El Tribunal Superior vasco autoriza reabrir los bares y restaurantes en 'zona roja' cerrados por el coronavirus

• Podrán levantar la persiana con el 50 % del aforo y solo hasta las ocho de la tarde, como en el resto de Euskadi
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Protesta de los hosteleros en Bilbao.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha aceptado cautelarmente la petición de las asociaciones de hostelería de permitir reabrir los locales de los municipios que se encuentren en zona roja por la elevada tasa de contagios por COVID-19. Así podrán levantar la persiana pero con las restricciones generales en Euskadi, con una limitación del 50 % del aforo y solo hasta las ocho de la tarde.

En un auto emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV se responde así a la petición de medidas cautelares solicitadas por los hosteleros para permitir la actividad de bares y restaurantes en esas áreas hasta que el tribunal reflexione sobre el fondo del asunto.

14 horas - La justicia autoriza cautelarmente la reapertura de la hostelería en el País Vasco - Escuchar ahora

Los hosteleros vascos se habían concentrado delante del tribunal para defender su actividad. En toda España se han producido concentraciones en frente de las sedes del Ministerio de Hacienda para reclamar "ayudas directas ya" y en protesta por "pagar los platos rotos" de la pandemia.

La hostelería no es la causa de la tercera ola

Estima el tribunal que, con las limitaciones de aforo y con medidas sanitarias como el uso de mascarillas, la hostelería "no parece un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública" y no se ha constatado que este sector sea el causante del aumento de la propagación del virus tras la Navidad.

Además, recuerda que hubo una "relajación" de las medidas en las fechas navideñas y los epidemiólogos atribuyen el 80% de los actuales contagios a los encuentros familiares y entre amigos.

Las asociaciones de Hostelería de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava solicitaron en un recurso el pasado 4 de febrero "la eliminación" del cierre en las localidades con una Tasa de Incidencia Acumulada de casos positivos por Covid-19 en los últimos 14 días igual o superior a 500 por cada 100.000 habitantes.

Reapertura con condiciones

El alto Tribunal recuerda que la reapertura no es "incondicional" porque los establecimientos hosteleros deberán mantener otras restricciones horarias, de aforo, además de garantizar la distancia de metro y medio entre personas sentadas en mesas diferentes, la agrupación de clientes por mesa con un número máximo de cuatro clientes, y la prohibición de consumir en barra o de pie.

El auto tiene en cuenta que "se genera un grave quebranto económico" para los bares y restaurantes. "Es notorio y resulta muy difícil la reparación ante la realidad del cierre definitivo de un número no desdeñable de negocios, de forma tal que una posible indemnización futura, de producirse, no restablecería la situación fáctica actual", asegura.

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que la decisión del TSJPV muestra que Euskadi carece de "seguridad jurídica" para adoptar las medidas necesarias contra la pandemia y opina que se abre de nuevo el debate sobre la "capacidad real" que tienen los poderes autonómicos para adoptar estas medidas.

En un comunicado, desde el Gobierno autonómico han indicado que "respeta, pero no comparte y no puede entender" la resolución. Señalan que una tasa superior a 500 es el indicador de "una situación muy grave y alarmante" que requiere de medidas excepcionales "que se están adoptando en medio mundo". "Llegamos a la adopción de estas medidas por la experiencia acumulada de las olas anteriores", aseguran.

Además, añaden que "resulta particularmente grave que un tribunal entre a valorar motu propio cuestiones como la evolución o el riesgo epidemiológico que es permanentemente evaluado por la comisión técnica del LAVI y los profesionales del departamento de salud".

Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aceptado la decisión de los tribunales y defiende que la adopción del estado de alarma hasta mayo es lo que permite que las autoridades autonómicas tomen sus medidas con garantías como "autoridades delegadas".