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Villarejo asegura haber recibido un encargo de Rubalcaba para proteger a una empresa afín al PSOE

  • Ha citado, entre otros, a la vicepresidenta Carmen Calvo y a varios senadores socialistas
  • El excomisario ha comparecido ante el juez en el marco de tres piezas separadas

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El excomisario José Manuel Villarejo
El excomisario José Manuel Villarejo

El excomisario José Villarejo, que ha vuelto a comparecer ante el juez en el marco de tres piezas separadas, ha afirmado que el encargo para espiar a la constructora Martinsa-Fadesa se enmarcó en una lucha interna en el PSOE andaluz y ha citado, entre otros, a la vicepresidenta Carmen Calvo y al expresidente Alfredo Pérez Rubalcaba.

Villarejo ha comparecido ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 por videoconferencia desde el centro penitenciario de Estremera, donde permanece desde hace más de tres años como preso preventivo por sus presuntos negocios ilícitos de espionaje mientras estaba en la Policía.

Le tocaba declarar por tres de esos supuestos encargos de espionaje, que afectarían, presuntamente, a exaltos cargos de empresas como CaixaBank y Repsol, al empresario Javier López Madrid o al exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín.

Siguiendo su habitual línea de defensa, el excomisario ha defendido su actuación y la ha enmarcado en encargos de las altas esferas políticas para defender los intereses del Estado y, en esta ocasión, ha citado nombres como el de la reina Letizia o el de la vicepresidenta Carmen Calvo.

Una lucha interna en el PSOE

Villarejo, que ha sido conminado por el juez en varias ocasiones para que se centrase en los hechos que se investigan, ha dado su versión sobre el denominado proyecto Saving, el presunto encargo que en 2011 le hizo el expresidente de la empresa de detergentes Persán José Moya para espiar al exdueño de la constructora Martín-Fadesa, un asunto en el que supuestamente estaría involucrado el exsenador socialista Rodríguez Martín.

En esta ocasión a quien ha citado Villarejo ha sido al exvicepresidente del Gobierno y exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, ya fallecido. Ha dicho que fue él a través de su jefe de gabinete y del exdirector adjunto operativo de la Policía Miguel Ángel Fernández-Chico, también fallecido, quienes le encargaron que protegiese a Persán -que había sufrido un perjuicio económico a raíz de una operación relacionada con Martinsa-Fadesa- por ser una empresa importante para el PSOE.

Según han informado fuentes de la defensa a RTVE, ha declarado que se reunió en el restaurante del Senado con varios senadores del PSOE de entonces, incluido Rodríguez Martín, y ha situado el encargo en una supuesta lucha interna entre dos facciones del PSOE andaluz: en una, ha dicho, estaría liderada por la actual vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, a quien ha situado en el sector que presuntamente habría colaborado para evitar que el otro grupo tuviera financiación, y en la otra por Rubalcaba.

Ha recordado que los senadores socialistas le aseguraron que estaban desvalidos porque la empresa habría sido estafada entre "70 y 100 millones de euros" al hacer una inversión y que su dueño intentaba poner denuncias en los tribunales y no eran estimadas. Villarejo asegura que Persán era donante del PSOE de Sevilla y que la estafa contaba con el respaldo de la orden de Malta, que se beneficiaba de lo estafado a través de Ahorro Corporación.

Las reacciones a las declaraciones de Villarejo no se han hecho esperar. En su cuenta de Twitter, la portavoz del Partido Popular (PP) Cuca Gamarra ha dicho que ya se sabe "por qué el PSOE quiso evitar que Villarejo compareciera en la Comisión Investigación del Congreso". Además, ha preguntado si pondrá "las mismas pegas" a la petición registrada del PP para que la vicepresidenta Calvo explique las acusaciones del excomisario por presunta financiación irregular.

El PSOE era el único partido que no había incluido a Villarejo en su listado de comparecientes en la comisión del Congreso que investigará la operación Kitchen, si bien finalmente rectificó y aceptó su comparecencia.

Reconoce el encargo de Repsol y Caixabank pero desvincula a las cúpulas directivas

Por otro lado, Villarejo ha declarado respecto al supuesto encargo de los exjefes de seguridad de CaixaBank y Repsol para espiar, según sostienen las acusaciones, al presidente de Sacyr Luis del Rivero. Aparte de desvincular a las cúpulas de ambas compañías, ha encuadrado los hechos en un servicio para el interés del país con el objetivo de defender a una empresa estratégica como Repsol de caer en manos extranjeras.

A tenor de las fuentes, ha dicho que los encargos le llegaron a través del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Fernández Chico, quien le dijo que Repsol estaba teniendo problemas con compañías rusas y mexicanas, y se ha ofrecido dispuesto a dar datos de lo que ha llamado el "CNI clandestino".

Según explica el auto del juez García Castellón por el que acordó la apertura de esta pieza separada, la misión era evitar que mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, otro de los grandes accionistas de Repsol, Sacyr Vallehermoso, se hiciese con el control del consejo de administración presidido por Antonio Brufau.

Investigó supuestas amenazas a López Madrid

Otra de las piezas ha sido en relación con el supuesto encargo de López Madrid para acosar a la doctora Elisa Pinto. Villarejo, según informan distintas fuentes jurídicas, ha negado que este le contratase para hacerlo o le pagase para ello, y ha indicado que Donato González, presidente de Societé Generale, le contó en 2013 que un empresario cercano al entorno de los entonces príncipes estaría siendo acosado con mensajes amenazantes.

Le dijeron, según las fuentes, que las amenazas vendrían del entorno de la doctora Elisa Pinto y que podrían afectar a los ahora reyes, de modo que se lo comunicó a responsables del Ministerio del Interior -entre los que ha citado al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez-, y de la Policía, como el exdirector general Ignacio Cosidó y el exnúmero dos Eugenio Pino.

Ha indicado que el excomisario Enrique García Castaño (imputado en varias piezas de esta causa) también recibió instrucciones de la Secretaría de Estado para investigar esas amenazas que, ha dicho, podrían afectar a la Casa Real, y ha encuadrado su actuación en un encargo del Ministerio del Interior en defensa de los reyes.