Un brazalete electrónico, la alternativa a la cuarentena en hoteles en Israel

• Se trata de un programa piloto en el que participan 100 personas
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Israel lanza un brazalete electrónico para vigilar que los ciudadanos que llegan del exterior cumplan la cuarentena

El Gobierno de Israel ha lanzado un programa piloto para el uso de un brazalete electrónico  que permitirá a las autoridades vigilar que los ciudadanos que llegan del exterior cumplan la cuarentena impuesta para prevenir la propagación de la COVID-19, una alternativa al periodo de aislamiento obligatorio en hoteles.

Los israelíes o residentes que llegan desde el extranjero y no hayan pasado la enfermedad o no se hayan vacunado, tienen que hacerse dos PCRs y someterse una cuarentena de hasta dos semanas en hoteles pagados por el Gobierno. Ahora, gracias a los brazaletes electrónicos, los ciudadanos podrán alojarse en sus viviendas durante la cuarentena.

Hasta el momento, se trata de un programa piloto en el que participan 100 personas y que comenzó este lunes en el aeropuerto Ben Gurión, donde el tráfico se ha visto reducido drásticamente por las restricciones para reducir el riesgo de que las variantes del coronavirus entren en el país.

El sistema alerta a las autoridades si alguien se salta la cuarentena

Además del brazalete electrónico, los ciudadanos o residentes que lleguen a Israel y que elijan este nuevo sistema también recibirán un teléfono inteligente y un rastreador de pared para que puedan aislarse en sus viviendas.

Si alguno de los usuarios se quita el brazalete o se detecta que se ha alejado demasiado de la ubicación de su casa, el sistema alerta a las autoridades.

"Existe la posibilidad de que el programa piloto se expanda rápidamente a uno que consta de miles de unidades para un uso a mayor escala y ayudar al cumplimiento de la cuarentena en Israel", explica la compañía SuperCom, detrás de esta tecnología, según ha recogido Reuters.

El Gobierno israelí aprobó hace un año emplear la tecnología de sus servicios de Inteligencia para rastrear a los contagiados de coronavirus, algo que las organizaciones de Derechos Humanos consideraron un abuso y recurrieron ante el Tribunal Supremo, que ahora obliga al Ejecutivo a utilizarla solo en casos individuales.