Más de 100 organizaciones de derechos humanos piden a la ONU un embargo de armas a Birmania

• La represión contra los manifestantes se ha cobrado ya tres víctimas mortales
• Casi 700 personas, entre ellas la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, han sido detenidas tras el golpe militar

Un manifestante hace el saludo de los tres dedos, símbolo de las protestas en Myanmar, este martes en una manifestación en Rangún

Más de 130 organizaciones garantes de los derechos humanos han instado este miércoles al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a imponer urgentemente un embargo internacional a la venta de armas en Birmania, donde el 1 de febrero el Ejército se hizo con el poder en un golpe de Estado incruento.

Desde entonces, al menos tres personas han perdido la vida al recibir disparos con munición real efectuados por la Policía contra las manifestaciones opuestos al levantamiento militar, mientras que decenas han sido heridos con balas de goma y cañones de agua. Además, al menos 696 personas han sido detenidas desde la asonada, incluida la depuesta líder electa Aung San Suu Kyi y 50 personas que ya fueron puestas en libertad, según las cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania.

"Aumenta nuestra preocupación por las constantes violaciones de los derechos humanos y el historial de graves abusos de las fuerzas de seguridad contra los críticos pacíficos del gobierno militar", apunta la carta firmada por 137 oenegés de 31 países, entre ellas Human Rights Watch y Fortify Rights.

La ONU ya condenó, en boca de su secretario general, António Guterres, "el uso de fuerza letal, intimidación y acoso contra manifestantes pacíficos". La condena ha llegado ya desde buena parte de la comunidad internacional, desde la Administración del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hasta el máximo responsable diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell.

"Uso excesivo de fuerza"

El grupo denuncia el uso "excesivo de la fuerza" utilizado por la junta para aplacar las masivas demostraciones pacíficas en favor de la democracia que se suceden a lo largo del país, a pesar de las medidas coercitivas de los militares, la desconexión nocturna de internet y el bloqueo de las redes sociales.

El embargo a la venta de armas debe incluir "el suministro directo o indirecto de armas, municiones y otro equipamiento militar, incluidos vehículos y dispositivos de comunicación y vigilancia, así como la provisión de entrenamiento, inteligencia y otra asistencia militar".

Y "debe ir acompañado de sólidos mecanismos de control y ejecución. Cualquier venta o transferencia de equipamiento militar a Birmania podría proporcionar los medios para reprimir aún más al pueblo en violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos", inciden las organizaciones. Los países miembros de la ONU deben adoptar medidas para bloquear la venta de armas al país asiático hasta que actúe el Consejo de Seguridad, apunta el escrito conjunto.

Los militares se mantienen en el poder a pesar de las protestas

El Ejército justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.

A pesar de la celebración de elecciones y el proceso iniciado en 2011 en Birmania hacia una "democracia disciplinada", como la denominan el Ejército -que gobernó el país con puño de hierro de 1962 a 2011-, el mando castrense mantenía todavía un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos del país.