La Fiscalía recurre el tercer grado a los presos del 'procés' y pide su suspensión

• La Generalitat lo había concedido a finales de enero, un mes después de que fuera revocado por el Supremo
• El Ministerio Público considera que las razones del tribunal sentenciador para revocarlo mantienen "toda vigencia"

Imagen de archivo del juicio a los condenados por el 'procés'

La Fiscalía ha recurrido este lunes, un día después de las elecciones catalanas del 14F, el tercer grado que la Generalitat concedió a finales de enero pasado a los nueve presos del 'procés' y ha solicitado que su semilibertad quede en suspenso y vuelvan a prisión mientras se resuelve el fondo del asunto.

Los condenados por el 'procés' volvieron a salir de prisión el pasado 29 de enero -a excepción de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que lo hizo un día después-, coincidiendo con el inicio de la campaña de las elecciones autonómicas del 14F, después de que la Generalitat les concedió de nuevo el tercer grado, que el Tribunal Supremo les había revocado en diciembre.

Ahora, justo el día después de las elecciones del 14F, la Fiscalía provincial de Barcelona ha recurrido ante los respectivos juzgados de vigilancia penitenciaria para que revoquen el tercer grado a los nueve presos del procés, al tiempo que solicita que quede en suspenso su semilibertad, por la que solo van a prisión a dormir de lunes a jueves, hasta que se resuelva el fondo del asunto.

Las razones del Supremo mantienen “toda la vigencia”

En total son nueve los recursos presentados por la Fiscalía, uno por cada preso. En general, considera que no procede a la Generalitat conceder el tercer grado porque en su acuerdo “no hace mención a ninguna circunstancia distinta” a las que le llevó a conceder la semilibertad a los presos hace seis meses, un acuerdo que ya fue revocado “hace tan solo 40 días” por el Tribunal Supremo. Las razones del tribunal sentenciador, por contra, mantienen “toda la vigencia”.

La Fiscalía infiere, a partir del goteo de decisiones de la Generalitat sobre los presos y al hecho de que algunos de ellos ha manifestado su voluntad de "volverlo a hacer", que la política penitenciaria de la administración catalana va dirigida "no tanto su rehabilitación, sino directamente al objetivo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento".Se pretende así, según la Fiscalía, el "vaciado del contenido" de la condena, ya que resulta "patente" que "no hay que buscar" en el ámbito penitenciario "la razón" de su nueva clasificación en tercer grado, que coincidió con el inicio de la campaña electoral.

Según el ministerio público, la Generalitat ha puesto de relieve con su decisión "una cierta disconformidad" con las resoluciones del Supremo, aunque advierte: "las resoluciones judiciales no deben ser reinterpretadas sino acatadas"

Su conducta "muy grave" no debe quedar impune

"Las prematuras clasificaciones en tercer grado producen el menoscabo de los fines esenciales de la pena", advierte la Fiscalía, que insiste que no se puede transmitir a la sociedad el mensaje de que su conducta "muy grave" queda impune. Además, apunta que si no asumen el carácter delictivo de los hechos, "no puede hablarse de una evolución suficientemente favorable al régimen de semilibertad".

Como en todos sus recursos anteriores, la Fiscalía argumenta que en el caso de los presos del 'procés' se produce una "falta de modificación de aquellos rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva", ya que siguen considerando que los hechos por los que han sido condenados no son delictivos.

En el caso del líder de ERC, Oriol Junqueras, apunta que si bien los fines de la pena, en su vertiente de reinserción social, "pueden darse parcialmente por cumplidos", no ocurre lo mismo con los fines de reeducación y resocialización, en el sentido de hacer del interno "una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal, lo que difícilmente se puede predicar del interno en la medida en que no hay auténtica asunción delictiva".

Sobre Junqueras, detalla que "en absoluto se puede considerar que exista una verdadera asunción delictiva", ya que la situación "se mantiene exactamente igual" a la de los primeros informes, en que el exvicepresidente del Govern se definía como una "persona demócrata sobre todo" y que actuó "porque había un mandato superior del Parlamento de Cataluña y un consenso social suficientemente amplio para llevarlo a término".

"No cabe mayor distorsión sobre los hechos que ocurrieron en Cataluña", replica la Fiscalía, que defiende que "lo democrático no es imponer la voluntad propia aprovechándose de la situación de poder que se ostenta, convirtiendo su voluntad en ley, sino acatar las leyes y, si no se comparten, procurar cambiarlas por los cauces legales y democráticos.

En este sentido, el Ministerio Público reitera que los presos del " procés" no están condenados "por su ideología", sino por su "falta de respeto a las leyes democráticas".

El Govern ve rotos los puentes con el Estado

Tras la presentación de este recurso, el Govern lo ha tildado de "venganza" por el resultado de las urnas este 14F y cree que esta acción supone que el Estado "dinamita puentes" con la Generalitat,  según lo ha expresado Ester Capella, consellera de Justicia.

"¿Es casualidad que la Fiscalía recurra el tercer grado el día después de las elecciones?", se ha preguntado Capella, quien lo ve vinculado a la mayoría independentista en votos y escaños en el 14F. La titular de Justicia cree que lo que hubiera tocado el día posterior a unas elecciones hubiese sido "negociación, diálogo y acuerdos políticos", porque "ninguna resolución judicial ni ninguna intervención de la Fiscalía solucionarán el conflicto político".

Su colega de ERC y portavoz del partido, Marta Vilalta, ha enfatizado esa relación entre la petición de la Fiscalía y la jornada postelectoral, tachándola incluso de "respuesta de un Estado vengativo a los resultados electorales". Y por parte de Junts ha rechazado el recurso de la Fiscalía el secretario general de esta formación política, Jordi Sànchez, quien es a su vez uno de los nueve presos del procés con el tercer grado y ha subrayado que hay "intereses políticos" en esa decisión del ministerio público.