De luchar contra la pandemia a ir a juicio para seguir en España: el periplo "kafkiano" de sanitarios extranjeros

• Sara y Ernesto, en primera línea contra la COVID, están indocumentados tras meses sin poder conseguir una cita en Extranjería
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Colas de inmigrantes en Madrid en una imagen de archivo

Vinieron a España a estudiar el MIR y, como residentes en los hospitales, muchos de ellos terminaron luchando en primera línea contra la pandemia. Más tarde, sin embargo, tuvieron que luchar también para seguir residiendo legalmente en España ante un sistema de citas previas en las oficinas de Extranjería totalmente colapsado, alrededor del cual se ha creado un mercado negro de "venta" de citas, con precios que van desde los 50 hasta los 400 euros.

Es el caso de Sara y Ernesto (nombres ficticios), que llegaron de Chile hace dos años para estudiar una especialidad médica. Durante la pandemia caducó su permiso de estudios, que tienen que renovar anualmente, y se enfrentaron a la odisea de encontrar una cita a través de internet, algo que ya era difícil antes de la llegada del coronavirus, pero que la crisis sanitaria ha convertido en algo casi imposible.

“"Empezamos a buscar cita en agosto y no encontramos hasta noviembre"“

"Empezamos a buscar cita desde agosto y no encontramos hasta noviembre, pero ahí ya había pasado el plazo de renovación", explica Sara a RTVE.es. A pesar de tener un contrato de trabajo en un hospital, se encontraron con que habían perdido la residencia legal en España, con todo lo que ello conlleva.

Dispuestos a ir a los tribunales

"No nos podemos mover del país, no podemos volver a Chile ni salir de vacaciones. No podemos acceder a contratos de trabajo, de piso, a una hipoteca, a un título en una universidad", enumera Ernesto.

Aunque "por desesperación" pensaron en recurrir a la compra de una cita a través de internet, finalmente optaron por interponer un recurso de reposición para que Extranjería reevaluara su caso. Si este recurso fracasa –su abogada ya les advirtió de que no tuvieran "muchas esperanzas"-, están dispuestos a ir a los tribunales.

“"A la gente que no tiene esos recursos no les queda más opción que recurrir a este tipo de mafias"“

"No nos queda otra opción. Decidimos venir a España a hacer una especialidad, nos quedan dos años y no quisiéramos dejar todo esto tirado simplemente por un tema administrativo", se lamentan. Al haber decidido recurrir, no se les puede deportar mientras el caso siga abierto, pero advierten de que su situación es “privilegiada” frente a todos los inmigrantes que no pueden pagar un abogado.

"A la gente que no tiene esos recursos o un contrato no les queda más opción que recurrir a este tipo de mafias", recalca Ernesto. "O que te deporten", añade Sara.

"Negocio paralelo" de citas previas

Cuando se promulgó el Estado de Alarma hace casi un año, en cualquier administración que atendiera de manera presencial se hizo obligatorio solicitar cita previa. En Extranjería, donde antes muchos solicitantes hacían largas colas para ser atendidos, el virus acaba por agudizar el colapso. Es aquí cuando el "negocio paralelo" de venta de citas, como lo definen fuentes policiales -que aseguran que no se trata de un servicio ilegal-, hace su agosto.

David (nombre ficticio) pagó 70 euros por adelantado a una supuesta gestoría. Cuando le consiguieron la cita, terminó abonando 108 euros. "La desesperación te obliga a hacer este tipo de cosas para regularizar la situación en un país que no es el tuyo", cuenta este inmigrante chileno, que vino a España hace tres años para estudiar un doctorado.

"Estuve desde finales de marzo hasta diciembre intentando conseguir una cita sin éxito. Casi todos los días de la semana, entre 8 y 10 de la mañana tecleando". Finalmente, cuando quedaban pocas semanas para que se caducara su permiso y pasara a ser indocumentado, contactó con una "asesoría" virtual que encontró en internet, una "mafia", como las denomina Fernando García Castro, secretario general de CCOO en el Ministerio de Interior.

En el límite de la legalidad

Los precios varían según el trámite y la localidad. En Madrid, la tarifa varía entre los 50 y los 150 euros, mientras que en Barcelona ha llegado a los 400 euros, explica García, quien sí que cree que se trata de un negocio "ilegal" que se aprovecha "de las miserias y las necesidades de la gente".

En RTVE.es hemos contactado con una de estas gestorías, que ofrecen "seriedad absoluta" en la gestión. Piden 50 euros por un trámite de toma de huellas, necesario para renovar la tarjeta de identificación. Cuando se les pregunta por si este intercambio es legal, responden que sí: "absolutamente legítimo".

Captura de pantalla de una conversación con una gestoría para solicitar una cita en Extranjería RTVE.es

Fuentes policiales explican que, a pesar de las investigaciones sobre este tipo de recursos, no se ha encontrado "ningún precepto a través del cual se les pueda imputar un delito". "Es como cuando contratas a alguien para que te pase la ITV o te haga la declaración de la renta", afirman.

