Regulación del alquiler, prohibición de desahucios o más impuestos: los puntos de fricción del Gobierno en la vivienda

• Las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para la futura Ley de Vivienda continúan encalladas por sus diferencias
• Los socialistas abogan por incentivos fiscales, mientras que los ‘morados’ demandan que se cumpla el acuerdo de investidura

Vista de un barrio residencial en Madrid

Las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para abordar la redacción de la futura Ley de Vivienda continúan encalladas después de constatar en los últimos días que persisten las mismas diferencias que los separan desde hace meses en asuntos como la regulación del precio del alquiler, la prohibición de los desahucios más allá del estado de alarma o la puesta en marcha de un impuesto a las viviendas vacías, por lo que la aprobación de la norma continuará postergándose.

El Ejecutivo de coalición pactó el pasado 27 de octubre llevar la ley al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses, si bien hace unas semanas el Ministerio de Transportes decidió congelar las conversaciones para, según explicó el propio ministro, José Luis Ábalos, consensuar una postura común dentro del departamento y no retomarlas hasta que pasaran las elecciones catalanas del 14 de febrero. Desde Unidas Podemos, por su parte, aseguraron que la decisión llegaba para no perjudicar al candidato socialista, Salvador Illa, en los comicios catalanes debido a la "falta de ambición" de sus propuestas en materia de vivienda.

Lo cierto es las discrepancias en materia de vivienda continúan poniendo a prueba las costuras del Gobierno de coalición, ya de por sí en el punto de mira en las últimas semanas por otros recientes debates como el de las leyes de igualdad o las protestas por la encarcelación del rapero Pablo Hasel. Este mismo martes el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido a los socialistas del “error” que supone “tensionar" el Ejecutivo de coalición al "traicionar la palabra dada" e "incumplir el acuerdo" de investidura.

Por su parte, el presidente, Pedro Sánchez, ha restado importancia a las desavenencias entre el PSOE y Unidas Podemos: "Yo, como presidente del Gobierno, me manifiesto satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición durante este año largo que llevamos de legislatura". Sánchez e Iglesias se reunirán la semana próxima para abordar los últimos desencuentros en el Gobierno de coalición.

Precisamente en materia de vivienda, el PSOE y Unidas Podemos acordaron impulsar "las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas" del alquiler y habilitar a los ayuntamientos y comunidades a "regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas". Asimismo, en el acuerdo de Presupuestos ambas formaciones consensuaron "regular la contención de las rentas del alquiler en la Ley de Vivienda".

El control de los precios del alquiler

Este es precisamente uno de los puntos que más fricción ha provocado en el seno del Ejecutivo. Este lunes Ábalos rechazaba "imponer" el control de precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda y apostaba por poner en marcha otro tipo de medidas como los incentivos fiscales, tal como han hecho en Portugal. A su juicio, con el control de precios "puede haber una detracción del mercado" en la que "muchas de esas viviendas que podrían ser destinadas al alquiler acaben en la compraventa".

Sin embargo, para su socio en el Gobierno, “lo pactado obliga” y, por tanto, la limitación en los precios del alquiler debe ser una de las cuestiones que se incluyan en la futura Ley de Vivienda, señaló la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra. Además, un informe de la Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030 calificaba de "fracaso" el 'modelo luso' de incentivos fiscales de cara a lograr bajadas del precio del alquiler, por el que se decanta el PSOE.

En este sentido, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que el Ministerio de Transportes no renuncia a regular los precios de la vivienda en alquiler, sino que la discusión con Podemos está relacionada con las herramientas e instrumentos para llevarlo a cabo. "Hay que aprovechar las experiencias que tienen otros países y el objetivo que perseguimos es que no tenga efectos secundarios como la contracción de la oferta del alquiler", ha dicho Montero.

Además, ha apuntado que el Ejecutivo busca que el texto de la norma tenga todas "las perspectivas jurídicas" para que no haya ningún tipo de duda sobre su capacidad de adaptación. Esta apreciación de la ministra surge a raíz del fallo del Tribunal Constitucional la semana pasada por el que tumbó parte del decreto catalán de 2019 en materia de vivienda, un movimiento que ahora desde el Gobierno se mira con atención a la hora de redactar el borrador de la futura ley estatal.

