el caso y su estrategia de subrayar que también hubo irregularidades con otros alumnos.

Ha criticado que la defensa de Cifuentes presentara una prueba, finalmente retirada, en la que supuestamente se demostraba que tenía incluido en su agenda ir a defender su TFM el 2 de julio de 2012, lo que no hizo.

"No podemos dejarnos engañar, la URJC está por encima de las personas que cometieron irregularidades evidentes", ha dicho el letrado, que ha incidido en que el acta "se fabricó para dar cobertura a un hecho inexistente" y Cifuentes la mostró sabiéndolo.

Por su parte, la defensa de la exlíder madrileña, el abogado José Antonio Choclán, ha solicitado la libre absolución para su patrocinada apuntando a la responsabilidad de la universidad en el caso. "Interesamos energéicamante el dictado de una sentencia absolutoria que pongan fin al calvario al que ha sido sometida la señora Cristina Cifuentes durante todos estos años", ha concluido el letrado.

También ha solicitado la libre absolución la defensa de Feito, que ha negado que su cliente tuviera cualquier papel de intermediación en los hechos, al tiempo que ha echado la culpa en exclusiva del acta falsificada a Rosado.

El juicio ha quedado este viernes visto para sentencia tras las lectura de los informes de las partes. Ningunda de las tres acusadas han hecho uso de su último turno de palabra al que tienen derecho.