Defienden que el problema de raíz en Extranjería era el "efecto embudo" tras los meses de parón por la pandemia, pero que se han aumentado los recursos para ofrecer muchas más citas y evitar que los solicitantes se vean obligados a recurrir a estos negocios. Según ha comprobado RTVE.es, actualmente es posible conseguir una cita en la mayoría de las provincias.

¿Cómo funcionan?

David dedicó meses a buscar una cita para tomar su huella y así poder renovar su Tarjeta de Identificación de Extranjero, un trámite que la gestoría con la que contactó solventó en menos de dos semanas.

Toda la comunicación se realizó vía Whatsapp y David nunca llegó a ver a la persona que le consiguió la cita ni habló con nadie por teléfono. Simplemente dio algunos datos personales e hizo la transferencia al número de cuenta que le indicaron. Antes de comenzar el proceso era escéptico, pensaba que podría ser "una estafa", pero explica que no le quedaba otra "ante la desesperación de que el día se acercaba" y dejaría de estar en España legalmente.

El portavoz de Comisiones Obreras apunta al uso de bots o programas informáticos que se hacen con las citas en cuanto salen para luego revenderlas, pero desde la Policía contestan que tras una investigación llevada a cabo junto a la unidad de ciberdelincuencia, "no hay evidencia de que existieran bots".

Además, señalan para evitar este tipo de situaciones, se crearon varios filtros de seguridad. Actualmente desde una sola IP se pueden conseguir 10 citas al mes y tres en un mismo día, y para confirmar la cita es necesario un mensaje SMS en el móvil del solicitante.

Sin tiempo para conseguir cita: "Prácticamente vivía en el hospital"

La venta de citas ya existía antes de la pandemia, pero el colapso del sistema en 2020 puso a muchos solicitantes "en una situación límite", como reconocen Sara y Ernesto, y muchos de ellos acabaron recurriendo a este servicio. Sara se lo llegó a plantear, pero decidió no comprar la cita, ya que no le daba confianza la cantidad de datos que tenía que facilitar.

Prefirieron continuar por los cauces legales, a pesar del poco tiempo que les dejaba para coger citas su trabajo en el hospital. "Nosotros durante la pandemia estuvimos trabajando sin parar. Yo hice guardias atendiendo a pacientes con coronavirus y no dábamos abasto", se lamenta Sara. Ernesto trabajaba incluso los fines de semana y "prácticamente vivía en el hospital".

Cuando la primera ola dio un respiro, se pasaban las noches frente al ordenador buscando la cita para renovar su permiso, ya que durante la madrugada es más fácil conseguirla. Finalmente, a las 2 de la mañana, lograron hacerse con una cita. Cuando acudieron a la oficina en noviembre entregaron sus documentos, pero la persona que les atendió no les dijo que ya se había pasado el plazo –incluida la prórroga automática decretada durante el primer estado de alarma-. Se enteraron más tarde, cuando ya había terminado el periodo de reclamación, y ya no tenían opción de regularizar su situación.

"Verte en esa situación es un poco loco, un poco kafkiano. No entendemos mucho lo que está ocurriendo. No queríamos recurrir a algo ilegal", dice Sara.

Una "falta de personal brutal"

Para García, el problema de fondo es "una falta de personal brutal" en la Dirección General de Policía, el organismo que gestiona los trámites de Extranjería. Según detalla, en este órgano hay 5.025 puestos de trabajadores administrativos y el 30%, alrededor de 1.500, están sin cubrir.

“"Los tratan como a ciudadanos de segunda"“

"Están quitando policías de la calle, quitándolos de la seguridad ciudadana y poniéndolos a expedir tarjetas", denuncia el representante de Comisiones. Cree que no se está ofreciendo un servicio público adecuado y se está tratando a los extranjeros "como a ciudadanos de segunda". Además de la necesidad de contratar a más personal, García defiende que es necesario un sistema de citas previas específico, como ocurre con el DNI y abrir más centros donde realizar estos trámites. En la ciudad de Madrid, por ejemplo, tan solo hay un gran centro que realiza alrededor de 600 trámites al día.

"Si hubiera más centros, más personal administrativo y un sistema de cita previa estaríamos dando un servicio público de calidad". expone. Critica que se supla ese personal con policías, más caros para las arcas públicas y con una formación diferente.

Pero la Policía se defiende y asegura que estos problemas han quedado en el pasado. Según datos facilitados a RTVE.es, durante 2020 se hicieron casi un millón de tarjetas de identificación de extranjeros, 110.000 documentos más durante el primer estado de alarma que en el mismo periodo del año pasado. También informan de que durante el mes de enero se tramitaron 108.821 tarjetas, un 46,6% más que en el mismo mes de 2019.

Mientras, Sara y Ernesto siguen dispuestos a llegar a donde sea necesario para poder seguir estudiando y trabajando en hospitales españoles."Entendemos que la situación de los migrantes es difícil en todos los países, pero es inaudito que frente a la presencia de un contrato de trabajo y documentos que hemos entregado en múltiples instituciones nos veamos envueltos en que no estemos documentados", concluye Ernesto.