Las residencias siguen estando en el objetivo: de las muertes en la primera ola a las vacunas en la tercera

• Al menos 30.917 personas que vivían en residencias han muerto con COVID o síntomas compatibles a lo largo de la pandemia
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Lucita López Paz, de 85 años, recibió a finales de enero en la residencia Sa Serra, de Sant Antoni de Portymany (Ibiza), la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Las personas que viven o trabajan en residencias de mayores han estado en el foco desde que comenzó la COVID-19. En la campaña de vacunación forman parte del primer grupo, pero como ya ocurrió con el seguimiento de las muertes en la primera ola, faltan datos para saber cómo avanza la vacunación entre este colectivo: un mes y medio después de que comenzara la campaña se desconoce el número exacto de residentes y trabajadores vacunados y por vacunar.

Desde el CSIC llevan meses haciendo cuentas para tratar de arrojar luz a la situación en las residencias de mayores, empezando por un censo nacional que no existe. ¿Cuántas personas viven y trabajan actualmente en estos centros? Según su estimación, más de medio millón de personas.

El estudio del CSIC suma un total de 542.182 personas que forman parte de la población diana en esta primera fase de la campaña de vacunación. De ellos, 312.894 son mayores, una cifra más baja que en sus estimaciones anteriores porque recoge la pérdida de vidas durante la primera ola de la pandemia. Sin embargo, y como ellos mismos destacan, se trata de una estimación.

Actualmente, y pese a que la estrategia de vacunación diseñada por el Ministerio de Sanidad puso en primer lugar a las personas que vivían en residencias de ancianos y han pasado varias semanas desde las primeras vacunas en estos centros, se desconocen las cifras exactas de personas a vacunar y ya vacunadas.

La información no es sistemática y la situación es dispar. Comunidades como Cataluña y Castilla y León informan de que ya han recibido la segunda dosis más de 43.000 y 31.000 personas en residencias, respectivamente, pero por lo general los datos de cuántas personas han recibido la pauta completa de la vacuna de Pfizer y Moderna no desglosa a la población en dichas instituciones, aunque muchas administraciones autonómicas advierten de que están a punto de terminar la vacunación en este grupo de población.

Po ejemplo, en el País Vasco 27.503 personas han recibido ya la segunda dosis y la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, afirma que "en pocos días se cumplirá la administración de la segunda dosis en la mayoría de los centros" residenciales, pero no se detallan las cifras. Residencias de la Comunitat Valenciana están trasladando a Fiscalía falta de vacunas contra la COVID-19 en algunos centros, por lo que los plazos estimados pueden sufrir retrasos.

Un único dato, y 'extraoficial'

En general, los datos y la situación de la COVID-19 en las residencias, sean o no de mayores, se han movido siempre en la incertidumbre. Hasta la fecha, al menos 30.917 personas han muerto con COVID o síntomas compatibles en las residencias españolas, según las cifras de las comunidades autónomas recopiladas por RTVE.es desde abril. Este número incluye sobre todo a personas mayores que vivían en residencias de ancianos, tanto públicas como privadas, pero también, en menor término, a residentes en centros de discapacitados y otros centros sociosanitarios.

En cualquier caso, estos casi 31.000 fallecidos significan que más del 44 % de las muertes notificadas oficialmente por el Ministerio de Sanidad desde que empezó la pandemia se ha producido entre este tipo de población vulnerable.

Pero no podemos hablar de cifras oficiales porque, pese a la gravedad de la crisis sanitaria vivida en estos centros institucionalizados ya hace casi un año, no hay datos para el conjunto del país. De hecho, ni siquiera existe un censo oficial de las personas mayores que viven en residencias en España: la cifra que se maneja, de 312.000 personas en septiembre de 2020, es una estimación.

Hasta la fecha, la única cifra 'oficial' -con origen en el Gobierno y correcciones por parte del IMSERSO- se conoció de manera extraoficial, a raíz del informe de un grupo de trabajo sobre la COVID-10 que el Gobierno no llegó a hacer público. En dicho informe se contabilizaban 20.268 muertes con COVID confirmada o síntomas compatibles.

Información sin centralizar y desigual entre comunidades

Desde el inicio de la pandemia, las comunidades autónomas han ido ofreciendo información sobre los fallecimientos de personas en residencias y centros sociosanitarios, aunque sin una periodicidad fija ni siguiendo un mismo tipo de recuento. Por ello, obtener un balance acumulado claro resulta complicado. RTVE.es ha sido desde el principio uno de los medios de comunicación que ha llevado a cabo un seguimiento diario de esta información dispersa.

Hay comunidades como Madrid, Castilla y León y Asturias que no especifican cuántos de los fallecidos en residencias vivían en centros de mayores y cuántos en residencias para personas con discapacidad. En cambio, otras como Cataluña desglosan los datos según el lugar de fallecimiento:en los propios centros, en hospitales, en su domicilio o en otros lugares sin clasificar. Asturias, por otro lado, distingue la proporción de casos y fallecimientos en sus residencias de mayores y discapacitados respecto al total del Principado en cada una de las tres olas de la pandemia.

Más allá de cifras acumuladas, tampoco hay un seguimiento en todas las comunidades del número de casos activos de la enfermedad ni de la situación clínica de los infectados. Baleares es una de las comunidades que sí informan de cuántos residentes hay con un contagio activo y cuántos hay hospitalizados, al igual que Cataluña o Cantabria.

La Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón y Extremadura hacen un seguimiento detallado de los casos activos por residencia -tanto residentes como trabajadores-, aunque solo las dos primeras actualizan a diario esa cifra, mientras que las otras lo hacen una vez a la semana. En un término medio están Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, que actualizan sus datos de lunes a viernes.

El pdf de cada día, semana o mes

A la información sin centralizar se añade su presentación dispersa. Mientras que hay comunidades que la suministran en sofisticados paneles de datos, otras la ofrecen como notas de prensa en formato PDF -o como entrada en su web-, sin una periodicidad fija ni tan siquiera previsible. Por ejemplo, hay territorios que solo informan del balance de la COVID en sus residencias cuando algún medio se lo pregunta de forma explícita.

De hecho, algunas comunidades rompieron la continuidad de su serie de datos al cambiar los protocolos de registro y recuento tras finalizar el estado de alarma decretado en primavera de 2020. Administraciones autonómicas dejaron un día de contar los fallecidos en residencias y lo retomaron semanas más tarde con el contador de nuevo a cero a partir de hitos indeterminados, hablando desde entonces del número de fallecidos en la "segunda ola" (Extremadura), "desde julio" (Navarra, Aragón) o "desde el 11 de agosto" (Gipuzkoa), obligando de esta manera a los medios de comunicación a buscar los extremos para unir una cadena de información rota.

Como consecuencia de la falta de exhaustividad en estos datos, se dan situaciones como la del gobierno regional de Madrid, que sumaba a comienzos de año mil fallecidos menos que el último dato oficial que dio de viva voz una semana antes de dimitir su exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), responsable de la gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid -las más castigadas por la pandemia durante la primera ola- y con fuertes discrepancias con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, del PP, por unos protocolos de derivación de pacientes de las residencias de mayores.

Desfase en Madrid, privacidad en Canarias y Murcia, ausencia en Ceuta y Melilla

En la Comunidad de Madrid, los datos de muertes en residencias se notifican junto con las producidas en otros centros sociosanitarios como los de discapacidad, dificultando su comparación con el de resto de territorios.

Mientras que la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid cifró el pasado 23 de junio los fallecidos en 5.987 (1.253 confirmados y 4.734 con síntomas compatibles), la de Sanidad reportaba a finales de enero casi mil muertes menos, 5.020 muertes el 28 de enero de 2021. La causa de la disparidad está en los diferentes criterios que han adoptado las respectivas consejerías.

Preguntadas por RTVE.es sobre este desfase de muertes, la Consejería de Sanidad remite la responsabilidad del informe a la de Políticas Sociales, y esta última asegura que se trataba de "datos brutos" recolectados por los inspectores que llamaban a las residencias y que se notificaron a petición del Ministerio de Sanidad en esa fecha. El recuento del departamento madrileño de Sanidad se ciñe a los certificados de defunción, de modo que "a través de los datos de sanidad mortuoria considera si los fallecimientos eran por COVID o con sospecha del virus o por otras causas" y, por lo tanto, es dicha cifra "la que hay que tener en cuenta".

El 9 de febrero esos datos de sanidad mortuoria elevan a 5.041 los fallecidos en centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid desde el inicio de la pandemia. La mayor parte de esos fallecimientos corresponde a la primera ola; la cifra de fallecidos en residencias en Madrid crece ahora mucho más lentamente. Pero dado que en ningún momento se ha incluido en el recuento de la Consejería de Sanidad las muertes en hospitales o centros sanitarios, la cifra real de residentes fallecidos será mayor.

Canarias y Murcia no emiten informes periódicos de consulta pública sobre las muertes en residencias. En el caso del archipiélago, se acumulan 73 muertos a fecha 9 de febrero, según los informes de la Consejería de Sanidad regional. Estos documentos no se hacen públicos porque contienen datos personales de las víctimas, según fuentes de la institución consultadas por RTVE.es.

La Región de Murcia, por su parte, suma 342 muertos en residencias, según fuentes de la consejería murciana. No diferencian entre sospechosos y confirmados por pruebas diagnósticas, pero tampoco si se trata únicamente de un dato para residencias de mayores o también incluye información de otros centros.

Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tampoco informan de la situación epidemiológica en sus residencias, si bien ninguna de las dos ha lamentado ningún deceso por COVID-19 en sus centros, y apenas ha habido constancia pública de brotes.

Si la primera ola de la pandemia dejó al descubierto las lagunas en la gestión administrativa y sanitaria en España, durante la campaña de vacunación se mantiene el desconocimiento en un ámbito clave en esta crisis como son las residencias de mayores. Como apuntan desde el CSIC, sólo cabe esperar que cuando haya finalizado el proceso de vacunación las comunidades y el Ministerio de Sanidad hagan públicas “las cifras definitivas (no estimadas) de residentes y trabajadores de todo tipo” que habrán recogido. Por el momento, sigue la escasez de datos.

Metodología

Para la elaboración de la información sobre fallecidos en residencias recurrimos a los datos ofrecidos por los departamentos de Sanidad de las comunidades y ciudades autónomas o, en su defecto, la información de los centros territoriales de RTVE.

El porcentaje de los fallecimientos de las personas que viven en residencias se calcula respecto al número de muertes totales, dato que cada día remite el Ministerio de Sanidad.

Por otro lado, para el cómputo final se ha tenido en cuenta a aquellos pacientes que, sin habérsele practicado la prueba, sí presentaban la sintomatología propia de la COVID-19.

Más información metodológica en la noticia completa sobre fallecidos de residencias.