El CGPJ se opone por unanimidad a los ejes de la ley del 'solo sí es sí'

• El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado su informe sobre el texto para reformar la tipificación de los delitos sexuales
• El dictamen, que no es vinculante, llega tras cuatro meses de deliberaciones y se opone al espíritu de la norma

La ministra de Igualdad, Irene Montero.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado, por unanimidad, los dos ejes fundamentales del anteproyecto de ley de garantía de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación.

El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado este jueves su informe sobre el texto del Ministerio de Igualdad para reformar la tipificación de los delitos sexuales, un dictamen crítico -pero no vinculante- que llega tras cuatro meses de deliberaciones y se opone al espíritu de la norma.

El retraso del dictamen complica los planes de Igualdad

Es previsible el choque con Igualdad, ya que la propia ministra, Irene Montero, avanzó que la ley saldriá adelante, aunque se opusiera el órgano de gobierno de los jueces.

Su ministerio también reprocha al Consejo que haya retrasado la aprobación de su dictamen, teniendo en cuenta que el objetivo era remitir la ley al Parlamento para el 8 de marzo, Día de la Mujer, y ahora será prácticamente imposible, pues necesita todavía el informe del Consejo de Estado.

No es el primer contratiempo de este anteproyecto, aprobado ya hace un año por el Consejo de Ministros y objeto de uno de los primeros encontronazos entre los socios del Gobierno de coalición, con desavenencias expresas entre Igualdad y Justicia.

El CGPJ ve “innecesaria” la definición del consentimiento

Entre los puntos que cuestiona el CGPJ está el de la definición de consentimiento, clave en el anteproyecto. El problema que plantea el CGPJ al respecto no es conceptual, sino de prueba. "Se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia", advierte el informe.

Además, el CGPJ considera que el Código Penal vigente ya considera punible todo acto de carácter sexual realizado sin el libre consentimiento del sujeto pasivo y considera "innecesaria" la definición que se hace en el anteproyecto diseñado por Igualdad.

Del mismo modo, apuntan que esta redacción "no logrará evitar la victimización secundaria" porque "hará girar los interrogatorios hacia el modo en que la víctima suele prestar consentimiento sexual para determinar el alcance de las circunstancias concurrentes.

Además, cree que la definición de consentimiento contiene "elementos contradictorios" al "admitir claramente en su primera parte que la manifestación de la voluntad pueda ser expresa o tácita y exigir en su inciso final que sea expresa". Para eliminar esa contradicción se propone que el precepto se refiera a la voluntad a secas, como, señalan, ya hace el Código Penal, que podrá manifestarse de modo expreso o tácito.

Consideran que eliminar el delito de abuso podría perjudicar a la víctima

Por otro lado, en el anteproyecto de Igualdad se opta también por eliminar el delito de abuso sexual y crear una categoría única de agresión sexual, para evitar que fuera considerada abuso una violación en la que no se lograr probar la existencia de violencia o intimidación, como ocurrió en las primeras sentencias del caso de 'La Manada'.

Sin embargo, para el CGPJ, esta decisión conlleva "una indiferencia valorativa de los medios comisivos que choca con el principio de proporcionalidad en una doble dirección". Esto, indican los expertos, podría desembocar en una "desprotección de las víctimas", pues para el autor del delito "no tendrá mayores consecuencias emplear un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor".

Para evitarlo, recomiendan prever una modalidad agravada de agresión sexual cuando concurra un medio comisivo especialmente lesivo (claramente, con violencia, con amenazas), imponiendo la pena en su mitad superior.

A la espera del informe del Consejo de Estado

Finalmente, el CGPJ cuestiona que el texto remitido por el Gobierno tenga el carácter de ley orgánica "parcial", atribuyendo rango orgánico a su título preliminar y a varias disposiciones finales que modifican ciertos preceptos de distintas leyes afectadas por el carácter integral y transversal de la norma.

En este sentido, los magistrados estiman que resultaría técnicamente más correcto regular separadamente mediante una ley orgánica las modificaciones de las distintas leyes que tienen dicho rango o merecen tal carácter, y dejar la regulación del núcleo del texto proyectado a una ley ordinaria.

El anteproyecto de ley ha sido avalado por el Consejo Fiscal, en una decisión acordada por unanimidad por los miembros de este órgano facultativo que destacaban, entre otras valoraciones, que la definición de consentimiento otorga "más claridad a esta figura". Aún así, instaba a mejorar algunos puntos. A estos dos informes, habrá que sumar el del Consejo de Estado.

Una vez valorado por los tres organismos, este anteproyecto, que fue aprobado como tal por el Consejo de Ministros el 3 de marzo de 2020, deberá volver a ser aprobado por el Ejecutivo como Proyecto de Ley y después iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso.