El terrorismo de ETA, la legalización del PCE y la crisis económica: el caldo de cultivo del 23F

• Los historiadores consideran que el malestar del Ejército ante la violencia terrorista precipitó el golpe de Estado
• La euforia inicial tras la llegada de la democracia dio paso al desencanto, agravado por la segunda crisis del petróleo

La España del 23F: de la recién estrenada democracia a la crisis económica y el terrorismo de ETA

El 15 de julio de 1977, España celebraba sus primeras elecciones generales de la democracia. El país rebosaba optimismo ante una nueva etapa, intentando dejar atrás el largo período de la dictadura franquista. Menos de cuatro años después, el 23 de febrero de 1981, un intento de golpe de Estado estuvo a punto de dar al traste con todo lo conseguido hasta la fecha.

Mientras el Gobierno comandado por Adolfo Suárez daba pasos en firme hacia la democratización del país, otros sectores más reaccionarios, entre los que se encontraba un parte importante de los oficiales del Ejército, mostraban su malestar hacia lo que consideraban la deriva de España, especialmente tras la legalización del PCE en abril de 1977 y ante el aumento creciente de la ofensiva terrorista de ETA.

"Hay que pensar que la mayoría de los oficiales habían sido entrenados durante el franquismo no para defender a España de enemigos exteriores, sino para defender la definición de Franco y los franquistas contra el enemigo interior, contra la 'anti-España'", asegura a TVE el hispanista Paul Preston.

Aunque Suárez había prometido a los mandos militares que no iba a legalizar el Partido Comunista, la necesidad de afianzar a la joven democracia española en el ámbito exterior le llevó a dar el paso. A cambio se ganó "el encono y la hostilidad de las altas esferas de las Fuerzas Armadas", añade Preston.

Para Juan Francisco Fuentes, catedrático de la Universidad Complutense y autor del libro 23F: el golpe que acabó con todos los golpes, "el Ejército procedía del régimen anterior y estaba llevando a cabo una transición muy complicada, especialmente entre los oficiales de mayor edad. Ese fue uno de los grandes problemas del gobierno de Suárez durante aquellos años".

La legalización en 1977 del PCE

Tras la euforia, el desencanto

La situación en España se agravó tras la aprobación de la Constitución y, especialmente, después de las elecciones generales del 1 de marzo de 1979. Aunque Suárez volvió a lograr la victoria, la amplia abstención (31%) era una muestra de que el fervor democrático había quedado apagado por los problemas económicos y sociales que asediaban a España.

Entre ellos, el terrorismo de ETA, que en lugar de aplacarse con la muerte de Franco alcanzó sus momentos de máxima violencia, especialmente entre 1978 y 1980, los llamados 'años de plomo'. El Gobierno de la UCD se mostraba impotente ante el rosario de asesinatos, que llegaron a rozar el centenar en 1980. Y la gran mayoría de las víctimas eran militares, policías o guardias civiles. La euforia inicial dio paso al desencanto.

"La democracia se iba tambaleando entre esas dos fuerzas hostiles: por un lado, el golpismo de los militares, a quienes no les gustaba nada el camino que les parecía que llevaba una democracia que había cometido la atrocidad de legalizar el Partido Comunista; y por otro, las atrocidades que cometía ETA", comenta Paul Preston.

Otro ingrediente que alentó el malestar del llamado 'bunker' -los sectores más reaccionarios que añoraban el régimen franquista- fue la puesta en marcha de la España de las autonomías, reconocida en la Constitución de 1978. A partir de 1979 el proyecto comenzó a plasmarse con la aprobación de los estatutos autonómicos, empezando por los del País Vasco y Cataluña, las regiones con mayor sentimiento nacionalista. En los años sucesivos, se uniría el resto de las comunidades.

El asalto de Tejero el 23F

Crisis y vacío de poder

A todos estos factores se sumó la grave crisis económica que sufrió España a partir de 1979, con la llamada segunda crisis del petróleo, así como el desmembramiento del propio partido gobernante, la UCD, que fue evidenciando sus costuras y disgregándose en distintos sectores -socialdemócratas, liberales, democratacristianos- que conducirían a su desaparición.

"Solamente entendiendo la situación de crisis que vivía España desde 1979 se puede comprender por qué se produjo el golpe de Estado, cuyo objetivo no era tanto establecer una junta militar, sino llevar a la presidencia del Gobierno a un general con un proyecto muy claro de reforma del sistema político que había puesto en marcha la Constitución de 1978", considera el historiador Roberto Muñoz Bolaños, autor de El 23F y los otros golpes de Estado de la Transición.

Juan Francisco Fuentes asegura que el "malestar" de ciertos sectores del Ejército fue el principal caldo de cultivo del golpe, sobre todo por la "sucesión de atentados terroristas que alcanzaron un número de muertos que era ya inasumible y una provocación constante a una institución ya de por sí descontenta con la situación del país".

La soledad que sufrió Suárez, abandonado incluso por su propio partido, contribuyó a una sensación de desgobierno y vacío de poder que precipitó la intervención militar. Fuentes asegura que Suárez no fue consciente del 'ruido de sables' porque, durante la transición el descontento de un sector del Ejército fue tan frecuente "que cuando ese malestar estaba llegando a un momento crítico, no se dio cuenta de que allí estaba pasando algo muy grave".

Dimisión de Suárez

Abandonado por su partido y asediado por la oposición, Adolfo Suárez anunció su dimisión el 29 de enero y fue precisamente durante la sesión para elegir a su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, cuando tuvo lugar el golpe. Probablemente los incidentes que se produjeron en la Casa de Juntas de Guernica el 4 de febrero, cuando varios miembros de Herri Batasuna vituperaron a los reyes, precipitaron el asalto al Congreso.

Discurso de dimisión de Adolfo Suárez

Si la primera intentona golpista de cierta entidad, la llamada 'Operación Galaxia', fue desmantelada en noviembre de 1978, el golpe de febrero de 1981 estuvo cerca de conseguir su objetivo, sobre todo por la implicación del Ejército.

Diecisiete mandos de la Guardia Civil y doce de las Fuerzas Armadas -más un civil- fueron condenados en el juicio, lo que da cuenta del alcance que la conspiración tuvo entre los oficiales.

Pero el 23F también supuso el fin de las conspiraciones militares, con la excepción de la de octubre de 1982, que fue desmantelada a tiempo y a la que se restó importancia para evitar la alarma social. A partir de aquel momento, el Ejército inició un proceso firme que convirtió a la institución en uno de los principales garantes de la democracia española.