La CUP exige una reforma de los Mossos, un plan de choque y un referéndum para apoyar a ERC y JxCat en el Govern

• Condicionan su apoyo al nuevo Govern a que se cumplan los principales pilares de su programa
• Riera no ha especificado si formarían parte del Ejecutivo pero sí quieren "asumir responsabilidades"

El diputado de la CUP Carles Riera, durante una rueda de prensa.

La CUP ha condicionado su apoyo al nuevo Govern, que negocia con ERC y ERCJxCat, a que se cumplan los tres principales pilares de su programa: una reforma del modelo de Mossos d'Esquadra, un plan de choque para rescatar a los sectores más vulnerables ante la crisis y un referéndum de autodeterminación.

Así lo han explicado este sábado en rueda de prensa los diputados electos Eulàlia Reguant y Carles Riera tras la reunión de su Consejo Político, en el que se han debatido las condiciones para formar Govern y se han analizado los escenarios abiertos a raíz de las elecciones catalanas del 14F, en las que obtuvieron nueve escaños.

"El programa es nuestra prioridad. En absoluto son las sillas", ha asegurado Riera, quien ha evitado detallar si entrarán en el Ejecutivo pero ha indicado que estarán "en disposición de asumir todas las responsabilidades que sean necesarias sin que la represión sea un límite".

En este sentido, ha señalado que tomarán la "posición institucional" que les parezca más "adecuada" en cada momento para tener "más fuerza y capacidad" de asumir los tres objetivos programáticos que han situado como condición 'sine qua non' para pactar el nuevo ejecutivo catalán. "Estamos a la espera de los acontecimientos que nos guiarán para que la militancia decida", ha agregado el diputado de la formación anticapitalista.

La CUP ha eludido precisar qué papel adoptará en esta nueva legislatura después de que el viernes se ofrecieran a presidir el Parlament, una cámara que, ha resaltado Riera, tendrá un rol "fundamental" para frenar al "fascismo" y defender la democracia y los derechos cuando el Tribunal Constitucional quiera limitarlos", a pesar de las "consecuencias represivas" que ello pueda comportar.

"Si este es el enfoque de la legislatura, de pacto antifascista y defensa de la soberanía del Parlament ante el TC, también estamos dispuestos asumir todas las responsabilidades, pero absolutamente nunca el hecho de que ocupemos un puesto en la Mesa significará un intercambio de sillas", ha enfatizado.

"Giro radical de 180 grados"

La formación anticapitalista ha llamado así a dar "un giro radical de 180 grados" al Govern y al Parlament para que ambas instituciones sean "instrumentos al servicio de la gente, de la democracia y de las necesidades de la mayoría", así como un "escudo" y un "muro" de protección de los derechos sociales, civiles y políticos.

Tal como ha detallado, por su parte, Reguant, las exigencias de la CUP pasan por "frenar las hemorragias" que sufre Cataluña, como la "vulneración de derechos básicos y fundamentales", entre los cuales el de vivienda o protesta, o la reforma del modelo de orden público de los Mossos d'Esquadra.

De hecho, en el marco de las negociaciones para un acuerdo de investidura, la CUP y ERC han perfilado ya posibles cambios en el modelo policial, que incluyen una moratoria en el uso de las balas de foam y de la participación de las unidades antidisturbios (BRIMO) en los desahucios, así como el cese de las acusaciones particulares por parte de la Generalitat en las causas contra activistas.

Un preacuerdo al que han instado a JxCat a "dar respuesta" y a sumarse al mismo, "tal como lo hizo ERC".

La segunda condición de la CUP consiste en un compromiso para "construir los fundamentos de un nuevo país" basado en "derechos y libertades, el feminismo, la igualdad y la transición ecológica".

"Pan, techo, trabajo y salud para todos", ha resumido Riera, quien ha remarcado que estos objetivos sólo serán posibles en una Cataluña independiente porque son incompatibles con "un régimen y un Estado al servicio del Ibex 35 y de una monarquía corrupta".

Finalmente, la formación ha planteado un plan de rescate para los más afectados por la crisis derivada de la covid-19 con la intención de convertir esta legislatura en una garantía de "servicios públicos de calidad, universales, gratuitos y absolutamente para todos sin exclusiones".