¿Se puede multar a quienes se niegan a vacunarse?

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Imagen de archivo con viales de vacunas contra el coronavirus.

Siete de cada diez personas deberían estar ya vacunadas contra el coronavirus al final del verano. Ese continúa siendo el objetivo del Gobierno, pese a los problemas con los suministros de dosis por parte de las farmacéuticas. Mientras la población deposita sus esperanzas en los antídotos para la vuelta a una vida sin restricciones y quienes desconfían de los fármacos son cada vez más minoritarios, estos días resuenan dudas jurídicas: ¿Se puede multar a quienes se niegan a vacunarse? ¿Podría hacerse la vacuna obligatoria en España?

El debate se ha agitado a raíz de que el parlamento de Galicia aprobara este martes una reforma de la Ley de Salud gallega que establece sanciones para distintas infracciones sobre la salud pública, entre ellas, la negativa "injustificada" a la vacunación "prescrita por las autoridades sanitarias". En ese caso, las multas serían de hasta 60.000 euros, "cuando se produzca un riesgo o daño muy grave para la salud de la población".

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No, Galicia no ha hecho obligatoria la vacuna contra la COVID-19

"La ley aprobada por el Parlamento gallego recoge como infracción administrativa la negativa a vacunarse cuando se haya ordenado por la autoridad competente. Es decir, que si se declarara obligatoria la vacunación de COVID-19, podría sancionarse en Galicia por incumplir esa obligación, lo que parece razonable. Ahora bien, esto no quiere decir que la vacunación sea obligatoria", explica a RTVE.es Víctor Soriano, abogado y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Europea de Valencia.

El Ministerio de Sanidad ha defendido desde el inicio de la campaña que la vacuna contra el coronavirus sería voluntaria. En nuestro país es siempre así, aunque las cartillas de vacunación recojan "recomendaciones" para menores y adultos. De este modo, de acuerdo con el abogado y presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, Carlos Fornes, la obligación de vacunarse, que afecta a derechos fundamentales como la integridad física, “debe legislarse por parte de un organismo estatal, no está contemplado que pueda hacerlo una comunidad autónoma”.

“Lo que ha hecho Galicia es desarrollar la Ley Orgánica de Medidas Especiales, que sirve de complemento a la Ley General de Salud Pública. Esta ley orgánica permite excepcionalidades en la lucha contra la pandemia”, desarrolla Fornes, que subraya en su explicación que nos encontramos ante circunstancias excepcionales que requieren medidas excepcionales.

Pero, ¿puede obligarse a la vacunación?

De acuerdo con los juristas consultados, una de las claves de la disyuntiva es cuál es el límite a esas "medidas excepcionales" que señalaba Fornes.

“Galicia está intentando crear un marco normativo que les permita adoptar una vacuna forzosa en el caso de que lo consideren oportuno”, apunta Íñigo de Miguel, investigador de la Universidad del País Vasco y miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario, que admite que existen dudas razonables sobre si las competencias autonómicas alcanzan una decisión de este tipo o si, efectivamente, están ya amparadas por la ley General de Sanidad.

“En casos puntuales se ha hecho, como en el sarampión de Granada, pero hicieron falta autorizaciones judiciales previas. “

“La Ley Orgánica 14/1986 da un abanico muy amplio, porque en uno de sus artículos habla de aplicar ‘las medidas que sean necesarias’, de forma muy genérica. Y esto plantea una enorme discusión: ¿incluye la vacunación obligatoria? En casos puntuales se ha hecho, como en el sarampión de Granada, pero hicieron falta autorizaciones judiciales previas. Pero aquí estamos hablando de algo diferente: sería introducir multas, es decir, modificar la normativa y sin actuación judicial previa. ¿Es posible que la norma del 1986 habilite esto? Puede que sí o puede que no. Yo por lo menos no lo tengo claro”, reconoce.

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En cambio, Fornes, de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, afirma con rotundidad que para “avanzar en una obligatoriedad de las vacunas, se necesitaría un apoyo normativo que de momento no existe”, mientras que, con la legislación actual, si un paciente se niega a recibir una vacuna siempre “tendría que iniciarse un proceso judicial”.

Algo similar ya ha ocurrido, como señala el abogado Chema Antequera, portavoz de la Asociación de Juristas de la Salud: "Recientemente juzgados han determinado que la negativa de hijos a autorizar la vacunación contra la COVID-19 en residencias no se ajustaba a derecho, y autorizaron al centro a administrar dicha vacuna por proteger la salud de los residentes mayores".

¿Debería la vacuna ser obligatoria?

¿Debería hacerse obligatoria?

“No tenemos ni de lejos las condiciones para introducir normativa que haga obligatorias las vacunas”, valora el catedrático Íñigo de Miguel. Según indica, fuera una Comunidad Autónoma o el mismo Estado, en la ley se debería justificar extensamente por qué se toma esa decisión, de acuerdo a un principio de proporcionalidad, así como explicar por qué no hay otra forma de obtener ese mismo resultado.

“Lo que no veo sentido es que en un estado haya comunidades autónomas tengan vacunación obligatoria y otras que no. Eso sería absurdo”, opina al reclamar un consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que reúne a todas las comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad.

Sobre la obligatoriedad de las vacunas, “puede discutirse su constitucionalidad, ya que afecta claramente a derechos fundamentales”, argumenta, por su parte, el letrado Víctor Soriano, que defiende igualmente que esto precisaría de una ley orgánica estatal.

En ese caso, Antequera explica que sería necesario encontrar un equilibrio entre dos derechos fundamentales: la libertad de los ciudadanos y el derecho a la salud del conjunto de la sociedad. "Y sin duda en una situación de grave emergencia sanitaria el derecho a la vida debe ser protegido", opina.

Una legislación demasiado "parca" para la pandemia

Si bien la legislación actual sí contempla la posibilidad de sancionar a quienes incumplan las leyes en materia de salud pública, para el abogado y profesor de derecho administrativo, Víctor Soriano, la regulación se ha quedado “muy parca para crisis sanitarias como la actual”. Por ello, le parece “lógico” que las comunidades autónomas traten de suplir esas carencias con nuevas leyes.

“Lo ideal hubiera sido crear una ley de Emergencias Sanitarias“

“Ahora mismo, la regulación es tan escasa que cualquier incumplimiento de las normas que se están dictando para hacer frente a la pandemia se trata igual: con un único artículo de una ley estatal. Esto es claramente insuficiente y genera una situación de inseguridad jurídica", desarrolla Soriano sobre las carencias, que explicarían también las diferentes resoluciones judiciales para mismas restricciones en las comunidades autónomas.

“Lo ideal hubiera sido crear una ley de Emergencias Sanitarias en la que se resolvieran todas estas cuestiones, como las cuarentenas y otras muchas cosas que no tenemos bien resueltas”, argumenta De Miguel, que reprocha al Gobierno y al Congreso de los Diputados, como legisladores, la incertidumbre generada tras un año de pandemia.

“Lo peor que puede ser un sistema de derecho es injusto. Y lo siguiente es inseguro. Es decir, que la gente no sepa qué puede y qué no puede hacer”, afirma sobre unos problemas que creen que trascienden a la actual emergencia sanitaria.