El juez Pedraz cita a Bárcenas a declarar el lunes por los supuestos contratos irregulares del Gobierno de Aznar

• Investiga en una pieza separada de la 'caja B' del PP adjudicaciones por valor de 570 millones de euros
• Espera que amplíe su confesión en en la que mencionaba donaciones de empresarios beneficiarios de obras públicas

Luis Bárcenas, en el juicio por la 'caja B' del PP.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como imputado al extesorero del PP Luis Bárcenas el próximo lunes a las 10.30 horas en el marco de la investigación sobre los contratos de obras públicas adjudicadas entre 2002 y 2004, durante la etapa del Gobierno de José María Aznar, por valor de unos 570 millones de euros, según fuentes jurídicas.

Responde así a la Fiscalía, que la semana pasada había incorporar en esta pieza separada sobre la 'caja B' del PP la confesión que había realizado Bárcenas ante Anticorrupción, en la que, entre otras cuestiones, mostraba su disposición a colaborar con la justicia y explicaba que entre 1982 y 2009 hubo una contabilidad paralela en el partido engrosada a partir de donaciones de empresarios, muchos de los cuales eran beneficiarios de importantes obras públicas. El juez, por su parte, accedió a esta petición para que Bárcenas ratificara y ampliara su confesión.

Pedraz dio luz verde a esta investigación el pasado 12 de diciembre en respuesta a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para requerir a distintos ministerios y organismos públicos información acerca de dichas adjudicaciones con uno de los donantes del PP.

En concreto, Pedraz ha solicitado a cinco ministerios y a otros organismos públicos como Renfe, Aena o Adif información acerca de 23 licitaciones sospechosas adjudicadas a la empresa Constructora Hispánica, propiedad del empresario Alfonso García Pozuelo, condenado por el caso Gürtel y acusado por Francisco Correa -cabecilla de la trama- de entregar cantidades de dinero en metálico al extesorero del PP Álvaro Lapuerta.

El auto, el juez Pedraz recordó que en la causa que investiga la caja B del Partido Popular "se ha afirmado, indiciariamente" que los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta -ya fallecido- junto a Francisco Correa, "definieron e implementaron un sistema para obtener fondos ilícitamente para el Partido Popular y para ellos mismos", a cambio de movilizar "influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores de tales fondos".

La citación de Bárcenas el próximo lunes para esta pieza separada llega después de que el pasado lunes comenzara el juicio en la Audiencia Nacional por la 'caja B' del PP, centrada en las obras financiadas presuntamente con dinero de la contabilidad B del PP para reformar su sede en Génova. Un juicio que ha sido aplazado hasta el próximo martes por el positivo en COVID de uno de los acusados.

Además, el juez Manuel García Castellón, de la Operación Kitchen, ha vuelto a citar a Bárcenas como perjudicado para que declare también el lunes en la Audiencia Nacional en relación a la investigación que se centra en dirimir si existió un operativo "parapolicial" supervisado y financiado con fondos reservados por el Ministerio del Interior entre 2013 y 2014 para recuperar documentos y grabaciones que Bárcenas se habría llevado y que eran comprometedoras para el PP, que se encontraba en plenas investigaciones judiciales por su contabilidad.

Sin embargo, fuentes de la defensa de Bárcenas han detallado que pedirán la suspensión de ambas convocatorias,  ya que se han fijado apenas 24 horas antes de su interrogatorio previsto en el juicio de la caja B y, según explican, son tres citas de importancia demasiado seguidas.

Una investigación coordinada con la del caso Kitchen

Pedraz, que hasta hace unos meses dirigía el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, tomó las riendas de este caso tras la salida del juez José de la Mata y ser nombrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

Una de sus primeras actuaciones en esta causa fue dirigirse a su compañero Manuel García Castellón, instructor del caso Villarejo, para pedirle todas la pruebas que afecten al extesorero y que han sido recabadas a distintos imputados en el 'caso Kitchen', entre ellos al exchófer de Bárcenas o al exnúmero 2 de Interior Francisco Martínez.

Lo hacía a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que es "de interés para el avance y desarrollo de la instrucción" las revelaciones de la investigación de Kitchen, el presunto operativo parapolicial financiado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar a Bárcenas documentación comprometedora para el PP -que estaba siendo investigado en el 'caso Gürtel'.

En concreto, el juez reclamó los "fragmentos de las declaraciones" en sede judicial del excomisario Enrique García Castaño, del excomisario José Manuel Villarejo y del exchófer de Bárcenas Sergio Ríos "que refieren la existencia de documentos que guardaba o tuviera a su disposición Luis Bárcenas directamente o a través de terceros".

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También, "testimonio del contenido del volcado de dos teléfonos móviles" y de una tableta digital, cuyo usuario era Bárcenas y que Sergio Ríos entregó a García Castaño, exjefe de la Unidad de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, "y que fueron volcados en presencia de éste" y copiados "en una memoria externa de almacenamiento" que entregó a Francisco Martínez, "y del que el propio Enrique García Castaño hizo entrega al Juzgado".

Asimismo los documentos intervenidos en los registros de los domicilios de Francisco Martínez y de Sergio Ríos "pertenecientes a Luis Bárcenas", pero "no los que se refieran a la operación desplegada por los investigados para la sustracción o apoderamiento" de los documentos en poder del extesorero.

Además solicitó testimonio de documentos que hubieran estado en poder o a disposición de Bárcenas, así como de los fragmentos de las grabaciones de conversaciones entre Villarejo, el empresario Adrián de la Joya y García Castaño, "que revelen la existencia de documentos que guardaba, o tenía a su disposición" el extesorero.

Por último también requirió, entre otros documentos, los informes o expedientes de las empresas Constructora Hispánica y Licuas, cuyos presidentes Alfonso García Pozuelo y Joaquín Molpeceres están siendo investigados en relación a la caja B del PP y como beneficiarios de adjudicaciones públicas.