La ministra portavoz también ha insistido en que el departamento que dirige José Luis Ábalos está trabajando "en la línea de lo que marca el acuerdo" que permitió el Gobierno de coalición. Por lo tanto, ha dejado claro que se trabaja en intentar evitar la subida de los precios del alquiler en zonas especialmente tensionadas, pero que "el problema de la vivienda es mucho más amplio que el de las zonas tensionadas, que están localizadas en determinados núcleos urbanos de las grandes ciudades".

El Gobierno mantiene el compromiso de regular el alquiler con "seguridad jurídica"

Prohibición de los desahucios e impuestos a las viviendas vacías

Otra de las iniciativas que propone la formación ‘morada’ en materia de vivienda, y que no entra en los planes de los socialistas, es prohibir de forma permanente los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Esta medida fue aprobada de forma temporal el pasado 22 de diciembre y tiene previsto que finalice el 9 de mayo, coincidiendo con el fin del estado de alarma.

Entonces hizo falta más de un mes de negociaciones entre los socios de Gobierno y una enmienda de Unidas Podemos de la mano de EH Bildu y Esquerra Republicana (ERC) al anteproyecto de Presupuestos Generales. La medida además fue criticada por ministros socialistas, como la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y la de Defensa, Margarita Robles, y fue motivo de fricción en el seno del Ejecutivo durante varias semanas.

Los de Iglesias también apuestan por poner en marcha medidas que fomenten la salida de viviendas vacías al mercado de alquiler y, para ello, no descartan implantar iniciativas como la creación de un impuesto o tasa a los propietarios de viviendas desocupadas. Asimismo, también se han mostrado partidarios de que los grandes propietarios pongan el 30 % de sus propiedades en “alquiler social para movilizar la vivienda vacía”, señalaba Belarra. En este sentido, desde Unidas Podemos también abogan por fijar la figura de gran tenedor a cinco o más viviendas (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más).

24 horas - El Gobierno presenta el índice de precios para proteger el precio de la vivienda - Escuchar ahora

Desde el PSOE, por su parte, defienden una política de vivienda "que comprometa a los poderes públicos y no trasfiera esa responsabilidad a los particulares, sean estos más o menos solventes". "No pensamos que los particulares tengan que resolver la política pública de vivienda, sino al que corresponda, que es al conjunto de las administraciones", apostillaba Ábalos, asegurando que, cuando se plantea la prohibición de los desahucios, deben ser las administraciones "las que procuren alternativa habitacional".

"Pensamos que es mucho más positivo incentivar que penalizar, que haya estímulos para que se saquen estas viviendas al mercado del alquiler", incidió, dirigiendo esos incentivos a aquellos propietarios que ofertan su vivienda "no ya por debajo del precio de mercado, sino por debajo de los índices de referencia que el Ministerio publica".

Las negociaciones continúan encalladas

Precisamente el pasado jueves los equipos de la Vicepresidencia segunda, representada por Belarra, y del Ministerio de Transportes, encabezado por el secretario general para la Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, retomaron las negociaciones sobre la ley, dado que los contactos se congelaron por las elecciones catalanas del 14F.

El encuentro no fue satisfactorio para Unidas Podemos. Los ‘morados’ reprocharon a sus socios de Gobierno que, a pesar de que acordó llevar un texto conjunto al Consejo de Ministros antes de que finalice febrero, el equipo del ministro José Luis Ábalos todavía no ha concretado por escrito cuál es su posición entorno a los temas clave para los de Iglesias. De hecho, aseguran fuentes de la formación a Europa Press, recriminaron que el PSOE parece "muy próximo" es sus planteamientos a los de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), que dirige el exministro Joan Clos, y al sector inmobiliario.

Antes de las elecciones catalanas, y por las discrepancias durante la campaña, PSOE y Unidas Podemos ya enfocaban la reactivación de los contactos sobre la Ley de Vivienda con posiciones alejadas que, por el momento, hacen difícil vislumbrar un acuerdo inmediato.