La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia eleva a 6.402 las víctimas de "falsos positivos"
- Unos 1.500 militares están involucrados en el asesinato de civiles para ser presentados como abatidos
- Entre 2002 y 2008 se registró el 78% de los asesinatos
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha elevado este jueves a 6.402 el número de civiles asesinados por militares para ser presentados como guerrilleros abatidos entre 2002 y 2008, también conocidos como "falsos positivos".
Alrededor de 1.500 militares están involucrados en el asesinato de civiles, a quienes engañaban y mataban para después presentar mejores resultados a sus superiores y poder obtener permisos, premios y otros beneficios.
La Fiscalía de Colombia ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y por los que se han condenado solo a algunos soldados y suboficiales.
La cifra difiere de los datos de la Fiscalía
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP ha establecido este jueves que "por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008", una cifra que el tribunal ha reconocido que difiere de los datos de instituciones como la Fiscalía.
La JEP también ha indicado que "las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 y 2008 como el de mayor número de víctimas", un periodo que coincide con el mandato de Álvaro Uribe.
Además, entre esos años se registró el 78% del total de la victimización histórica, crímenes que se redujeron "drásticamente en 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009".
Seis territorios "críticos"
La JEP también ha catalogado seis territorio de Colombia como "críticos" en cuanto a los "falsos positivos": Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, que han sido priorizados en la investigación.
En Antioquia, en el noroeste de Colombia, se produjeron el 25% de los casos y en esa ona la IV Brigada del Ejército Nacional del país podría ser la responsable del 73% de los asesinatos. Mientras, en la región del Caribe la JEP ha identificado el 7,3% de los casos y tendrá prioridad la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del departamento de Cesar y el sur de La Guajira, "que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería número 2 'La Popa'".
En el Norte de Santander, que hace frontera con Venezuela, la mayor cantidad de víctimas se registró en la región del Catatumbo y la Segunda División es una de las cuatro del Ejército responsables de cerca del 60% de los casos.
La JEP ha señalado que en Hulia, en el sur del país, la Quinta División del Ejército "se caracterizó por un incremento sustancial de casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2005 y 2008, en comparación con el número de casos que se registran antes y después de ese lapso".
Además, entre 2002 y 2008 la tasa de víctimas en Casanare fue la más alta en todo el país, con casi 12 por 100.000 habitantes y en el departamento de Meta, el Batallón de Infantería número 21 'Batalla Pantano de Vargas' registró el incremento más significativo en la cantidad de "falsos positivos" entre 2002 y 2005.
El Caso 3
La JEP abrió el Caso 3 tras recibir informes de fuentes como la Fiscalía General que determinaba que este fenómeno aumentó de manera sustancial a partir de 2002, tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008 e involucró, presuntamente, a integrantes de las Fuerzas Armadas que pudieron haber tenido un papel determinante en los hechos.
Entre las más de 220 diligencias de la JEP en este caso, han rendido cuentas el excomandante del Ejército y general retirado Mario Montoya Uribe, el general y excomandante de la Brigada 30 Paulino Coronado, 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos, 10 oficiales con rango de Mayor y 7 con rango de coronel.
La JEP ya ha recuperado los cuerpos de 71 personas que fueron presentados de forma ilegítima como bajas en combate por agentes del Estado en Antioquia. Inicialmente, las víctimas de "falsos positivos" fueron habitantes de zonas rurales, aunque después el fenómeno se repitió en zonas urbanas, en personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, trabajadores informales, habitantes de calle e incluso en condición de discapacidad.
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