El Gobierno identifica 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia y abre la vía a su reclamación

• Del total, 20.014 inmuebles se corresponden con templos o edificios ligados al culto y 14.947 con terrenos, solares o viviendas
• El listado, que ha sido remitido al Congreso, incluye monumentos como la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla

El Gobierno abre la vía a reclamar 34.961 bienes inmatriculados de la Iglesia

El Consejo de Ministros ha remitido este martes al Congreso de los Diputados un listado con 34.961 inmuebles inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015 que abre la vía a posibles reclamaciones sobre la titularidad de miles de ellos.

Según ha detallado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de bienes inmuebles que la Iglesia Católica inmatriculó —inscribió a su nombre por primera vez— en el Registro de la Propiedad tras una reforma del Reglamento Hipotecario impulsada por el Gobierno de José María Aznar en 1998, que posteriormente fue derogada en 2015.

Durante esos años, la ley permitió a la Iglesia registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo una certificación eclesiástica.

"Este es un asunto que para este Gobierno estaba pendiente y que significa un paso de colaboración continua con las Cortes Generales de transparencia e información", ha subrayado Calvo, quien ha asegurado que el listado responde al trabajo "prolijo y riguroso" de la Administración General del Estado con el conjunto de los Registros del territorio.

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Del total, 20.014 se corresponden con templos o edificios de culto

El informe presentado, al que ha tenido acceso TVE, refleja que, del total de 34.961 inmatriculaciones, 20.014 tienen que ver con templos de la Iglesia o dependencias complementarias relacionadas con el culto o la tarea educativa que desarrolla la confesión religiosa, mientras que 14.947 están vinculadas a terrenos, solares, viviendas o locales que no se relacionan con esos usos.

"El conjunto de inmatriculaciones tiene una intensidad diferente según comunidades autónomas y diferentes territorios, pero arrojan un dato segundamente importante: 30.335 lo han sido en virtud de certificación eclesiástica, es decir, lo que la modificación del año 96 permitía en la ley es lo que ha hecho posible que con la fe de la autoridad eclesiástica se pudieran hacer matriculaciones al amparo de la legalidad", ha añadido Calvo.

En el caso de los 4.626 bienes restantes, la inmatriculación consta a otro título distinto, a título "bastante y suficiente para la demostración".

Respecto a la distribución geográfica, es Castilla y León la comunidad en la que más bienes inmatriculados hay (10.243), seguida de Galicia (7.131) y Cataluña (4.192), según el informe.

Por provincias, el mayor número de bienes inmatriculados se encuentra en la mitad norte de la península, en especial en A Coruña (con un total de 2.669 propiedades), Lleida (2.157, más que en las otras tres provincias catalanas juntas), Cantabria, Ourense y León (con más de 2.000 bienes en cada una).

Un ejemplo de la inmatriculación de bienes por parte de la institución eclesiástica ha sido la titularidad de la mezquita de Córdoba, que se registró a su nombre en 2006 como catedral de Córdoba y que aparece en el listado, al igual que la Giralda de Sevilla.

Calvo ha señalado que todos aquellos bienes que están catalogados como parte del Patrimonio Histórico español están protegidos por las leyes autonómicas de patrimonio histórico.

"Todos esos bienes tienen un régimen especial por cuanto forman parte de la propiedad privada pero están afectos a otros fines públicos y de utilidad social", ha remarcado.

¿Por qué el Gobierno no ha hecho públicas las inmatriculaciones de la Iglesia?

Se inmatricularon "a la luz de la legalidad"

La vicepresidenta primera ha recalcado que las inmatriculaciones se produjeron "al amparo de una situación legal". "Otra cosa es que, a lo largo de los años, haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el gobierno de Aznar, pero ha sido a la luz de una legalidad", ha añadido.

En el informe completo también se señala que "las fincas inmatriculadas a favor de la Iglesia Católica mediante el procedimiento del artículo 206 contaban con el necesario título material a su favor".

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El Gobierno ya confirmó el pasado mes de abril de 2020 que estaba elaborando "un informe relativo a la situación de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica, sobre la base de los listados solicitados a los Registradores de la Propiedad a través del Colegio de Registradores", si bien quedó paralizado debido a la irrupción de la pandemia del coronavirus.

Asimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció durante el debate de investidura que realizaría las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hubieran sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia. "En un estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley ni disfrute de privilegios que hieran el principio de legalidad e igualdad", aseguró durante su intervención en el Congreso.

Se podrán presentar reclamaciones

Calvo ha dejado claro este martes que, a partir de la publicación de este listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, puede reclamar alguno de estos bienes, ya sea por "vía administrativa", para que la Administración General del Estado abra la investigación correspondiente o por "la vía de los tribunales".

Además, ha añadido que si la Iglesia Católica considera que hay algunas inmatriculaciones que pueden ser, o no contestadas y que de oficio las puede resolver, o va a defender sus derechos ante los tribunales frente a una parte hipotética que también ejerza el derecho, "esa será una decisión suya"

"Al Gobierno lo que le compete es dar una información transparente, rigurosa y veraz de un mandato que se le había indicado, que se le indicó también a Rajoy y que no cumplió", ha añadido la vicepresidenta primera.

También la exministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró en el pasado que si en el censo se encuentra algún bien que sea público, se procederá a hacer un estudio jurídico para ver cómo se pueden devolver al dominio público.