Así fue el juicio del 23F: el proceso que reforzó a la democracia
- El juicio ante el Consejo Supremo de Justicia Militar duró más de 3 meses y las sentencias fueron revisadas por el Supremo
- Antonio Tejero, Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada se enfrentaron a penas de 30 de años de cárcel
No fue un juicio, fue un consejo de guerra. Los golpistas fueron juzgados por sus compañeros militares, tal y como marca la Constitución. No tenemos ni imagen ni sonido de las declaraciones porque prohibieron la entrada de cámaras y magnetófonos. Las crónicas se ilustraban con dibujos. Pero acreditaron a 66 periodistas, 46 españoles y 20 extranjeros, que cuentan que “el ambiente se podía cortar con cuchillos”.
Uno de los momentos más tensos del juicio del 23F fue cuando expulsaron a Pedro J. Ramírez, entonces director de Diario 16. “Tejero, Milans del Bosch y Armada se negaban a bajar a la sala del juicio porque estaban ofendidos por algo que había publicado mi periódico”, recuerda. El periodista critica que el presidente del tribunal se plegase a las exigencias de los acusados y pidiera a los policías que se lo llevaran. Miguel Ángel Aguilar, que trabajaba entonces en El País, cuenta que cundió el pánico: “Yo me sobrepuse, me agarré al brazo de Pedro J. y salí con él”. Abandonaron la sala entre abucheos.
“Un abogado hizo una soflama tremenda contra el Rey, contra el Gobierno, contra la Constitución y contra todo“
También echaron a Miguel Ángel Aguilar, pero no del juicio sino del bar. Cuenta que en una de las sesiones “un abogado hizo una soflama tremenda contra el Rey, contra el Gobierno, contra la Constitución y contra todo. Y fue refrendada con aplausos interminables de las comisiones militares y las familias”. Dice que no lo pudo soportar y se fue al bar, donde contó a los ociosos lo que había ocurrido. “Dije que me parecía inaceptable, que cuando hay una protesta o unos aplausos hay que despejar la sala. Y que eso no era un presidente, era un botarate. Entonces apareció la policía militar y me expulsó”
Los dos coinciden en que había un clamor a favor de los acusados. “La mayor parte del público estaba formado por simpatizantes, amigos, compañeros de armas de los golpistas”, dice Ramírez. Aguilar va más allá y asegura que “entre las comisiones militares había golpistas convencidos que no estaban procesados”, también habla del rechazo de las familias, que “consideraban a los periodistas responsables de que estuvieran enjuiciados sus parientes”.
El juicio empezó en febrero de 1982, cuando estaba a punto de cumplirse el primer aniversario del golpe. Y la sociedad estaba todavía tocada. Pedro J. Ramírez explica que el Gobierno quería que la prensa mantuviera un perfil sosegado, condescendiente, durante las semanas del juicio. “Me llamó el presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, y me dijo que estaba hablando con todos los directores de periódicos para pedirles una especie de pacto para no crear conflictos informativos”.
¿Dónde fue el juicio?
Eligieron el Centro Geográfico del Ejército como escenario del juicio y se gastaron 50 millones de pesetas, unos 300.000 euros, en los preparativos. Allí todavía conservan los cristales antibalas que se utilizaron para proteger a los acusados. La vista se celebró en una sala de 1008 metros cuadrados con aforo para 400 personas. Actualmente es un salón de actos y los militares dicen que todos le llaman 'el 23F'. Durante los tres meses que duró el consejo de guerra los acusados durmieron en la residencia de oficiales.
La sentencia
Se sentaron en el banquillo 14 militares, 18 guardias civiles y un civil. La lectura de la sentencia fue pública y se hizo en una sala repleta de periodistas con gran expectación. Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch fueron condenados a la pena máxima, 30 años de cárcel, por un delito de rebelión militar. El general Armada fue condenado por conspiración para la rebelión y el Consejo Supremo de Justicia Militar le impuso solo 6 años de prisión. Pero meses después, en abril de 1983, el Tribunal Supremo revisó la sentencia y aumentó la pena de Armada hasta los 30 años.
No fue el único caso. Elevó a 12 años la pena del comandante Ricardo Pardo Zancada y del general Luis Torres Rojas. Y a 10 años la de los coroneles Diego Ibáñez Inglés y José Ignacio San Martín. El Supremo aumentó la condena de 22 de los 33 procesados y absolvió a 3. La justicia puso así fin al acontecimiento que pudo cambiar la historia de España y su recién nacida democracia.