Los militares birmanos intentan controlar Internet mientras continúan las detenciones tras el golpe de Estado
- Amnistía Internacional denuncia el uso metralletas en las manifestaciones por parte de la policía y EE.UU. ya impone sanciones
- El ejército ya había cortado durante varias horas después de dar el golpe de Estado
La junta militar de Birmania ultima una ley de ciberseguridad que le permitirá interrumpir temporalmente Internet, prohibir contenidos y reclamar datos de los usuarios, todo ello cuando continúan las detenciones a políticos tras el golpe de Estado.
Con relación a Internet, no es la primera medida que toma el ejército. Durante varias horas durante el golpe de Estado que dieron el pasado 1 de febrero ya habían cortado Internet. También durante más de 24 horas el fin de semana del 6 y 7 de febrero ante el inicio de las manifestaciones contra la Junta en las calles.
Además, tres días después del golpe, las autoridades también bloquearon el acceso a Facebook y Twitter, las plataformas más usadas por los críticos con el poder de facto, aunque muchos usuarios están usando programas VPN, redes privadas virtuales que permitir acceder a páginas restringidas.
No cesan las manifestaciones
El intento de controlar Internet llega mientras este jueves, por sexto día consecutivo, hubo protestas, aunque más dispersas y menos multitudinarias, a lo largo del país contra el levantamiento militar que acabó con el Gobierno electo de Aung San Suu Kyi.
Según el borrador de una directriz a la que ha tenido acceso Efe, la Junta ha exigido que los proveedores guarden un registro de los usuarios (IP, teléfono, dirección, uso de datos y otra información necesaria) durante tres años y entregarlo cuando se les pida. Aquellos que no faciliten los datos de acuerdo con la ley se enfrentarían a penas de hasta tres años de cárcel y multas de 10 millones de kyat (7.100 dólares o 5.800 euros).
En un comunicado conjunto, 160 organizaciones civiles birmanas han denunciado que la propuesta de ley vulnera los derechos digitales, la privacidad y otros derechos humanos, al tiempo que subrayaron que el Gobierno militar no tiene autoridad legal para legislar.
Continúan las detenciones
Los militares han llevado a cabo una nueva ola de detenciones la madrugada del jueves contra varias personas vinculadas al partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), miembros de la Comisión Electoral y abogados.
Entre ellos, ha sido detenido Kyaw Tint Swe, un aliado cercano a la líder birmana derrocada, Suu Kyi y otros cuatro políticos vinculados al Gobierno depuesto por los militares, según ha informado este jueves un portavoz de la LND.
Al menos 220 han sido arrestadas desde la toma de poder por la fuerza de los militares, aunque 20 han sido liberadas, informó este jueves la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania.
EE.UU. sanciona al propulsor del golpe de Estado
En respuesta al golpe, el presidente estadounidense, Joe Biden, ha anunciado este miércoles la inminente imposición de sanciones económicas a miembros del gobierno militar que tomó el poder la semana pasada. Los militares de Birmania "deben renunciar al poder y demostrar respeto por la voluntad del pueblo expresada en las elecciones del 8 de noviembre", ha asegurado Biden en una intervención desde la Casa Blanca.
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrará este viernes una sesión especial a petición de Reino Unido y la Unión Europea para tratar la crisis de Birmania tras el levantamiento militar y la deposición del Gobierno electo.
Acusaciones de usar metralletas contra manifestantes
Desde el golpe de Estado se han sucedido manifestaciones día tras día para mostrar el rechazo al ejército del golpe de Estado, unas manifestaciones en las que la ONG Amnistía Internacional ha acusado a la policía birmana de utilizar metralletas contra manifestantes.
Las imágenes captadas en las protestas de Birmania evidencian que las fuerzas de seguridad han utilizado metralletas contra los manifestantes que piden el fin de la junta militar, según un análisis de la ONG que contradice la versión oficial de las autoridades que dieron un golpe de Estado el 1 de febrero.
Los expertos de la ONG han analizado las imágenes de una protesta organizada en Naipidó el 9 de febrero y en la que una mujer de 19 años, Mya Thwe Thwe Khaing, recibió un impacto de bala en la cabeza. Según medios independientes, esta joven ha sufrido una pérdida notable de la función cerebral e incluso estaría en muerte cerebral.
El director del Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional, Sam Dubberley, ha subrayado que "las graves lesiones sufridas por esta joven fueron causadas por la Policía que disparó munición real directamente contra los manifestantes", "sin ningún respeto hacia su vida o su seguridad".